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Cartas desde Londres: La abogacía inglesa se prepara para el próximo confinamiento
Amanda Pinto, en nombre del “Bar Council” (el CGAE inglés) ha puesto en su sitio al primer ministro británico, Boris Johnson, recordándole que “los abogados están obligados a cumplir con un deber profesional hacia su cliente y hacia el tribunal".
03/11/2020 06:46
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Actualizado: 02/11/2020 20:52
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Este fin de semana en el Reino Unido hemos tenido el anuncio por el primer ministro de un segundo confinamiento durante, al menos, cuatro semanas.
De esta manera, pubs, restaurantes, gimnasios y establecimientos “no esenciales” tendrán que cerrar desde el próximo jueves 5 de noviembre. No ha hecho falta ni una declaración del estado de alarma ni las consiguientes polémicas sobre su ajuste de conformidad tal o cual artículo.
Es lo bueno de no tener una “constitución escrita”, oiga.
Y después de estas cuatro semanas, pues Dios dirá. Pero la previsión es que si las cifras lo permiten, se vayan atemperando las restricciones.
Por si acaso, Boris Johnson ha advertido al personal que las próximas Navidades serán “muy diferentes”.
O sea, que pintan bastos.
En cualquier caso, como esto de la Administración de Justicia es algo que se toma en serio por estos lares, según vimos en alguna otra carta, el Gobierno británico ya se ha apresurado a confirmar que los tribunales continuarán operando normalmente “en interés de la justicia y con las actuales medidas de seguridad vigentes”.
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, EXENTOS DEL SEGUNDO CONFINAMIENTO
Así, según el comunicado emitido el sábado pasado por tarde, los juzgados y tribunales se consideran establecimientos esenciales y estarán exentos de este segundo confinamiento. La idea es clara: que ningún órgano judicial tenga que parar su actividad ordinaria como consecuencia de la pandemia.
Además se indicó que los “barristers” mantendrán su estatus de “trabajadores clave” durante este segundo encierro y que se empezarán a practicar tests de detección rápida del COVID-19 a todos aquellos que tengan que acudir físicamente a los juzgados “para evitar que los juicios y vistas se cancelen, ayudando a limitar la propagación del virus”.
Como en la anterior ocasión el “Lord Chief Justice”, Lord Burnett of Maldon -el equivalente al presidente del Consejo General del Poder Judicial en España- se ha apresurado a confirmar que actualmente las vistas y juicios a través de medios remotos deben utilizarse para tramitar los asuntos y reducir el número personaciones físicas en las sedes judiciales, “lo que es vital para que la pandemia no se extienda”.
NUEVO SISTEMA DE TELETRABAJO
De esta manera, el país se encuentra preparado para activar de nuevo el sistema de teletrabajo judicial, tanto por el personal de los tribunales, como jueces, fiscales, “barristers” y cualquier otro asistente, incluidos aquellos que intervendrán como jurado.
En palabras de Lord Burnett, esto se debe a que “los intereses de la justicia son amplios y van más allá de los intereses de las partes para abarcar las consecuencias de la demora en el asunto y en el sistema en su conjunto.”
No está nada mal, ¿verdad?
Por su parte, el “Bar Council” -lo que vendría a ser una especie de Consejo General de la Abogacía inglesa para los “barrister”-, nos ha despertado hoy de buena mañana con un correo electrónico advirtiendo que seguirá presionando para que se adopten todas las siguientes medidas para proteger al a los “barristers” y a otros usuarios de los tribunales.
Para ello, además, se ha habilitado además un canal específico al grupo de trabajo COVID19 del “Bar Council”, igualmente accesible mediante una dirección de correo electrónico ([email protected]) para que cualquier incidencia en los tribunales sea comunicada forma inmediata.
La preocupación del “Bar Council” para proteger los intereses de los abogados que la conforman es especialmente intensa durante estos tiempos de COVID-19.
LA PRESIDENTA DEL CGAE INGLÉS RECTIFICA AL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO
De hecho, siguiendo a una de las últimas salidas de tono de Boris Johnson y su responsable de interior, Priti Patel, culpando a «abogados activistas de izquierdas» de frustrar las deportaciones personas sin derecho a permanecer en el Reino Unido, se han publicado varias cartas de condena a estas manifestaciones, exigiendo el fin de estos ataques y que se disculparan públicamente.
Ente otras, destaca la remitida por Amanda Pinto, presidenta del “Bar Council”, instando al primer ministro a que retirara dichos comentarios y velara por la seguridad de miles de trabajadores clave -incluidos los “barristers” empleados por su propio Gobierno, en su actividad profesional.
Pinto, en nombre del “Bar Council” y de todos los miembros que pertenecemos a dicha institución ha recordado al primer ministro que “los abogados están obligados a cumplir con un deber profesional hacia su cliente y hacia el tribunal.
La tarea de un “barrister” es exponer los argumentos adecuados ante el tribunal, independientemente de cualquier afiliación política.”
En definitiva, recordó al “Premier” británico que el “barrister” debe cumplir la denominada “regla del taxi», según la cual, si está disponible y tiene la experiencia necesaria, el abogado deberá entonces asumir todos los casos que se les ofrezcan y hacerlo lo mejor posible.
Como curiosidad, lo único que me ha llegado últimamente desde el Consejo General de la Abogacía española es una impresionante encuesta online sobre los principales problemas de los letrados como consecuencia de la pandemia.
Esperemos que cuando se obtengan los resultados -previsiblemente tras las navidades-, se redacte un informe y se reúnan tres o cuatro meses después, el Consejo se pondrá manos a la obra.
Si es que para entonces queda algún abogado en pie.
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