José Manuel Calvente ha dicho tres veces que existía una «relación íntima» entre el fiscal anticorrupción y la abogada de Podemos
José Manuel Calvente, el excoordinador legal de Podemos, entre Marta Flor, abogada del partido morado y su representante en el llamado "caso Dina" y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, responsable en el mismo caso, quienes, según ha repetido Calvente, mantuvieron una "relación íntima".

José Manuel Calvente ha dicho tres veces que existía una «relación íntima» entre el fiscal anticorrupción y la abogada de Podemos

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26/10/2020 04:22
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Actualizado: 26/10/2020 04:38
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El excoordinador legal de Unidas Podemos, el abogado José Manuel Calvente, ha dicho tres veces de forma clara –dos de ellas por escrito– que existía una «relación íntima» entre el fiscal anticorrupción de la causa Tándem, Ignacio Stampa, y la abogada de Unidas Podemos, Marta Flor Núñez.

La primera en el burofax de 17 páginas que le envió el 29 de octubre de 2019 a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, su superior en aquellos tiempos en que Calvente era todavía el delegado de Protección de Datos y abogado defensor de la formación política morada.

En la página 12 del documento, Calvente le da 11 razones a Rodríguez por las que tuvo que apartar a Flor Núñez del equipo legal.

La quinta es muy explícita: «por anteponer sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular en dicho asunto, poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido, y desatendiendo las indicaciones de su responsable y del resto de compañeros que le indicaban que era incompatible mantener esa relación siendo abogada designada en el asunto puesto que comprometía el proceso».

Calvente repite esta aseveración en la denuncia de 46 folios que interpuso ante la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2019 y que actualmente está investigando el magistrado del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.

En su página 10, bajo el epígrafe G) Marta Flor Núñez García, Calvente vuelve a repetir que «Doña Marta Flor fue separada del Equipo Legal de Podemos por diversas conductas inadecuadas e incompatibles con su puesto de abogada en los procesos judiciales del partido». 

Y añade: «En particular, una de sus conductas más graves fue poner en riesgo la intervención procesal y la estrategia legal de Podemos como acusación popular en un importante asunto de anticorrupción policial tramitado en la Audiencia Nacional, porque doña Marta Flor había reconocido ante el Equipo y ante varios trabajadores del partido y terceras personas, que mantenía una relación íntima con uno de los Fiscales Anticorrupción del citado asunto, anteponiendo su interés personal al de su trabajo como abogada del partido».

«Doña Marta Flor desatendió los sabios consejos de la responsable del Equipo Legal y del resto de compañeros, que le indicaban que era incompatible mantener una relación sentimental con el Fiscal anticorrupción en un asunto en el que ella intervenía como abogada, porque su relación íntima podría generar un conflicto de intereses, comprometería nuestra integridad procesal y pondría en duda nuestra imparcialidad en el proceso y el desempeño objetivo de nuestro trabajo«, prosigue.

La tercera vez fue durante el interrogatorio al que fue sometido por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el pasado 10 de septiembre, en la que dijo que también habló de la «relación íntima» de la abogada Marta Flor y del fiscal Ignacio Stampa, al que en un «chat» interno de Podemos apodaban «Iron Man», hombre de hierro.

Pantallazo de la conversación que mantuvieron el 28 de mayo de 2018, José Luis Calvente, jefe de Marta Flor, en la asesoría jurídica de Podemos, en el que la abogada quiso explicarle su relación con su amigo, el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, “Iron Man”.

Calvente fue despedido disciplinariamente en diciembre de 2019, después de abrirle un expediente por acoso sexual y laboral a Marta Flor, que la abogada tradujo después en una querella ante los tribunales.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, salió a la palestra entonces declarando que se «trataba de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman».

Los tribunales dirimieron el pasado mes de julio, en contra de sus palabras.

La magistrada Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, archivó la querella porque ni Marta Flor ni Podemos pudieron probar que hubiera habido ni delito de acoso sexual, ni acoso laboral, ni nada de nada.

Y el pasado jueves, Unidas Podemos reconoció que el despido había sido improcedente porque las acusaciones de acoso sexual y laboral habían sido falsas.

DENUNCIA DE LA «RELACIÓN ÍNTIMA» DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN Y LA ABOGADA DE PODEMOS

La supuesta relación fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por María Montero, colaboradora de Confilegal y directora del programa «La ventana indiscreta», de Radio Las Palmas.

Montero planteó, en su denuncia, basada en las afirmaciones de Calvente, que Stampa debía haberse abstenido en el caso Dina y haberse apartado de esa investigación porque esa supuesta relación íntima podría haber dado pie a un presunto delito de revelación de secretos. Además, la apariencia de imparcialidad, tan importante como la imparcialidad misma, podía estar comprometida.

