El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en la pieza política de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), Francisco Javier Guerrero, falleció ayer.
Así lo ha confirmado su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco, quien relató que Francisco Javier Guerrero «empezó a sentirse mal de madrugada» y que «a falta de que la autopsia confirme la causa de su fallecimiento, parece que ha sido un infarto».
El letrado aseguró que Guerrero «estaba bien» y que en los últimos meses presentaba una actitud «animada» porque «parecía que le iban a empezar a salir mejor las cosas».
Guerrero fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Durante la instrucción, en 2012, copó las primeras páginas de los periódicos cuando su exchofer, Juan Francisco Trujillo, declaró ante la entonces instructora de la causa, la magistrada Mercedes Alaya, que que tanto él como Guerrero consumían cocaína «a cualquier hora» y que llegaron a gastar 25.000 euros al mes en esa droga. Todo pagado con dinero público.
En junio de este año, Guerrero formalizó su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo alegando cuatro motivos, comenzando por una «infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían necesariamente ser observadas para dictar sentencia», pues la sentencia impugnada no tenía en cuenta «legislación aplicable» en el caso, como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas; o el decreto estatal de 2013 sobre normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, entre otras regulaciones invocadas.
