El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca y al empresario Francisco Menéndez Rubio en el marco de la pieza número 1 de la operación Tándem, también conocida como Caso Villarejo.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda proceder contra ambos por los delitos de cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En el caso del empresario, el juez le atribuye además cuatro delitos contra la Hacienda Pública.
Los hechos que se han investigado en esta pieza se remontan a 2011, cuando el empresario Francisco Menéndez Rubio contactó con Salamanca, entonces comisario jefe del Aeropuerto Madrid-Barajas, quien prevaliéndose de su cargo le facilitó la entrada ilegal en territorio español de empresarios ecuatoguineanos de la empresa petrolera nacional de Guinea Ecuatorial, Gepetrol, a la que estaba vinculado el empresario.
Así, según consta en el auto, Salamanca accedió a esta petición «a cambio de la obtención de dádivas de elevada cuantía, prevaliéndose de su cargo como comisario jefe del Aeropuerto de Madrid-Barajas para que se concediera de forma arbitraria la autorización administrativa pertinente, consistente en la expedición excepcional del visado en frontera, incumpliendo groseramente los requisitos legalmente establecidos en la, normativa aplicable».
El magistrado relata que Menéndez Rubio ha manifestando «de modo recurrente y perfectamente coherente», hasta en cuatro declaraciones, que fue Carlos Salamanca la persona que le puso en contacto con el comisario, entonces en activo, José Manuel Villarejo para la contratación del denominado proyecto King y que éste solicitó la ayuda de Salamanca para facilitar la entrada en territorio nacional a dos personas (en tres ocasiones), pese a que viajaban sin el visado preceptivo.
Además, tal y como recoge el auto, entre los años 2012 a 2015 el investigado Carlos Salamanca «no se limitó a infringir las normas reguladoras del control de inmigración, sino que dispensó como comisario jefe del Aeropuerto de Barajas un ilícito tratamiento ‘vip’ al también investigado Francisco Menéndez Rubio y a sus clientes ecuatoguineanos».
Esto, concreta el magistrado, consistía en «recogerles en vehículos policiales a su llegada a Madrid procedentes de Guinea Ecuatorial o de Dubai en la escalerilla del avión y trasladarles hasta la salida del aeropuerto con el fin de sustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanas de España, y por tanto de la Unión Europea (Unión Aduanera), facilitándoles de esta manera la posibilidad de introducción de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin efectuar la preceptiva declaración de movimientos de medios de pago».
El magistrado afirma que las actuaciones practicadas han corroborado la realidad de estas entradas en España y, según la documentación que consta en el procedimiento, las personas vinculadas a la petrolera que entraron en España y se beneficiaron de este tratamiento privilegiado e ilícito fueron al menos once.
Regalos a cambio de tratamiento de favor
Con respecto a los regalos y pagos obtenidos por Salamanca a cambio de este tratamiento de favor, García Castellón recoge en el auto la cesión de un vehículo Porsche, relojes de alta gama cuyo valor ascendía a los 80.000 euros, viajes, disfrute de palcos deportivos y varios pagos en efectivo de hasta 50.000 euros.
Respecto a los cuatro delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen al empresario, en el auto se recogen elevadas cuotas defraudas relacionadas con el Impuesto de Sociedad y del IRPF. Asimismo, señala que tiene la condición de socio y administrador de varias sociedades utilizadas para simular la prestación de servicios.
Ahora, el Ministerio Fiscal y las acusaciones tiene un plazo de 10 días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para la tipificación de los hechos.
La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días y/o recurso de apelación, subsidiariamente o por separado en el plazo de 5 días
El primer instructor de la operación Tándem, el juez Diego de Egea, archivó en 2018 la investigación contra Salamanca, su mujer y su hijo al no apreciar un “mínimo indicio revelador” de su participación en los hechos investigados.
La Fiscalía Anticorrupción, en uno de los numerosos recursos que presentó contra las decisiones de este magistrado, acudió directamente a la Sala de lo Penal pidiendo que revocara el archivo, lo cual finalmente tuvo lugar en diciembre. Entre otras cosas, los magistrados alegaron que quedaban diligencias por practicar.
