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La empleada de hogar despedida de Victoria Rosell y Carlos Sosa se querella por coacciones

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja de hecho, el periodista Carlos Sosa, para quien trabajaba la empleada del hogar despedida, quien ha interpuesto una querella por coacciones. Foto: El día. La Opinión de Tenerife".
| | Actualizado: 28/08/2020 10:49

Simona Chambi Ramírez, empleada del hogar, de origen boliviano, ha interpuesto una querella contra Carlos Sosa, pareja de hecho de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, por un delito de coacciones leves, «y contra cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que resulten ser autores o partícipes delictivamente».  

La empleada, que llevaba ocho años trabajando en la casa unifamiliar Rosell-Sosa en dos periodos de tiempo, fue despedida por medio de un mensaje de WhatsApp por el periodista.

Fue el 26 de mayo pasado, cuando la mujer estaba de baja, recuperándose de una operación de cataratas de la que había sido intervenida en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas.

Un mes más tarde, Sosa le envió un segundo WhatsApp, precisándole que su contrato laboral quedaría extinguido el 16 de julio. Lo que hizo formalmente mediante un burofax, en el que dio por finalizada la relación contractual sin alegar causa alguna. 

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La indemnización que le ofreció Sosa fue de 833,34 euros. «No figurando ningún concepto de finiquito», dice la demanda que después presentó Vicente Marín, en nombre de la empleada del hogar, reclamándole 10.000 euros. 

Según relata en la querella –a la que ha tenido acceso Confilegal y que tiene fecha de 27 de julio– Federico Vicente Marín, abogado de la empleada despedida, Sosa coaccionó a su cliente para que desistiera de su demanda contra su despido.

Lo hizo mediante un mensaje de texto a su teléfono móvil.

Las coacciones a su persona se produjeron telefónicamente.

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El día del acto de conciliación, el 23 de julio pasado, Sosa arguyó que todo obedecía a una conjura urdida por el partido político VOX, «abierto rival» de Podemos, en el que su «esposa» –no está casado, es meramente pareja de hecho–, «alto cargo del Gobierno central de España», concurrió a las elecciones. 

Sosa no aportó ningún indicio que demostrara sus palabras. 

El abogado de la empleada del hogar respondió, ratificándose en cantidad demandada y subrayando que ni su representada ni él tenían nada que ver con VOX ni, por supuesto, habían puesto a disposición de ningún partido político la demanda, se puede leer en la fallida papeleta de conciliación.

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SOSA: «ADVIERTO», «TENGO AL ALCANCE MECANISMOS»

Las supuestas coacciones se produjeron el 17 de julio, a seis días de la celebración del acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo, preceptivo, como trámite previo, para poder interponer la demanda laboral.

Sucedieron, primero en forma de mensaje de texto de Sosa a su exempleada de hogar a las 16.41 horas: «Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de VOX que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo».

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Después, a las 18.04 horas de ese mismo día, mediante llamada telefónica al abogado: «He recibido esta mañana la citación y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política VOX y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona. Sólo le ADVIERTO juego limpio, que yo conozco mis derechos y también tengo al alcance mecanismos«.

Para el abogado de la empleada de hogar su conducta tuvo un ánimo de intimidar personalmente. 

La representante legal de Sosa, por su parte, volvió a repetir el relato de la conjura de VOX en el acto de conciliación, asegurando que lo que allí  se pretendía era «extorsionar[lo] con la amenaza de que si no pagaba los más de 10.000 euros que se le reclaman en la demanda, se publicará una noticia en su contra en la prensa nacional».

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Lo que parece un claro intento de contaminación política de un conflicto laboral privado con su exempleada con el objetivo de alejar el foco público sobre sus decisiones personales. O una cortina de humo sobre la realidad de un conflicto provocado por un despido que Vicente Marín considera «nulo o, alternativamente, improcedente». 

Porque el empleador no ha cumplido los preceptos legales del Real Decreto 1620/2011. 

TRABAJADORA ILEGAL Y EN NEGRO

La empleada de hogar comenzó a trabajar «en negro» –ilegalmente– para la magistrada en septiembre de 2011 y por espacio de cinco meses, estando ilegal en España. Contraviniendo el artículo 311 bis del Código Penal, que castiga con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses, a quien «de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo».

Hasta que Simona Chambi se plantó y le dijo que se marcharía si no le hacía un contrato, esencial para regular su situación en España, relata el abogado en la demanda laboral.

La retribución pactada fue de 500 euros brutos al mes que, descontando los gastos de Seguridad Social se quedaron en 430 euros por un contrato indefinido.

