El Rey Felipe VI durante su discurso el 3 de octubre de 2017, del que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, opina que "se parecía más al discurso de VOX que al de un jefe del Estado que debe mantener su neutralidad e imparcialidad". Foto: EP.
Unidas Podemos quiere prohibir por ley que el Rey haga discursos sin autorización del Gobierno
Plantea ir al Constitucional si el CGPJ hace nuevos nombramientos y pide que Campo no los refrende
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28/9/2020 12:21
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Actualizado: 28/5/2021 14:27
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Unidas Podemos va a plantear una reforma legal en el Congreso para que se impida por ley que el Rey Felipe VI pueda dar discursos sin el aval del Gobierno.
Lo ha anunciado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, en una entrevista en Europa Press.
«No puede ser que el Rey haga discursos que no están avalados por el Gobierno», insiste Asens, también líder de En Comú Podem.
Dice que eso fue lo que sucedió con el que el monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña.
Según Asens, «se parecía más al discurso de VOX que al de un jefe del Estado que debe mantener su neutralidad e imparcialidad».
«Si lo hizo es porque no existe una Ley que establezca los límites y el campo de juego de la Monarquía. Hay que regular eso. No puede ser que no haya una ley, como está prevista en la Constitución, que desarrolle qué es lo que puede hacer o no el Rey», insiste el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos.
Jaume Asens informa de que esta es una de las medidas sobre la Monarquía que registrarán «pronto» los socios del PSOE en el Gobierno.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem, Jaume Asens. Foto: Eduardo Parra/EP
Según explica, están preparando iniciativas para «poner luces y taquígrafos» y «acabar con las cloacas de la Monarquía», sometiéndola al principio de transparencia y obligando, por ejemplo, a los miembros de la Familia Real a publicar sus declaraciones de bienes y patrimonio en el Portal de Transparencia.
También prevén pedir al Ejecutivo de coalición que se quite el título de emérito al Rey Juan Carlos I, que le fue concedido por Real Decreto tras su abdicación.
Otra de las propuestas tiene como objetivo acotar la inviolabilidad del Rey.
«No puede ser que en una democracia, el Rey no esté sometido al imperio de la Ley, el Rey no puede estar por encima de la ley y, como cualquier ciudadano, tiene que ser responsable de sus actos», manifiesta Asens.
Considera que la inviolabilidad prevista en la Constitución debe afectar únicamente a sus funciones «como cargo público». «En ningún país democrático es concebible que haya un jefe de Estado que tenga carta blanca para delinquir impunemente y no responder ante los tribunales, ya sea por las comisiones irregulares que haya percibido o por otros delitos más graves», asevera.
«¿A alguien le cabe en la cabeza que un jefe de Estado pueda asesinar, cometer otros delitos y ampararse en que su cargo es inviolable para no ser investigado y juzgado? Esto es propio de la Edad Media», abunda.
Además de las iniciativas que aún está últimando Unidas Podemos, también han decidido someter a debate en el Congreso su Proposición de Ley para despenalizar el delito de injurias a la Corona.
Asimismo, el dirigente de En Comú defiende que se retiren los cuadros de Juan Carlos I que queden en las instituciones públicas como el Congreso. «No nos parece lo más importante, pero sería un ejercicio de higiene democrática después de todo lo que ha pasado con el Rey emérito retirar esos honores», explica.
HABLA DE ‘GOLPISMO CONSTITUCIONAL DEL PP’
Por otra parte, Asens ha informado que Unidas Podemos estudia llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) los nombramientos que efectúe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en puestos claves de la cúpula judicial- previstas para el próximo miércoles, 30 de septiembre-, y plantea que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no refrende esas designaciones.
Además, emplaza a los vocales «decentes» del GGPJ, muy especialmente a la «minoría progresista», a que no participen de esas designaciones y alcen la voz ante el «golpismo constitucional» del PP, que, según dice, sirve de una suerte de «cloaca judicial» para tratar de derrocar al Gobierno.
Asens manifiesta que una institución que tiene un mandato «caducado» debe limitarse a tareas ordinarias de trámite y no puede nombrar futuros magistrados, en cumplimiento de ese «principio de renovación» que defiende la Constitución.
Critica que el PP no quiere renovar el CGPJ, provocando así un «cortocircuito» en este órgano, que deriva en «bomba de relojería constitucional» y una «metástasis» para el sistema que «corrompe» las normas de funcionamiento, en sus palabras.
Asens ha ha incidido hoy en declaraciones a TVE en que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, está ocupando de forma «ilegítima» el cargo e «impide» la renovación del órgano de gobierno de los jueces, con «el consentimiento y apoyo» de los ‘populares’.
SEGÚN ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN Y LA LOPJ, LOS NOMBRAMIENTOS DEBEN SEGUIR DESARROLLÁNDOSE
Según señaló el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes en el acto de apertura del año judicial, en el que criticó el bloqueo de la renovación del CGPJ y exhortó a afrontarla «sin dilaciones», “el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) regula la continuación en el funcionamiento ordinario del Consejo, aún estando en funciones, hasta que no se produzca su renovacción.
En el artículo 570 punto 2 señala que “si ninguna de las dos Camaras hubiesen efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo no pudiendo procederse hasta entonces a la elección del nuevo presidente”.
Las 4 asociaciones de jueces -APM, AJFV, JJpD y FJI- entienden que el CGPJ, pese a estar en funciones, no puede declinar de su funcionamiento normal, entre el que se encuentran los nombramientos judiciales, ascensos, inspección y régimen disciplinario, según han señalado a Confilegal.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, publicó un comunicado reclamando a los miembros del Consejo que no realizaran nombramientos y limiten su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos ante la paralización de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
ENRIQUE LÓPEZ VE ‘DIFÍCIL’ RENOVAR EL CGPJ CON IGLESIAS CUESTIONANDO E INSULTANDO A LOS JUECES
En cuanto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, afirmó el pasado 31 de agosto que las circunstancias actuales para alcanzar un acuerdo con el PSOE que permita renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) “son muy difíciles”, y achacó la falta de acuerdo a los “ataques” de Podemos al Poder Judicial y al orden constitucional.
“Somos conscientes de que tenemos que cumplir con las previsiones legales, hay que renovar los órganos constitucionales en plazo, pero tienen que darse las circunstancias adecuadas para conseguir el acuerdo político que la Constitución establece”, señaló el también consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, magistrado en servicios especiales.
López explicó que “es muy difícil alcanzar acuerdos” con un Gobierno integrado por un partido “antisistema que ataca permanentemente el orden constitucional, que ataca al Poder Judicial nada más y nada menos que en la boca del vicepresidente del Gobierno y líder de ese partido”, y que está “pidiendo la abdicación del jefe del Estado, comprometiendo el orden constitucional”.
Enrique López lleva meses diciendo que ve “difícil” renovar el CGPJ con Pablo Iglesias “cuestionando e insultando a los jueces” y con un ministro del Interior que cesa a un mando policial por no informar de una investigación.
“Debemos defender la independencia, la calidad y la personalidad de la Justicia, pero nadie puede cuidar ni mejorar aquello que no es capaz de respetar”, insiste López.
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