La Generalitat ha concedido el tercer grado -semilibertad- a los nueve presos del ‘procés’, por lo que solo tendrán que ir a la cárcel a dormir entre semana.
La medida es de aplicación inmediata.
Precisamente, hoy hace 9 meses que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación.
El equipo del Servicio de Clasificación de la Consejería de Justicia, en manos de Ester Capella (ERC), ha ratificado la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Gerona), y en la de Mujeres de Barcelona (WadRas) del pasado 2 de julio.
La Fiscalía puede recurrir la decisión ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y posteriormente ante el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo.
Los 9 presos del ‘procés’ están en segundo grado desde enero, aunque flexibilizado con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciado, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.
Manos Limpias denunció en febrero a la consejera catalana de Justicia, Ester Capella, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley.
Esta asociación que preside Miguel Bernad denunció entonces que Capella estaba preparando la salida de los presos del ‘procés’ en el régimen de semilibertad aplicando “torticeramente” el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para “darle un encaje a la carta” a los líderes independentistas.
La Consejería ha señalado hoy en un comunicado que todas las resoluciones son resultado de un análisis individualizado de cada uno de los presos, aunque el Servicio de Clasificación coincide en que todos han participado en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos, han tenido «máxima colaboración» con el resto de presos y los profesionales, y que no ha habido incumplimientos judiciales ni expedientes disciplinarios.
También dice que ha tenido en cuenta que todos los internos disponen de una «red social y familiar favorable para la rehabilitación» y tienen un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia.
Agrega que el Servicio de Clasificación progresa a tercer grado a los presos con el objetivo de «favorecer y consolidar» su itinerario de reinserción sociolaboral en el ámbito privado, dando continuidad a sus programas de tratamiento con un régimen de mayor autonomía.
La Consejería de Justicia disponía de un plazo máximo de dos meses para resolver sobre la propuesta de clasificación.
Ha tardado 12 días en aprobar el tercer grado.
LAS PENAS A LAS QUE FUERON SENTENCIADOS
El líder de ERC y exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y a 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Por los mismos delitos fueron sentenciados los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
El Supremo también condenó por sedición a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses de prisión, y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
A los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó -en libertad- los sentenció como autores de un delito de desobediencia a cada uno con 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y a un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.
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