El diputado y secretario de organización de Podemos niega haber cometido los hechos por los que se le va a investigar. Foto: EP
La Fiscalía, a favor de que el Supremo solicite el suplicatorio de Alberto Rodríguez (Podemos)
Tiene una causa abierta por un presunto delito contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta en 2014
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30/10/2020 18:03
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Actualizado: 30/10/2020 18:04
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La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que solicite al Congreso de los Diputados autorización (suplicatorio) para dirigir el procedimiento contra el diputado y secretario de organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, investigado por un presunto delito contra agentes de la autoridad durante una protesta en 2014.
En su informe, señala que analizado el contenido de las actuaciones remitidas, se deduce «indiciariamente» la participación de Rodríguez «en hechos que pudiéramos calificar jurídicamente de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones», por lo que cree necesario que comparezca ante el Alto Tribunal.
El diputado estaba citado el pasado 20 de octubre en el Supremo para prestar declaración voluntaria en calidad de investigado, pero Rodríguez envió un escrito a la Sala comunicando que no iba a acudir. Niega haber cometido los hechos por los que se le va a investigar.
Al no presentarse, el magistrado instructor del caso, Antonio del Moral, tiene que decidir si pide el suplicatoria al Congreso para continuar el procedimiento contra el aforado y en caso de que se lo concedan, le tomaría declaración de forma obligatoria.
Antes de tomar la decisión, Del Moral preguntó al fiscal si procedía o no pedirlo.
La Sala de lo Penal abrió esta causa al diputado de Unidas Podemos el pasado mes de septiembre, después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.
El tribunal, integrado por Manuel Marchena Gómez -presidente-, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca -ponente-, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Vicente Magro Servet y Susana Polo García, declaró la competencia de la Sala de lo Penal para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del aforado Alberto Rodríguez.
Asimismo, en el auto, fechado a 16 de septiembre, se designó como instructor a Del Moral.
Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez, el Ministerio fiscal había presentado en 2018 escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.
El Juzgado había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.
PROTESTA POR LA ‘LEY WERT’
Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), denominada popularmente como ‘Ley Wert’, organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.
Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos.
Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como ‘pancartazos’ y puñetazos.
El Tribunal Supremo también abrió una causa en 2017 a este diputado por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006.
Posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.
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