Es lo que se desprende del interrogatorio realizado el pasado 27 de octubre al inspector de la Policía Nacional número 96.902, el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, que llevó las investigaciones sobre Ausbanc y su presidente, Luis Pineda.
Dichas investigaciones fueron iniciadas a raíz de una denuncia «anónima» recibida el 2 de febrero de 2015 y se sustanciaron en un primer informe presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, caso que llevó Daniel Campos, en un primer informe fechado el 9 de febrero de ese mismo año y que fue recibido el 13 de febrero, cuatro días más tarde, en el 1 de la calle García Gutiérrez, sede de ese órgano judicial.
Sin embargo, el inspector 96.902 no supo explicar por qué desde la UDEF habían accedido al Registro Mercantil, vía telemática, para consultar su información antes de que se recibiera la denuncia «anónima».
Este importante dato emergió durante el interrogatorio que le hizo el abogado de Pineda, Luis de las Heras, de la firma Durán & Durán Abogados, en el marco del juicio contra el expresidente de Ausbanc, que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional.
De las Heras demostró que las cuentas de una empresa, propiedad personal de Pineda, Agroeditora, que publicaba Alcuza, revista del aceite, habían sido consultadas desde la UDEF tres veces; una el 8 de enero de 2015 y dos el 27 de enero de ese mismo año.
Y lo mismo ocurría con el resto de las empresas del grupo Ausbanc y las propias de Luis Pineda: Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas, Ausbanc Madrid, Avisprom, Buenas Maneras, Desarrollos Turísticos y Sociales, Despacho Jurídico Pineda, Dinero y Salud, El Club de la Vida Buena, Ausventura, Estructuras y Servicios Inmobiliarios y Producciones Zapollar.
Todas fueron consultadas antes de que la denuncia «anónima» fuera presentada. El inspector 96.902 no pudo articular ninguna explicación.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen prohibido hacer investigaciones prospectivas, o «fishing expeditions» (expediciones de pesca), que es como se las conoce en inglés. Es un término peyorativo que describe la búsqueda no específica de información incriminatoria sobre un objetivo concreto.
«¿Qué explicación le puede dar a esto?», le preguntó De las Heras al inspector 96.902.
«Pues no sé. Ahora mismo, no sé. No le puedo decir. Desconozco los motivos», contestó el citado inspector, perplejo. «Los documentos son los que figuraban cuando hacen las consultas», añadió el inspector 96.902.
El policía tampoco supo explicar qué miembro de su equipo había las consultas sobre Agroeditora, y sus descargas, durante el mes de enero.
El mismo día que se recibió la denuncia, a la que se dio número de entrada 3662, se produjo una consulta, a las 20.09, en el Registro Mercantil sobre Ausbanc.
Por otra parte, el superior del inspector 96.902, jefe de la Sección de Fraude Financiero, reveló, durante su intervención, que su jefe de Brigada, el comisario José Luis André, los llevó a comer con el jefe de Seguridad del BBVA, el excomisario Julio Corrochano, en fechas no determinadas.
«No sabíamos a qué íbamos», contestó, dando la sensación de que fueron obligados.
LA DENUNCIA ANÓNIMA, INVESTIGADA EN LA PIEZA 9 DE LA CAUSA TÁNDEM
La Fiscalía Anticorrupción recuerda, en un informe fechado el pasado 30 de septiembre, en el marco de la Pieza 9 de la causa Tándem, como se ha bautizado a las investigaciones sobre las actividades «paralelas» del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, «que la génesis de la denuncia ‘anónima’ interpuesta ante la UDEF por BBVA sí es objeto de investigación en la presente causa, en la medida en que existen indicios de que BBVA habría contratado al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo para que, a través de sus empresas, efectuara una investigación sobre Luis Pineda, Ausbanc y otros utilizando fuentes de información reservada de manera ilegal».
Y añade: «De modo que la UDEF, como Policía Judicial de forma oficial, incoara posteriormente diligencias aprovechándose de tal encargo y que tales actuaciones tuvieran un desarrollo procesal posterior. También es objeto de investigación si habría existido connivencia para todo ello entre los representantes de BBVA y de CENYT [empresa de Villarejo] con los más altos responsables de la UDEF».
LA COMIDA DE FRANCISCO GONZÁLEZ EN CANILLAS
El 7 de enero de 2015 Francisco González, junto con Julio Corrochano y Eduardo Ortega, jefe de los servicios jurídicos contenciosos del BBVA, tuvieron una comida con el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y altos cargo de ese cuerpo, en el complejo policial de Canillas, en Madrid.
«El banco tenía una parte tecnológica y la Policía quería que le ayudásemos”, se justificó González el pasado 6 de febrero ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, durante el interrogatorio al que tuvo que someterse.
González negó que en esa comida se gestara la estrategia de canalizar una investigación contra Ausbanc y Pineda.
El caso es que al día siguiente, el 8 de enero, «alguien» de la UDEF consultó las cuentas de Agroeditora. Después, a lo largo de ese mes, el del resto de las empresas del grupo Ausbanc y las propias de Pineda.
El 19 de julio pasado, el socio director de la firma que defiende a Pineda, Miguel Durán, solicitó al tribunal del caso que anulara el juicio contra suplente porque “ahora de forma inequívoca está claro que todo el procedimiento se basa en motivaciones espurias y falsas”.
“La causa está viciada al ser un encargo ilícito del BBVA a Villarejo”, manifiestó Durán, a quien no le cabe la menor duda que fue en aquella comida cuando se gestó la denuncia «anónima» que inició todo el proceso contra Pineda y Ausbanc.
Por ello, la nulidad de todas las pruebas obtenidas tras la denuncia «anónima».
Subsidiariamente solicitó que “se reabra la instrucción para poder investigar las conductas irregulares ocurridas no sólo durante la fase de instrucción del presente procedimiento, sino durante toda su instrucción”.
Durán expuso en su escrito que las nuevas fuentes de prueba y evolución de la investigación en las diligencias previas de la pieza del BBVA del ‘caso Villarejo’ ponen de manifiesto que desde mucho antes de la “espuria denuncia anónima”, existe una “operación solicitada por el BBVA a la cúpula policial que desarrolló una investigación parapolicial previa con el objetivo de satisfacer los criminales fines del presidente de la entidad, Francisco González, de destruir Ausbanc y a su presidente, Pineda, que no fructificó”.
El tribunal contestó que no había lugar a anularlo porque era necesario que se practicaran todas las pruebas. En el desarrollo del proceso se tomaría una decisión.
