De izquierda a derecha y de arriba a abajo, José Giménez, de Linklaters, Pedro Ramón y Cajal, de Ramón y Cajal Abogados, Rosa Vidal, de Broseta, Jaime Velázquez, de Clifford Chance, Lucas Osorio, de Hogan Lovells, y César Albiñana, de CMS Albiñana, son todos abogados del Estado en excedencia y presidentes o directores de sus respectivas firmas.
Abogados del Estado en excedencia dirigen bufetes que son referentes en España
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09/3/2021 01:00
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Actualizado: 11/3/2021 12:23
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Con la presencia de José Giménez el próximo 1 de mayo como socio director de Linklaters, la nómina de abogados del Estado en excedencia que dirigen despachos se incrementa a ocho en la actualidad.
Para Eugenia Navarro, profesora de ESADE y experta en marketing jurídico, “los abogados del Estado han superado unas oposiciones muy duras que demuestran por una parte su capacidad intelectual, pero por otra parte capacidad de resiliencia, trabajo y estudio”.
“Creo que estas características ayudan mucho a los perfiles profesionales que deben dirigir un despacho. En estos tiempos que corren también es importante la flexibilidad, el cambio y la capacidad de reacción ante un entorno cambiante, por este motivo la resiliencia es una habilidad muy importante porque supone el aprendizaje continuo antes momentos inciertos”, aclara.
En la actualidad esta firma del ‘Magic Circle’, junto a Giménez, cuenta también con Borja Fernandez de Troconiz que se incorporó en el 2015 de Allen & Overy a este nuevo despacho internacional como socio del departamento de procesal, concursal y arbitraje.
Abogado del Estado de carrera, Fernández de Trocóniz también ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Administración, dentro de empresas públicas. Entre otros puestos, destaca el de director de la asesoría jurídica del gestor español de infraestructuras ferroviarias Adif.
Otro abogado del Estado de relieve de este despacho, Sebastián Albella, fue senior ‘partner’ entre 2012 a 2016, fecha en la que se incorporó como presidente de la CNMV. En la actualidad, está desligado del despacho totalmente tras cesar en su puesto en el regulador financiero.
Sucesión definida en CMS Albiñana & Suárez de Lezo
CMS Albiñana Suárez & de Lezo en junio del 2020 reorganizó su cúpula directiva. Tras diecisiete años compartiendo tareas directivas, la Junta de Socios nombraba a Rafael Suárez de Lezo como presidente y a César Albiñana, como único socio director.
Este bufete supuso en su momento la continuidad del despacho Melchor de las Heras, constituido como sociedad en 1958. En el 2 002 cambió la denominación social por Albiñana & Suárez de Lezo y en 2005 se incorporó a la organización internacional CMS, que es líder en el asesoramiento legal y fiscal a nivel internacional.
Albiñana explicaba a Confilegal recientemente los planes de la firma, integrada en la red internacional CMS hace ocho años. Este abogado del Estado en excedencia también es socio del departamento de Corporate/M&A donde ha desarrollado toda su carrera profesional.
En esta firma han desembarcado, otros abogados del Estado como es el caso de María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, hace un año como socia del departamento de Procesal y Arbitraje de este bufete hace ahora un año.
César Albiñana es el socio director de CMS Albiñana.
En julio del 2020 se incorporaba Alfonso Codes como nuevo socio del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados. Este jurista, abogado del Estado especializado en el asesoramiento y ejercicio de la gestión pública, refuerza este departamento liderado por Ignacio Grangel, otro abogado del Estado.
Junto con ellos también destacar otros profesionales como Jorge Sánchez Vicente que en junio del 2016 dejó la jefatura de la Abogacía del estado en Cataluña para incorporarse este despacho, como socio de Procesal y TMC en Barcelona.
Abogados del Estado promotores de un despacho
Ramon y Cajal abogados surgió en 1986. Sus socios fundadores Pedro Ramón y Cajal, presidente, Francisco Palá, socio director, y Rafael Mateu de Ros, socio de Derecho de Mercantil, Gobierno Corporativo, Derecho Fiscal nacional e internacional, Litigación y Arbitraje, son abogados del Estado en excedencia.
En aquel momento, para estos profesionales fue un reto la puesta en marcha de esta iniciativa. De hecho, algunos grandes despachos no les confirieron ninguna posibilidad de éxito, «porque éramos funcionarios», recuerda Ramón y Cajal.
Con el tiempo demostraron su buen hacer en el derecho mercantil. Y dichas firmas comenzaron a fichar a abogados del Estado.
