La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto hasta la fecha 21 diligencias de investigación en la capital a raíz de las denuncias presentadas por la ocupación ilegal de otros tantos inmuebles de titularidad pública que deberían estar siendo utilizados por familias en situación de vulnerabilidad.
Del total de diligencias abiertas, 10 se han tramitado como denuncia por ocupación ilegal, y dos de ellas, además, por un delito de tráfico de drogas.
Se trata de investigaciones seguidas en la Fiscalía Provincial a tenor de denuncias interpuestas a principios de año por los titulares de las Consejerías de Justicia, Interior y Víctimas, y Vivienda y la Administración Local de la Comunidad de Madrid que aludían de la posible existencia de grupos u organizaciones criminales vinculadas con la comisión de infracciones penales en torno o haciendo uso de viviendas ocupadas.
Según ha señalado el Ministerio Público, se cumple de esta forma con la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado que insta a solicitar el desalojo de los ocupantes ilegales, previo aseguramiento, a través de la coordinación con las autoridades, de una solución habitacional para los menores y las personas especialmente vulnerables que residieran en ellos.
DESCARGAR: INSTRUCCION 1-2020 Allanamiento
En concreto, la Fiscalía Provincial ha presentado ante el juez dos denuncias por un presunto delito de tráfico de drogas a cargo de los ocupantes de las viviendas, ya que las utilizaban como punto de venta y distribución de sustancia estupefaciente, además de como residencia habitual.
Indica que en una de ellas, incluso, convivían junto a dos hijos menores de edad.
Según explica, una de las casas, propiedad de la Agencia Social de la Vivienda de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, fue ocupada sin autorización ni título habilitante que les autorizara a permanecer en la misma.
En una de las denuncias se refleja incluso que sus ocupantes llevaban allí empadronados desde hacía nueve años, como demuestran los correspondientes recibos de una empresa de telefonía, y que traficaban con droga en una vivienda que estaba a menos de cien metros de distancia de dos escuelas infantiles.
La otra denuncia se refiere a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Provincial a través de su Unidad de Policía Judicial adscrita que condujeron a identificar otros dos pisos contiguos usurpados ilegalmente. En uno residía un hombre con tres hijos menores de edad y en el otro su madre junto a la pareja sentimental del hombre.
La correspondiente denuncia interpuesta y la solicitud de entrada y registro, facilitó el desmantelamiento de dicho punto de distribución, al tiempo que se procedió a la detención de varios de los implicados en estos hechos.
La última denuncia presentada pide al juzgado que investigue el uso para la venta de drogas que aparentemente le están dando los ilegítimos moradores a una vivienda titularidad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
Las otras ocho denuncias, yno relacionadas con el tráfico de drogas, aluden a distintos motivos.
Por ejemplo, una de ellas va dirigida contra los nueve ocupantes de dos viviendas contiguas de titularidad pública pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid con un derecho 100% de propiedad, por un delito de usurpación.
La Fiscalía expone que según el contrato de arrendamiento firmado en 1990, los dos adjudicatarios “en un unión de los demás investigados” que formaban parte de una única unidad familiar anexionaron su vivienda a otra contigua que procedieron a ocupar “sin la habilitación legal, y sin suscribir título alguno de compra o arrendamiento, que les autorizase para esta anexión, para lo cual realizaron comunicación entre ambas viviendas si poseer los permisos legales, residiendo todos ellos como si de una vivienda única se tratare”.
