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Bruselas advierte que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición y organismos del Consejo de Europa

Recalca que España debe seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometidaSeguirá de cerca la situación y pide más información al Gobierno.
| | Actualizado: 09/12/2020 14:48

La Comisión Europea ha recordado hoy al Gobierno de España que cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sin que en ningún caso la reforma comprometa la independencia del Poder Judicial.

Bruselas está al tanto de la última proposición registrada por PSOE y Unidas Podemos para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos de altos cargos judiciales estando en funciones, según ha informado a Europa Press el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand.

Éste ha subrayado que «es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia».

Además, Wigand recalca que España debe seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. «Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España», ha explicado.

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Este mensaje del Ejecutivo europeo se suma al aviso expresado el pasado 15 de octubre de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que CGPJ sea percibido como «vulnerable a la politización».

La primera advertencia que hizo coincidió con la llegada del presidente del Gobierno a Bruselas para asistir a una cumbre de líderes de la UE, tras la cual Sánchez restó gravedad al aviso y subrayó que semanas antes la propia Comisión recogía en un informe la necesidad de renovar el CGPJ.

Posteriormente, el 20 de octubre, Bruselas reiteró que va a observar «con atención» el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del CGPJ. 

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa también había pedido a mediados de octubre a la presidenta de la Comisión Europea que tomara medidas ante esta reforma, advirtiendo que supone «un riesgo para el Estado de Derecho» en España.

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En la misiva, que también fue enviada a la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, Pagazaurtundua afirma que la proposición de ley impulsada por los dos partidos que conforman el Gobierno «supone un paso, probablemente irreparable, en una dirección muy peligrosa» porque constituye «un ataque frontal a la separación de poderes» que «sostiene toda la arquitectura democrática».

20.000 PERSONAS FIRMAN PARA QUE ‘SE DESPOLITICE YA’ EL NOMBRAMIENTO DEL CGPJ

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) están presentado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, impulsado por asociaciones judiciales y fiscales, que pide que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «no como pretende la propuesta de reforma con la que siguen amagando PSOE y Podemos para politizar más aún el CGPJ, sino para todo lo contrario: para despolitizarlo de una vez y de verdad permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano».

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Las asociaciones de jueces insisten a los políticos en sus reuniones que esta reclamación responde a una «demanda histórica y mayoritaria de la Carrera Judicial», de las instituciones europeas, como el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, y de un número «cada vez mayor» de ciudadanos.

Hasta el momento, el manifiesto lo han suscrito más de 20.000.

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APM, AJFV y FJI están transmitiendo a los principales grupos políticos su «preocupación» ante las proposiciones de ley de modificación de la LOPJ presentadas por PSOE y Unidas Podemos.

Subrayan que «estas iniciativas chocan frontalmente con un verdadero propósito de alejar al órgano de gobierno del Poder Judicial de las contiendas partidistas y del juego político».

Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, pidió ayer la dimisión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, porque «no se cumplen las exigencias de Europa para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces».

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Además, denuncia que el ministro «está alentando» las reformas planteadas por el grupo parlamentario socialista para modificar la LOPJ y rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ.

Esta asociación, presidida por la magistrada Concepción Rodríguez, reclama también a la clase política que apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace siete años.

Según han informado las asociaciones, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han reafirmado su «pleno compromiso con las reivindicaciones del manifiesto», que consideran «indispensables» para asegurar la independencia del Poder Judicial.

Según han informado a este diario fuentes de las asociaciones, el PP entiende que institucionalmente hay que renovar el Consejo, pero cuando se reunan los tres requisitos que exige. Considera que el sistema actual no es el correcto y ha presentado una proposición de ley.

Indican que Unidas Podemos está en contra de una renovación del CGPJ en la que no esté presente su grupo y los independentistas catalanes, y mantiene su reforma del Consejo, que solamente se retiraría cuando se renueve el órgano de gobierno de los jueces.

VOX, por su parte, afirma que está en contra del sistema actual de elección y recuerda que ha presentado una iniciativa para modificarlo. Además, según las mismas fuentes, señala que la renovación del Consejo comenzó en la legislatura anterior, no en la presente, y no había concluido cuando se disolvieron las Cámaras, por ello pide que se reinicie el proceso de renovación porque la composición del Congreso no es la misma que en 2018.

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