La firma facturó en el 2019 26,4 millones de euros. Está formada por más de 150 abogados de los que 44 son socios
Otros profesionales que han recalado en esta despacho son Alfonso Cárcamo, socio del área Mercantil y de Mercados del bufete. Alfonso fue director general de los servicios jurídicos y secretario del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por su parte, Fernando Manzanedo es socio del área de Procesal, Concursal y Arbitraje del despacho desde 2017. Abogado del Estado en excedencia. Tiene una amplia experiencia en procedimientos de carácter civil, contencioso.
El abogado del Estado en excedencia, Pedro Ramón y Cajal –sobrino bisnieto de nuestro Premio Nobel–, preside Ramón y Cajal Abogados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
José Ignacio Vega es socio del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados desde septiembre de 2006, fecha en la que se incorporó a la firma. Es es corresponsable del área de Derecho Agroalimentario del despacho.
Desde el 2015, Cristina Vidal es Socia del departamento de Financiero y Mercado de Capitales de este bufete. Como abogada del estado ha estado en destinos como la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, entre otros.
Por su parte, Iñigo Dago es Socio del departamento de Mercantil de la oficina de Madrid desde el año 2015. Como Abogado del Estado desarrolló su carrera profesional en la Administración ocupando, entre otros, los puestos de Secretario del Tribunal Económico Administrativo de Valencia, Subdirector General de la AEAT y Vocal-Secretario del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Por último, Manuel Muñoz, socio de procesal y arbitraje en la oficina de Madrid. Se incorporó al despacho en diciembre del 2010. Como Abogado del Estado destaca su experiencia. en particular defensa patrimonial de la Administración del Estado tanto en lo relativo a reclamaciones en el ámbito contractual como a reclamaciones de responsabilidad extracontractual contra particulares ya asuntos jurídico-inmobiliarios.
Francisco Palá, el socio director de Ramón y Cajal Abogados, también es abogado del Estado en excedencia.
Broseta y su apuesta estratégica
En el caso de Broseta, Rosa Vidal, su responsable de Derecho Público, asumió la dirección de la firma en febrero del 2016. En ese momento suplía Luis Trigo, que se iba a centrar en el proyecto de expansión internacional durante unos años. Su gestión no está limitada.
Vidal puso en marcha un primer Plan Estratégico a los pocos meses que supuso un incremento importante del 46% de facturación. Ahora la firma está inmersa en otro momento clave, en el que ha renovado su identidad corporativa y reforzado su oficina de Lisboa con un segundo Plan Estratégico.
Rosa Vidal es abogada del Estado y, antes de incorporarse a Broseta, desempeñó funciones de responsabilidad en diferentes organismos, como la Autoridad Portuaria de Castellón, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Radio Televisión Valenciana, donde ejerció como presidenta del consejo de administración y directora general.
Junto a ella hay otros profesionales de la abogacía del Estado que también recalaron en este bufete. Es el caso de Agustín Puente, director jurídico de la AEPD que en septiembre del 2018 fichó como socio de este bufete español y abogado del Estado desde 1994.
Rosa Vidal es socia directora de Broseta.
En esta firma española también operan Francisco Ruiz Ruiseño, ‘Of Counsel’ de la firma Áreas de Derecho Público y de Derecho Procesal, abogado del Estado en excedencia, y Fernando Raya, consultor externo de Broseta, abogado del Estado, especialista en Derecho Administrativo y Tributario.
Clifford Chance: Cuarenta años en España
El despacho Clifford Chance cumplirá cuarenta años en España este 2021. Desde mayo del 2013, Jaime Velázquez, antiguo socio responsable de la oficina de Barcelona, es su socio director. El despacho facturó 66,7 millones de euros en el 2019 y se compone de 113 abogados y 23 socios.
Este experto en fusiones y adquisiciones y gobierno corporativo, enfocado principalmente en sectores regulados como el financiero, infraestructura, telecomunicaciones o energía es abogado del estado desde 1997.
A lo largo de su carrera profesional ha sido director de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria en Cataluña, secretario del Consejo de Administración y director de la Asesoría Jurídica del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y secretario General y del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Jaime Velázquez es socio director de Clifford Chance.
Junto a él, en estos años se han incorporado Fernando Irurzun como socio responsable del departamento de Litigación, Arbitraje y Derecho Público. Sustituye a José Antonio Caínzos en este cargo que llevaba desempeñando desde su incorporación al despacho en 1998 y que se incorpora Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid.
Izurzun es doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia. Después de prestar servicios como abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, fue subdirector general de los Servicios Contenciosos en la Abogacía General del Estado durante los años 2012 a 2016.
