La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su indignación tras conocer que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, «al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido», explica en un comunicado firmado por el Secretariado de la UPF.
Para la asociación, presidida por Teresa Peramato, la negativa de la Junta a realizar estas pruebas «supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo».
Precisamente este martes, según informó Europa Press, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, instó a la Junta de Andalucía a realizar pruebas PCR a todos los migrantes que llegan a sus costas, tal y como establece el protocolo firmado entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.
Jalloul confirmó la existencia de 400 migrantes que entraron en la península por Andalucía y «que han quedado fuera del sistema de acogida porque no se les ha realizado la prueba PCR«, lo que representa «un riesgo para la salud pública al estar en situación de calle».
Solo PCR a personas sintomáticas
La responsable de Migraciones explicó, en una entrevista en la Cadena Ser, que la Junta de Andalucía hace solo PCR a personas sintomáticas y al resto se les hace test rápido que si es positivo se completa con una PCR y si se confirma pasan a cuarentena.
Para Jalloul se trata de «una excepción que puede ser subsanada» y aplicar el protocolo al igual que están haciendo el resto de comunidades autónomas en las que se registra la entrada de pateras.
Asimismo, recordó que el cumplimiento de cuarentenas es responsabilidad de las comunidades autónomas.
«El gobierno no pone ningún dispositivo habitacional, porque no es nuestra competencia, las competencias están delegadas en la comunidades, pero ofrecemos de buena voluntad colaborar con ellas y ayudarlas en todo».
La secretaria de Estado de Migraciones ha tendido la mano a la Junta de Andalucía para incluir a estos migrantes en el sistema de acogida pero ha insistido en que, para ello, es necesario «una PCR porque es la más fiable y no se puede asumir el riesgo de mover a estas personas sin una prueba de estas características«.
UPF considera que «tristemente, esta acción, sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país».
Por ello, recuerda que, «como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social».
El Defensor del Pueblo pide que se aclare el protocolo sanitario
Durante las últimas semanas, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recibido quejas procedentes de Andalucía que aseguran que hay personas migrantes en situación de calle en Almería al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida.
Según las quejas recibidas, tal y como explica el Defensor del Pueblo en un comunicado, «estas personas no habrían sido derivadas a ningún servicio de asistencia, ni habrían recibido información sobre los recursos de acogida existentes o sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus».
La Institución envió un escrito al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado 27 de julio para conocer si las personas migrantes que estaban llegando a sus costas habían necesitado asistencia sanitaria específica, por sintomatología compatible con el Covid-19. Esta petición de información fue reiterada el 7 de agosto.
Para el Defensor es «urgente» que la autoridades sanitarias andaluzas, en coordinación con la Administración General del Estado, «clarifiquen el protocolo sanitario que se sigue a la llegada a costas de las pateras tomando en consideración que han de primar en estos momentos las medidas necesarias para garantizar la salud pública y frenar la posible expansión del COVID-19″.
En este contexto, el Defensor del Pueblo se ha dirigido también a las consejerías de Sanidad de la Comunidad Valenciana, a la Región de Murcia, a las Islas Baleares y Canarias para conocer qué medidas están adoptando para abordar posibles casos importados de Covid-19, en el contexto de la inmigración irregular. También ha dado traslado de estas actuaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
