Leyes y salchichas

“Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen”, sentenció John Godfrey Saxe, un popular escritor norteamericano del diecinueve.

La veracidad de esta máxima, atribuida también a Bismarck, la puede confirmar cualquiera que haya tenido la oportunidad de asomarse a algún proceso de elaboración de leyes, debido a la atención manifiestamente mejorable que se dispensa a tan crucial cuestión.

No hablo aquí del cauce establecido para conseguir aprobar una ley, repleto de fases y requisitos formales seguidos a rajatabla por los celosos funcionarios o letrados de las asambleas legislativas, considerándolos un fin en sí mismo y no como un poderoso medio para garantizar normas mejor hechas.

A lo que me refiero es al limitado cuidado que se pone en la propia confección de los textos legales, dejada en ocasiones al albur de ocurrencias perpetradas por gentes sin la necesaria cualificación técnica, aunque con grandes dosis de voluntarismo y buenas intenciones, los cuales suelen tener, como diría Chiquito, más peligro que un barbero con hipo.

La creciente banalización que algo tan importante experimenta en España, en que al Congreso y al Senado se han venido a sumar catorce parlamentos autonómicos que dedican simultáneamente su actividad a regular la vida ciudadana, es desde luego para hacérselo mirar.

LEYES DEFICIENTES

Cuando se dice, a veces con razón, que las cosas no marchan como debieran porque las leyes que nos gobiernan son deficientes, tendríamos que volver la mirada a esto que comento.

Esas reglas jurídicas acaban en el boletín tras pasar por innumerables borradores, anteproyectos, proyectos, proposiciones, y un sinfín más de informes, contrainformes, comparecencias, ponencias, enmiendas y debates que aun así no siempre aciertan a descubrir un evidente disparate regulatorio que cualquier vecino despierto del piso de abajo podría advertir.

Aunque también resulte obligado que en la elaboración normativa se convoquen hoy rimbombantes consultas públicas, estas acostumbran a ser cumplimentadas en exclusiva por los que pretenden arrimar el ascua a su sardina en la materia que se trate, con gran aparato mediático, persiguiendo alterar la elemental visión de conjunto que se predica de toda norma.

Así las cosas, y pese a que esta participación siga el signo de nuestros tiempos en términos de transparencia y buen gobierno, es lo cierto que se viene limitando en buena parte de los casos a reunir las quejas o loas de los principales destinatarios de las disposiciones sobre la ordenación particular que más convenga, aun a costa de prescribir recetas carentes de generalidad y de prescindir de los verdaderos intereses sociales, que son los que toca atender desde tiempos de Platón, porque ya nos enseñó el genial ateniense que el legislador nunca debe proponerse la felicidad de ciertos ciudadanos con exclusión de los demás, sino de todos ellos.

Los operadores jurídicos, que solemos padecer en primera persona las disfunciones de las normas cuando se publican y comienzan a aplicarse, seguimos siendo en este lío unos auténticos convidados de piedra.

De contarse con su decisivo concurso en la creación normativa, desde los primeros momentos, serían más extraños los preceptos problemáticos, redundantes, contradictorios o simplemente absurdos, porque los profesionales del derecho conocemos algo de estas cuestiones, que sufrimos en nuestro trabajo diario.

Sin embargo, la realidad en la elaboración legislativa actual pasa por abrir las entrañas de la confección legal a colectivos o personas de lo más variopinto a las que se ofrece jugar a legisladores, algo que confunde el trigo con las témporas, porque bien se entenderá que una cosa es escuchar al gremio de los carniceros si lo que se pretende es acometer una reforma del sector cárnico, y otra distinta es pedirles que sean ellos los que redacten el articulado.

Como es natural, los juristas no sabemos más de lo que sabemos (si lo sabemos), pero indudablemente estamos en condiciones de llevar a la letra de la ley lo que resulte conveniente en los ámbitos más peculiares del interés social o económico, tratando de congeniar esa voluntad legal con el resto del ordenamiento, encontrando la fórmula más precisa para su debido encaje y aplicación.

LOS BUENOS TEXTOS LEGALES PERDURAN EN EL TIEMPO

Pero esto que aquí cuento, desafortunadamente, no siempre sucede ahora.

Lastrado el proceso legislativo por las presiones de los agentes implicados en cada asunto, los proyectos se conciben, nacen, crecen, se desarrollan (y mueren), sin haber contado con la determinante huella del jurista avezado, que es tradicional garantía de la pervivencia de las leyes precisamente por su experiencia a la hora de lidiar con los continuos desaguisados del legislador.

No tenemos más que remitirnos a los textos legales que han perdurado en el tiempo para comprobar que las manos de buenos juristas detrás acostumbran a asegurar el éxito regulatorio, a diferencia de las que no cuentan con ninguno en su elaboración, o con algunos con mucho entusiasmo y no tanto bagaje, que son al fin y a postre de calidad discutible y vigencia reducida.

De lo anterior no se sigue ningún sentimiento corporativista, sino pegado a la realidad de lo que acontece en innumerables tramitaciones legislativas, en las que la poda de los letrados parlamentarios resulta insuficiente para poder aprobar leyes razonables y técnicamente aceptables.

Por eso, aparte de la benemérita tarea que lleva desarrollando desde hace ciento setenta y siete años la Comisión General de Codificación y de la saludable generalización de las comisiones que cumplen idéntico papel en las diferentes Comunidades Autónomas, no sería mala idea la decontar en toda elaboración normativa con los operadores más cualificados, individualmente o aglutinados por ejemplo en las distintas academias de jurisprudencia, en donde se dan cita los cultivadores del mundo del derecho en los más diversos oficios legales.

Hacer leyes no es asunto menor.

O, mejor dicho, es un asunto mayor, como diría algún expresidente del gobierno.

Bien merece la pena, por eso, reflexionar un poco sobre estas cuestiones, que tanto deterioran el crédito del derecho en nuestra sociedad

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