Sobre estas líneas, el texto de la demanda en la que tanto María Victoria Rosell Aguilar como Carlos Ramón Sosa Báez aparecen como empleadores codemandados por su exempleada, Simona Chambi.
Victoria Rosell es codemandada, junto a Carlos Sosa, por despido nulo o improcedente
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28/8/2020 12:40
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Actualizado: 28/8/2020 13:06
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Hoy publica El Mundo una «rectificación» enviada por Carlos Ramón Sosa Báez que afirma: «La persona demandada por la empleada del hogar no es Victoria Rosell sino Carlos Sosa».
Una «rectificación» que es falsa. La magistrada en servicios especiales es codemandada, junto a Sosa Báez, por despido nulo o improcedente, en la demanda interpuesta por Simona Chambi Ramírez contra sus dos «empleadores del hogar», de acuerdo con el texto legal, al que ha tenido acceso Confilegal.
La petición que Simona Chambi dirige al Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas, en el que ha caído su demanda.
ROSELL TIENE QUE COMPARECER ANTE EL SEMAC
Como demandada la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tendrá que comparecer próximamente, como ya hizo su pareja el 23 de agosto pasado, ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) de la Dirección General de Trabajo.
La causa finalmente ha recaído en el Juzgado de lo Social 7, del que es titular el magistrado Ramón Toubes; el caso, sin embargo, lo llevará otro magistrado, asignado como refuerzo.
En la demanda, a la que ha tenido acceso Confilegal, Simona Chambi afirma que estuvo cobrando «dinero negro o B» durante dos periodos separados, uno de 5 meses, en 2011, y otro de 4 meses, en 2015.
Lo que contradice la «rectificación» de Sosa Báez, de que su exempleada «no ha denunciado pagos en B, nunca ha cobrado en dinero B».
La empleadora, la que le hizo los contratos, según Simona Chambi, fue Victoria Rosell. Uno en 2011 y otro en 2015.
Hasta que cambiaron al titular. Rosell por Sosa Báez en 2017.
«Desconociendo cual fuera la razón, posteriormente al pasar unos dos año, la pareja de Doña Victoria, el último contratante le dejo un documento de modificación del contrato en fecha de 20-01-2017 y es en ese momento, cuando Doña Simona descubrió, que ahora el empleador que figuraba en el contrato de trabajo era la pareja sentimental de Doña María Victoria, y apareciendo Don Carlos Ramón Sosa Báez, que solo a partir de insistir desde el año de 2017 le entrego nóminas, aunque seguía recibiendo instrucciones de su primera empleadora en los labores de limpieza de la misma casa que empezó a realizar su actividad profesional desde 2012″, dice la demanda.
JAMÁS LE ENTREGÓ CONTRATO ALGUNO Y NO LE ACTUALIZÓ SUS EMOLUMENTOS AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
De acuerdo con la misma, Sosa Báez comenzó a entregarle nóminas desde 2017 hasta 2020, que dejó de hacerlo.
Tampoco le entregó ninguna copia del contrato firmado en 2015 por Rosell, la persona que siempre le dio las órdenes de trabajo.
La empleada del hogar, a principios de este año, cuando el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aprobó subir el Salario Mínimo Interprofesional, sabiendo que Rosell había sido elegida diputada por Podemos, le pidió que le actualizara sus emolumentos. En lógica consonancia ideológica con la formación morada.
Rosell le contestó que no, porque tenía menos trabajo ya que no eran cuatro en la casa sino tres. La carga de trabajo era, por lo tanto, menor.
A lo que la empleada del hogar, en tono irónico, le contestó «Doña Victoria, no creo que por esa razón la casa sea ahora ‘más chica'».
Cuando regresaba los jueves de Madrid Rosell, le entregaba toda la ropa sucia para que se la lavara.
La empleada del hogar fue despedida estando de baja médica, recuperándose de una operación de cataratas.
Sosa Báez la despidió a partir del 16 de julio «con un ofrecimiento de indemnización por valor de 833,34 euros (no figurando ningún concepto de finiquito)».
AL DÍA SIGUIENTE DE LAS SUPUESTAS COACCIONES DE SOSA BÁEZ A CHAMBI, ROSELL PUSO UNA DENUNCIA POR PRESUNTO CHANTAJE
El abogado de Simona Chambi, Federico Vicente, interpuso una primera querella por coacciones leves contra Sosa Báez seis días antes de la celebración del acto de conciliación ante el mencionado SEMAC, trámite preceptivo para interponer una demanda laboral, que tuvo lugar el 23 de julio.
Ese día, el 17 de julio, Sosa Báez envió un WhatsApp a Simona Chambi y mantuvo una conversación con el abogado de la mujer cuyo tono entendieron coaccionador, de ahí la querella, que ayer ampliaron a obstrucción a la justicia.
Rosell y Sosa Báez entendieron, por otra parte, que la petición de indemnización de 10.000 euros de la exempleada del hogar no solo era excesiva sino que lo consideraron un «chantaje».
Y «dedujeron» que VOX estaba detrás.
El 18 de julio, al día siguiente de la conversación de Sosa Báez con el abogado y la exempleada, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género interpuso una denuncia contra su exempleada.
Cayó en su antiguo Juzgado, el 8 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular actual es Arcadio Díaz Tejera, exsenador por el PSOE y exdiputado del Común de Canarias –equivalente a defensor del pueblo de las islas–, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, igual que Rosell.
El mismo Juzgado en el que ha caído la querella por coacciones ampliada a obstrucción a la justicia, presentada por el abogado de la exempleada.
Díaz Tejera firmó su propuesta de inhibición sobre el caso el 14 de agosto pero no la elevó a la Audiencia Provincial, hasta diez días más tarde, el 24 de agosto, el mismo día en que el abogado y la demandante aparecieron en varios programas de televisión contando los hechos.
Ahora la Audiencia tiene que decidir si hay suficiente base para que Díaz Tejera se aparte, por estar en tela de juicio su apariencia de imparcialidad –tan importante como la imparcialidad misma, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, o permitir que siga adelante con esa instrucción.
LA UDEF ESPERÓ A LA EXEMPLEADA Y AL ABOGADO A LA PUERTA DEL SEMAC
El 23 de julio, el día de la comparecencia ante el SEMAC, para sorpresa del abogado Vicente y de Simona Chambi, a la salida les estaba esperando un agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional con una «invitación» para que la mujer acudiera, al día siguiente, a sus oficinas de Las Palmas de Gran Canaria para ser entrevistada.
Se supone que investigaban la denuncia por chantaje de Rosell.
«Los propios agentes de la UDEF se mostraron muy incómodos durante todo el interrogatorio a Simona porque consideraron que no tenía ninguna base. Sobre la mesa de la jurisdicción social había una petición de indemnización, que forma parte de cualquier proceso laboral», explica Vicente, quien acompañó a su cliente durante todo ese procedimiento.
«No vieron, por ninguna parte», según el abogado, «que aquello constituyera delito alguno ni que formara parte de una conspiración urdida por VOX, como afirma Rosell. Ni mi cliente ni yo tenemos nada que ver con ese partido».
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