El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno que adopte medidas para «impedir» el pase a tercer grado penitenciario -semilibertad- de los líderes independentistas condenados por el ‘procés’, para su debate en el Pleno.
Las cárceles catalas revisaron el pasado jueves la clasificación de estos condenados por sedición a penas de cárcel de entre 13 años y 10 años y medio, sentenciados hace apenas 9 meses por el Tribunal Supremo, y ahora se abre un periodo de dos meses en el que el Servicio de Clasificación de la Consejería de Justicia, en manos de Ester Capella (ERC), debe emitir una resolución al respecto.
El GPP también pide recuperar el delito de rebelión impropia, el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de sedición, rebelión y terrorismo, retirar fondos a partidos con líderes condenados por esos delitos, restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal e impedir los homenajes a etarras, entre otras cuestiones.
Por otra parte, reclama «paralizar» el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.
Entre otras cuestiones, también exige renunciar a cualquier negociación para traspasar las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La PNL está firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo; su portavoz adjunto, Carlos Rojas; la portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez, y la diputada Beatriz Álvarez Fanjul.
DESCARGAR PNL CORRECTA APLICACIÓN PENAS DELITOS SEDICIÓN
En el texto de la iniciativa, el Grupo Popular manifiesta que comparte la «gran preocupación» generada en la sociedad española por una serie de decisiones que están suponiendo «beneficios injustificables para los presos condenados por la sedición orquestada desde las instituciones autonómicas catalanas y los que lo fueron por actos terroristas cometidos por ETA».
El PP denuncia que «se están dejando de facto en papel mojado las penas impuestas por el Tribunal Supremo» a los condenados por ‘el procés’, que están accediendo a unos «beneficios penitenciarios de forma generalizada y automática, cuando, en su caso, debería ser de manera individualizada y excepcional».
Además, destaca que los condenados no han mostrado «signo alguno de arrepentimiento por los delitos cometidos».
«Más aún, afirman públicamente su voluntad de reiterarlos», subraya el PP.
Y añade que se constata que esos presos no están reinsertados ni muestran voluntad alguna de hacerlo.
«Se puede afirmar que nos encontramos ante una aplicación de la norma en claro fraude de ley, ahora agravado por la propuesta de otorgar el tercer grado penitenciario de manera simultánea a todos los condenados», denuncia el partido de Pablo Casado.
ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA QUE PONE FIN A LA ‘DISPERSIÓN’
En el caso de los presos de ETA, el Grupo Popular sostiene que se está acometiendo un proceso de acercamiento «paulatino» a cárceles cercanas al País Vasco y, por tanto, «poniendo fin a la política de dispersión».
A ello suma el anuncio de la transferencia de Prisiones al Gobierno vasco y la posibilidad de la aplicación del artículo 110.2 del Reglamento Penitenciario a terroristas que no están arrepentidos y que no colaboran con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver.
Ante esta situación, manifiesta que es «imprescindible» plantear la «urgente necesidad de instar al Gobierno a evitarlo y a no humillar de nuevo a las víctimas del terrorismo».
El PP reclama al Ejecutivo que garantice una «correcta aplicación de las penas impuestas a los condenados por delitos de terrorismo, sedición y contra la Constitución».
Pide garantizar el cumplimiento «real y efectivo de las condenas impuestas a los penados por sedición», impulsando cuantas modificaciones legislativas sean necesarias para garantizar «la correcta aplicación» por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciaras cuya competencia tienen transferida.
En segundo lugar, el PP exige «impedir el pase al tercer grado de los condenados por delitos de sedición».
También pide renunciar a cualquier negociación para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, paralizar la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo y revisar todas las decisiones ya adoptadas en este sentido.
Asimismo, plantea modificar el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para que el acceso a un nuevo grado exija que los penados muestren signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la comisión de otros delitos análogos.
Para certificar el cumplimiento por parte del condenado de los anteriores requisitos, el PP propone que el Equipo Técnico deberá presentar un escrito de propuesta de un modelo excepcional que lo acredite y la Junta de Tratamiento deberá realizar una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarlo al juez de Vigilancia para su aprobación.
También también pide reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal.
El Grupo Popular también reclama que se impida de «forma efectiva» los homenajes públicos a terroristas.
Por último, propone, además, modificar la Ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.
Y hace hincapié en que «el tratamiento penitenciario no puede vaciar el contenido del Código Penal».
