Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, afirma que siempre trabajó "con absoluto respeto a la ley". Foto: EP
El ‘número dos’ de Interior con Rajoy, citado a declarar para el 20 de julio por el espionaje a Bárcenas
Fue imputado el pasado enero en la pieza 'Kitchen' del caso Tándem
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16/7/2020 09:19
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Actualizado: 16/7/2020 09:19
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Villarejo’, ha vuelto a citar a declarar como investigado al ‘número dos’ de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez.
Lo ha citado para el próximo lunes, 20 de julio, a las 9.30.
El exsecretario de Estado de seguridad está investigado en la pieza ‘Kitchen’ de esta macrocausa por su posible relación con un operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la Justicia.
Se trata de la pieza separada número 7 del ‘caso Tándem’, por la que el excomisario José Manuel Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
Se está investigando un supuesto operativo parapolicial que se habría puesto en marcha en 2013 por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, para que sustrajera documentación sensible que el extesorero habría sustraído del partido cuando le despidieron.
El juez citó por primera vez a Francisco Martínez el pasado enero y éste se acogió a su derecho a no declarar alegando que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario y que no había tenido acceso a las actuaciones.
Tras conocer su imputación publicó un comunicado en el que afirmó que durante los años que ejerció el cargo en el Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz trabajó “para prestar el mejor servicio al interés general” y que siempre lo hizo “con absoluto respeto a la Ley”.
“Tengo plena confianza en la acción de la Justicia y defenderé mi gestión siguiendo las directrices de mis abogados”, añadió, y pidió respeto a su privacidad y al principio de presunción de inocencia.
Francisco Martínez es el primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto.
La pieza Kitchen se abrió a principios de noviembre de 2018 tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de ese supuesto operativo que buscaba entrar hasta ‘la cocina’ de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar. De ahí su nombre.
Las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio José Manuel Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.
A lo largo de estos meses de pesquisas son varios los implicados que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo, bien directamente por Villarejo o siendo informado por Eugenio Pino.
GARCIA CASTAÑO SE RATIFICA EN QUE FRANCISCO MARTÍNEZ ESTABA AL CORRIENTE DE LA ‘OPERACIÓN KITCHEN’
Enrique García Castaño, que también fue citado a declarar el pasado enero, se ratificó en que entregó al secretario de Estado el resultado del volcado de dos móviles antiguos de Bárcenas obtenidos mediante el operativo de seguimientos que se había desplegado y que contaba con el apoyo del chófer del tesorero, Sergio Ríos, captado como confidente a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados.
Tal y como declaró en su momento, el exUCAO reiteró que él mismo hizo entrega de ese contenido almacenado en un pendrive, volcándolo en un ordenador portátil comprado ex profeso para que Martínez pudiera consultar este y otros materiales de operaciones ‘sensibles’.
García Castaño mantiene que todo aquello fue legal, un operativo policial legítimo que le fue encargado por el entonces Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino.
La tesis de los investigadores es que se costeó con fondos públicos un operativo cuyo fin sería conseguir documentación comprometedora para el PP que pudiera conservar Bárcenas para ocultársela a la investigación judicial que ya estaba abierta en aquel momento por la presunta financiación irregular del partido al hilo de la trama Gürtel.
La Secretaría de Estado de Seguridad informó en noviembre por oficio a García-Castellón que no había encontrado en sus archivos o en la documentación de fondos reservados ningún pago que hiciera referencia a una operación policial denominada Kitchen, cocinero, cocina o K.
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