Agentes de la Policía Nacional rodeados de hogueras durante los disturbios en la plaza de Urquinaona, en Barcelona a 18 de octubre de 2019. Foto: EP.
Admitida a trámite la querella de Jupol contra la Dirección General de la Policía por cómo se afrontaron los disturbios contra la sentencia del «procés»
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02/1/2021 14:03
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Actualizado: 02/1/2021 14:49
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado, en apelación, el archivo de la querella, interpuesta por el sindicato Jupol, dictada en primera instancia, y ha ordenado que se investigue a la Dirección General de la Policía por la gestión del operativo que hizo frente, en octubre de 2019, a las protestas que se produjeron en Cataluña tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes separatistas.
Dichos disturbios, según Jupol, dejaron «heridos a varios agentes de la Policía Nacional».
Por ello, acusan al director general de la Policía, Francisco Pardo, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González, de un supuesto delito contra la seguridad de los agentes de policía, contemplado en el artículo 316 del Código Penal, ha informado Jupol este sábado en un comunicado.
El artículo que se invoca castiga a «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».
Esta situación «podría haberse evitado si desde la Dirección General de la Policía (DGP) y la DAO se hubieran puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los graves disturbios».
«Los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos«, asegura el sindicato.
Entre otras «graves deficiencias», ha destacado la no asignación de relevos y refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios y la ausencia de vehículos aptos para hacer frente a los manifestantes.
Tras aquel fallo judicial se sucedieron los cortes de carreteras y del AVE por las movilizaciones, así como disturbios en Barcelona, donde se quemaron 1.044 contenedores, 358 cubos de basura y 180 papeleras –a un costo de 3,1 millones de daños– y otras ciudades.
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