La contestación, escueta, de la Mesa del Congreso de los Diputados, es que la batería de ocho preguntas sobre el silencio de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tratan sobre «materia ajena a la competencia del Gobierno», según ha podido saber Confilegal.
Por ello, pide a los diputados del PP que las presentaron –Luis Santamaría Ruiz, Miguel Ángel Jerez Juan, Isabel María Borrego Cortés, Jaime Eduardo de Olano Vela, Carlos Rojas García, Javier Merino Martínez, Vicente Betorett Coll, Ana Vázquez Blanco y MaríaTeresa Angulo Romero– que las vuelvan a «reformular».
Las preguntas tenían como epicentro el caso del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, a quien ayer la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió causa por los supuestos delitos de malos tratos a su esposa, contemplados en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal.
Valdés Dal-Ré, magistrado del Constitucional desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil en la tarde noche del pasado 10 de agosto en su domicilio, en el municipio madrileño de Majadahonda –localidad al oeste de Madrid–y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición judicial.
En su auto el tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo afirma que en la exposición razonada elevada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7, de esa localidad, Elena Garde, afirma que hay indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que es asumido por la Fiscalía.
LA BATERÍA DE PREGUNTAS
Los diputados populares querían que se explicara el patente silencio mantenido, en este caso, por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
El organismo que dirige la magistrada en servicios especiales pertenece al Ministerio de Igualdad, de ahí que los representantes del PP consideraran que era ajustado que su máxima responsable respondiera a un asunto del máximo interés público como es el caso del magistrado. Un caso que le afecta a ella muy directamente.
“¿Es un silencio que contrasta con sus múltiples declaraciones en casos similares en los que siempre se pronuncia públicamente del lado de las víctimas. Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré implicado en un supuesto delito de violencia de género, puede deberse a que éste es el ponente en el Tribunal Constitucional del recurso presentado por la señora Delegada del Gobierno y que está pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal?“, decía una de las preguntas.
Una sentencia que anuló el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el que se le había dado la razón a la magistrada por completo.
El recurso de amparo –el número 593.417– todavía está pendiente de resolverse en el Constitucional.
Esto explica el silencio mantenido por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género sobre el caso, con la esperanza de que el caso de Valdés Dal-Ré quedara en nada y pudiera obtener una sentencia favorable.
Los diputados también preguntaban al Gobierno sobre el papel de la fiscalía de violencia de género en este caso: “¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía especializada en materia de violencia de género en el Tribunal Supremo en el caso del magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré?”.
E interrogaban sobre la existencia de alguna posible orden o instrucción que dicha fiscalía pudiera haber recibido para favorecer a Valdés Dal-Ré: “¿Ha recibido la fiscalía especializada en materia de violencia de género en el Tribunal Supremo alguna orden o instrucción en el caso del magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré, y en caso afirmativo de quién y en qué sentido?”.
A los representantes del PP, autores de las preguntas, les preocupaba las señales erróneas que se podían estar mandando a la ciudadanía ante la ausencia de cualquier tipo de acción en el caso, lo que podría estar generando cierta sensación de impunidad.
“¿Considera el Gobierno de España que la no adopción de medidas cautelares en el presunto delito de violencia de género cometido por el magistrado del Tribunal Constitucional, Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré, pueda generar cierta sensación de impunidad y todo ello afectar a la labor de quienes día a día luchan contra este tipo de violencia execrable?”, decía otra de las preguntas.
Y si también la ausencia de medidas cautelares y el retraso del juicio consiguiente, que en condiciones normales, con cualquier otro ciudadano ya se habría producido, ponía en riesgo a la supuesta víctima: “¿Considera el Gobierno de España que la no adopción de medidas cautelares y la demora en la celebración del juicio en el caso del presunto delito de violencia de género presuntamente cometido por el magistrado del Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré puede poner en una situación de riesgo a la presunta víctima?”.
Los diputados populares, aunque no planteaban de forma directa la dimisión de Valdés Del-Ré por estos hechos, sí lo hacen de forma oblicua con esta pregunta: “¿Considera el Gobierno de España que la situación en la que se encuentra el magistrado del Tribunal Constitucional Excmo. Señor Fernando Valdés Dal-Ré implicado en un supuesto delito de violencia de género está afectando a la credibilidad y al prestigio del Alto Tribunal?”.