Jamás la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género le entregó nómina alguna. 

En 2014, la trabajadora solicitó la nacionalidad española, según el expediente 1378/12014, que se tramitó en el Registro Único de Las Palmas.

Ese mismo año, Simona Chambi tuvo que regresar a Bolivia por problemas familiares por lo que solicitó la baja voluntaria del contrato: «Firmó una documentación y causo baja en la Seguridad Social el 30 de noviembre».

ROSELL NO LE PAGÓ EL FINIQUITO

Aunque Chambi no tenía derecho a una indemnización, sí tenía derecho al finiquito que nunca le dio Rosell, cuenta el abogado. 

La magistrada y el periodista siguieron manteniendo el contacto con su exempleada, hasta convencerla de que volviera a España para seguir trabajando con ellos. Porque otras empleadas que estaban probando en su ausencia no duraban ni dos meses, trabajando en una casa tan grande.

Simona Chambi regresó a España en agosto de 2015, nueve meses más tarde.

Según su abogado, la empleada fue contratada por la magistrada, otra vez, «en negro» –ilegalmente–, durante cuatro meses.

Hasta que volvió a plantarse. El 12 de noviembre de 2015 le hicieron un nuevo contrato, que «firmó sin leer» y del que nunca le entregaron copia alguna.

En 2017 le modificaron el contrato. Sosa sustituyó a Rosell en el papel de empleador.

«Solo a partir de insistir desde el año de 2017 le entrego nóminas, aunque seguía recibiendo instrucciones de su primera empleadora en los labores de limpieza de la misma casa que empezó a realizar su actividad profesional desde 2012«, dice la demanda.

«A partir de 2020, tampoco ha recibido ninguna nómina de Don Carlos Ramón Sosa Báez, ni le ha entregado nunca el contrato firmado en 2015 a fecha presente a la empleada», añade.

ROSELL HIZO CASO OMISO A LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

El abogado hace un especial hincapié en la decisión que tomó el gobierno de coalición PSOE-Podemos, a principios de este año, y de cuya Administración Rosell forma parte. Porque eso movió a la empleada de hogar a reclamar una actualización de su sueldo.

«Cuando se actualizo el Sueldo Mínimo Interprofesional –relata el abogado– la EMPLEADA a Doña María Victoria le comento que le actualizara el sueldo, porque habían subido a las empleadas del hogar en general».

No se lo dio. Le contestó «que ahora ejercía de Diputada en Madrid y entre semana debe de ser ‘cuatro’ miembros de familia, habían pasado a ser “tres” y por tanto menos carga de trabajo, a lo que la solicitante en tono irónico le respondió ‘Doña Victoria, no creo que por esa razón la casa sea ahora ‘más chica». No obstante, cuando regresaba los jueves de Madrid la dueña, la solicitante al día siguiente seguía lavando su ropa y así evitar conflictos».

Simona Chambi también se ocupó, cuando estaba disfrutando sus vacaciones, de dar de comer a un conejo grande y de regar las plantas existentes en el inmueble sin recibir ninguna compensación económica al respecto.

UNA DENUNCIA IMPLICANDO A VOX CONTRA LA QUERELLA DE SIMONA

La querella contra Sosa fue interpuesta el pasado 27 de julio y cayó –curiosamente– en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, del que es titular Victoria Rosell, y que ocupa, mientras ésta se encuentre en la política, el magistrado Arcadio Díaz Tejera, quien la ha «aparcado» en «diligencias indeterminadas» –0002817/2020–, una vía muerta en la que puede permanecer uno o dos años.

Por contra, la magistrada en servicios especiales y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tras el acto de conciliación,  presentó una denuncia contra su exempleada, el 24 de julio, cuando estaba de guardia el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas, del que es titular su exmarido, Tomás Luis Martín. 

«Me avisaron de que VOX contactó con ella para que dijera esto por dinero y ya denunciamos la extorsión», ha confirmado hoy Rosell desde su cuenta de Twitter.

«Tenemos todos los ingresos en cuenta y la Seguridad Social. Ella tiene DNI español por este trabajo legal», contesta a Fernando Lázaro, de El Mundo, quien también ha cubierto esta información, insultándole, llamándolo «cloaquero».

Una denuncia que ha caído por reparto –¿casualidad?– en el mismo Juzgado de Instrucción 8. En esta ocasión, el magistrado Díaz Tejera sí ha abierto diligencias previas –las 0002802/2020– sobre el caso. Son de las que van para adelante.

¿Preconstituyendo la conspiración de VOX sobre cuya existencia Sosa quiere convencer a la opinión pública?

Tiene toda la pinta.