José Manuel Calvente, en la foto pequeña, relata en su denuncia contra la formación que lidera Pablo Iglesias, una serie de irregularidades supuestamente delictivas dentro de la gestión de Podemos sobre las que tendrá que ratificarse en sede judicial el próximo 29 de julio.
El exjefe jurídico de Podemos denunció al partido por financiación ilegal, organización criminal y blanqueo de capitales
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27/7/2020 20:26
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Actualizado: 27/7/2020 20:27
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Podemos hizo una purga entre los miembros de su equipo jurídico en 2019 por investigar supuestos delitos que podrían afectar al partido del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.
El exjefe de letrados, José Manuel Calvente, -despedido después de que cesara a la abogada Marta Flor de la “causa Tándem”-, presentó una denuncia ante la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2019 en Barcelona «por una serie de hechos y de documentos” que le “hicieron sospechar que en el partido se podrían estar produciendo graves irregularidades en materia financiera constitutivas de delito».
La denuncia de Calvente recayó en un juzgado de la ciudad condal que después se inhibió a favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid donde, por reparto, cayó en el número 42, del que es titular Juan José Escalonilla.
El magistrado ha abierto diligencias y ha citado a declarar a Calvente el 29 de julio próximo para que se ratifique en su denuncia.
Calvente apunta en la misma que se había creado “una organización presuntamente criminal con la intención de saquear los fondos de Podemos, desviando de forma fraudulenta importantes cantidades de dinero mediante contratos ficticios con sociedades y entidades vinculadas al entorno de la empresa mejicana Neurona Consulting».
Eran «contratos sin justificación, posible cobro de comisiones, licitaciones ficticias, gastos de campaña contratados con empresas extranjeras cometidos por miembros de Podemos, Juan Carlos Monedero, Juan Manuel del Olmo, Rafael Mayoral, Ana Marcello, la gerente del partido, Rocío Esther Val y el tesorero, Daniel de Frutos«, relata Calvente, de su puño y letra, en su denuncia.
En el cuerpo de esa denuncia –documento al que ha accedido Confilegal–, el letrado expone que «ante la gravedad de los hechos observados” puso en conocimiento de dichas irregularidades a la responsable de Cumplimiento Normativo Penal de Podemos, Mónica Carmona, quien tenía la competencia de analizar cualquier acto que pudiera implicar penalmente al partido.
«Carmona y yo iniciamos diversas investigaciones internas para informar a la ejecutiva de los posibles riesgos en la actuación del partido y ponerlo en conocimiento de la autoridad policial o judicial», explica Calvente.
Y especifica que fueron cesados de sus cargos en Podemos en 2019, precisamente por eso, «para obstaculizar cualquier investigación de la presunta trama corrupta».
Calvente cuenta en su denuncia que recibía órdenes de la responsable del Equipo Legal, Gloria Elizo, bajo la consigna de «exigir la actuación de la organización bajo los más altos estándares de ética y legalidad».
Sin embargo, Elizo, actualmente diputada por Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, no denunció estos hechos ante los tribunales.
Será citada como testigo en el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, donde se instruye esta causa.
En la posible tipificación penal de los hechos denunciados por Calvente contra algunos miembros de Podemos, podrían ser constitutivos de delitos, a la luz de los hechos enumerados que describe, «blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático”.
Además habría que sumar a esta lista otros supuestos delitos contra el partido según Calvente: «Administración desleal que en este caso, afectaría a una pluralidad de personas, a todos los afiliados de Podemos, y sería por ello un delito público perseguido de oficio».
UNA CAJA B PARA GASTOS OPACOS
El ex jefe jurídico de la formación morada enumera el «detalle»de la existencia de «una caja de solidaridad de Podemos” o supuesta Caja B del partido, para gastos opacos.
Fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido de Pablo Iglesias.
Sin embargo, lo que sería, inicialmente, una caja solidaria, a posteriori, fue usada, supuestamente por Mayoral, «como una Caja B del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar», subraya Calvente.
Las sospechas le sobrevinieron cuando una asociación denominada #404 Comunicación Popular solicitó al partido 50.000 euros «sin que conste fecha, razón social, o datos de la persona física solicitante».
Calvente descubrió que esta asociación pudo estar controlada por Cristián Luis Navarro, acompañante en desplazamientos de Rafael Mayoral, también vinculado a la eurodiputada podemita, Idoia Villanueva.
Calvente denuncia, asimismo, el «acceso no autorizado al contenido del disco duro de la abogada, Marta Flor Núñez«, que califica como «un hecho muy grave».
Al parecer, se permitió el acceso a dicha oficina a dos empleados de la empresa Virtua Sistemas Inteligentes, S.L., para clonar dicho disco duro.
Esta entidad era de confianza del dirigente de Podemos, Juan Manuel del Olmo, a quien habría ayudado para ese acceso el diputado nacional Alberto Rodríguez.
«Estos hechos, el acceso no autorizado al contenido del disco duro de la abogada personada en el caso Tándem, Marta Flor, serían presuntamente un delito de revelación de secretos tanto de Podemos como de la letrada», aclara Calvente.
Flor fue denunciada por Calvente ante el diputado Rodríguez, por su «relación íntima con el fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa».
Igualmente, el exabogado de Podemos deja constancia, en esta denuncia, de «licitación de obras del inmueble de la sede de Podemos en la calle Francisco Villaespesa número 18 de Madrid».
Pero bajo «sospecha de que estas obras ya estarían adjudicadas y que el proceso de licitación a través de la Web de Podemos no era más que una mascarada para ocultar la adjudicación irregular de las obras y su verdadero importe, que finalmente ha duplicado el precio del presupuesto de ejecución de las obras».
«Contratación fraudulenta de gastos de campaña con empresas vinculadas a la empresa mexicana Neurona Consulting», calificado por Calvente como «el asunto más grave desde el punto de vista jurídico».
«Existen una serie de hechos supuestamente fraudulentos para poner los recursos del partido al servicio de los intereses económicos de personas particulares, de algunos dirigentes y de entidades extranjeras vinculadas a gobiernos latinoamericanos, creando una organización presuntamente criminal con la intención de saquear los fondos de Podemos, desviando de forma fraudulenta importantes cantidades de dinero mediante contratos ficticios con sociedades y entidades vinculadas al entorno de la empresa mejicana Neurona Consulting, dirigida por César Hernández Paredes«, argumenta Calvente en su denuncia.
El ex dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero podría haber actuado, también, como comisionista e intermediario en los contratos de Neurona Consulting, entidad dirigida por su amigo Hernández Paredes, en actividades vinculadas a la campaña electoral de Podemos en las diversas elecciones celebradas en España en 2019.
Por otra parte, Juan Manuel del Olmo, sería la persona que dirigió el presupuesto de la campaña electoral de Podemos en los comicios de 2019, explica Calvente, «ordenando presuntamente suscribir contratos ficticios con importes muy elevados con la empresa española Neurona Comunidad S.L, y con la empresa portuguesa ABD Europa LDA., y su socio único de esta empresa es la empresa brasileña A.I. Big Data Group Participacoes Ltda».
«Todas estas contrataciones no podían celebrarse sin la participación del tesorero Daniel de Frutos y la gerente de Podemos, Rocío Val, que son las personas que autorizan los pagos y suscriben los contratos», subraya Calvente.
Y añade: «otro hecho que confirmó mis sospechas de irregularidades contables es el requerimiento efectuado el 20 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Cuentas a los Administradores Generales de la Coalición Unidas Podemos, en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, donde solicitaban información sobre las contrataciones de la campaña, en particular con Neurona Comunidad, S.L., y ABD Europa LDA.”.
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