El fiscal inspector de la FGE, Fausto Cartagena, despachó la denuncia de la “relación íntima” en un decreto concluyendo que no había podido haberla porque para ello, «de acuerdo con la ley», era preceptivo que Stampa y Flor hubieran estado casados o fueran una unión de hecho con una antigüedad mínima de un año. 

Según esa interpretación, una relación que incluya relaciones sexuales regulares semanales, comidas y cenas alternas, no puede considerarse «relación íntima», desde el punto de vista legal.

Una vez despejada esta primera ecuación, queda una segunda denuncia en la Fiscalía Superior de Madrid, donde el teniente fiscal tiene que dirimir si hubo revelación de secretos en esa, llamemos, «no relación íntima».

EL ‘PELIGRO’ DE LA EXPOSICIÓN RAZONADA PARA MARTA FLOR

El magistrado Manuel García Castellón se refiere de forma directa a Marta Flor en la Exposición Razonada que elevó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para que los magistrados decidan qué hacer sobre el caso del aforado vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera de la Cámara Baja, Gloria Elizo.

Por su supuesta implicación en la pieza Dina. Llamada así porque el epicentro fue el robo de su móvil que la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, sufrió el 1 de noviembre de 2015 en el IKEA de Alcorcón.

Iglesias planteó que el robo fue urdido por las cloacas del Estado, representadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que actuaba a las órdenes del Gobierno del PP con el objetivo de tumbar a su formación, Podemos.

García Castellón «compró» el relato a mediados de marzo de 2019, con el visto bueno de los fiscales anticorrupción del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. 

El magistrado abrió la mencionada pieza un mes y medio antes de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y dos meses antes de las elecciones Europeas, Autonómicas y Locales que tuvieron lugar el 26 de mayo siguiente, ventaja que Unidas Podemos utilizó en las cuatro elecciones, presentándose como víctimas de la llamada «policía política».

Dicha «policía política», encarnada por Villarejo, había robado el teléfono de Bousselham y había pasado el contenido a OkDiario, según la versión articulada.

Toda una falsedad, como bien explica García Castellón: «Con la única finalidad de desprestigiar el medio OkDiario, puesto de común acuerdo con María Gloria Elizo Serrano, y con la participación de los letrados Raúl Carballedo González y Marta Flor Núñez García, a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en OkDiario, el aforado Pablo Iglesias insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Dina Bousselham, tratando de simular, falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital, y la desaparición  del teléfono el 1 de noviembre de  2015″.

El interrogatorio a Calvente, en el que no participaron ninguno de los fiscales anticorrupción –fue Alejandro Luzón, el fiscal jefe el que tomó parte–, abrió finalmente los ojos al magistrado. 

El abogado explicó que todo había sido un montaje de la cúpula de Podemos para tener réditos electorales y que en el mismo tomó parte Marta Flor.

«EJECUTORA MATERIAL»

«Pese al conocimiento de su falsedad, y puestos de común acuerdo, el aforado, Secretario General de Podemos, la responsable de los servicios jurídicos del partido, la señora Elizo, y la letrada del partido, Marta Flor Núñez, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OkDiario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al señor Villarejo, para perjudicar a Pablo Iglesias Turrión», añade más adelante.

Por ello, García Castellón recomienda en su Exposición Razonada que se interrogue, de forma expresa, a Marta Flor Núñez García.

Un interrogatorio que, de forma evidente, tendría que incidir en su papel como «rescatadora» de la denuncia que interpuso Dina Bousselham ante la Comisaría de Policía Nacional de Alcorcón, que está en el origen del caso Dina. 

De la misma forma, tendría que aclarar una cuestión que ya planteamos en su momento desde Confilegal: ¿Ofreció la abogada de Podemos al fiscal Stampa la denuncia del robo del teléfono a Dina Bousselham, asesora de Iglesias?

Como también habría que aclarar por qué desde la Fiscalía Anticorrupción se envía -a través de la Fiscalía General del Estado- a los fiscales de Sala del Supremo una nota interna que nadie les había pedido, posicionándose en contra de la exposición razonada de García Castellón al entender que no existía comisión alguna de los cuatro delitos achacables a Iglesias.

Una nota que no han visto con buenos ojos los fiscales del Supremo que son los que ahora tienen que emitir un informe apoyando, o no, el escrito del magistrado de la Audiencia Nacional.

Lo cual, sin duda, tendrá su peso en el criterio de los magistrados del Supremo, que tienen la última palabra sobre el caso.

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