Por su parte, Jaime Almenar desde enero del 2018 es el responsable de la práctica de Derecho Público en España. Antes de unirse a Clifford Chance, Jaime dirigió el departamento de Derecho Público y Sectores Regulados en CMS Albiñana Suárez de Lezo.
Este jurista inició su carrera como abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En 2005 fue nombrado secretario general y consejero general de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Hogan Lovells y su dirección en España
El despacho internacional Hogan Lovells mantiene desde el pasado 1 de junio del 2014 al abogado Lucas Osorio como nuevo socio director de la oficina de Madrid para relevar a José Luis Huerta, quien sustituyó en el 2010 a José María Balañá, primer director del bufete desde su entrada en España.
Osorio, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), es abogado del Estado en excedencia y se incorporó al despacho en 2008.
Inició su carrera en el Ministerio de Administraciones Públicas, para ser posteriormente abogado del Estado-Jefe de los ministerios de Asuntos Sociales y Educación y Ciencia.
El abogado del Estado en excedencia, Lucas Osorio, dirige la oficina de Hogan Hovells en Madrid.
En España, Hogan Lovells ha mantenido su facturación del 2019 el pasado año alcanzando la cifra de 46,3 millones de euros y ha incrementado su actividad en áreas estratégicas como ‘Corporate & Finance’, experimentando un crecimiento de un 6%.
Para estos datos fue clave la participación en operaciones relevantes como el asesoramiento a ‘Engineered Stone Group’ (controlado por el fondo americano ‘Cranemere’) en la compra de Acquabella, Grupo F&D y McBath; a Alantra en la adquisición de una participación mayoritaria de Surexport; o Ibercaja en la reordenación de su alianza de bancaseguros durante el proceso de adquisición de Caser por parte de Helvetia.
Allen & Overy y sus codirectores
Desde mayo de 2015, Antonio Vázquez-Guillen e Ignacio Ruiz-Cámara son socios codirectores del despacho internacional Allen & Overy, una firma que llego a nuestro país en 1991. El despacho facturó 49,1 millones de euros en 2019.
Vázquez-Guillen es socio de Allen & Overy en Madrid desde 2007 y cuenta con una dilatada experiencia en derecho procesal y arbitraje. Ambos codirectores no tienen en principio un tope en su mandato.
Este jurista es abogado del Estado excedente. Durante su trayectoria profesional ha asesorado en numerosos procedimientos en materia mercantil, bancaria y financiera, relativos a incumplimientos contractuales, ejecución de garantías y reclamaciones de daños.
Antonio Vázquez Guillen es codirector de Allen & Overy.
La plantilla supera los 110 abogado de los que 16 son socios. El despacho dejó su sede de Pedro de Valdivia para en febrero del 2018 alojarse en un moderno edificio de la madrileña calle Serrano.
Otro abogado del Estado en excedencia como Pablo Mayor, quien se incorporó en septiembre de 2010, un año importante para esta firma internacional. En la actualidad es socio responsable del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados.
Abogado del Estado en activó desde 1990 a mayo de 1996, fecha en que es nombrado secretario general Técnico del Ministerio de Fomento, que engloba las áreas de infraestructuras, transportes, vivienda y telecomunicaciones cargo que ocupa hasta octubre de 1999.
Pinsent Masons y su llegada a España
La llegada del despacho británico Pinsent Masons en la primavera del 2017 generó gran expectación. En España, Diego Lozano, abogado del Estado en excedencia y socio responsable del área mercantil de Ramón y Cajal Abogados, es su socio director desde ese momento. Tampoco tiene un tope en su mandato.
Este jurista, en su etapa en la administración trabajó como jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda y como secretario general Técnico en el Ministerio de Obras Públicas.
Junto a él otros abogados del Estado en excedencia que aceptaron el reto de incorporarse a un nuevo despacho como son Idoya Arteagabeitia, socia responsable del departamento de Bancario y Financiero de Pinsent Masons en Madrid que se incorporó al proyecto desde sus inicios.
Diego Lozano, socio director para España de Pinsent Masons.
Es el mismo caso de Fernando Gutiérrez, quien se convirtió en socio responsable del departamento de Procesal y Arbitraje de Pinsent Masons en Madrid. Este letrado cuenta con una enorme experiencia en litigios civiles, comerciales y mercantiles, así como en asesoramiento pre-contencioso.
Por su parte, Pablo Dorronsoro es el socio responsable del departamento de Derecho Público, Energía e Infraestructuras que en abril del 2018 dejó Baker Mckenzie para incorporarse a esta nueva firma profesional.
La plantilla actual la constituyen 60 personas: 35 abogados (12 socios) y 11 becarios para un total de 46 abogados además de 14 profesionales de soporte a estos juristas. El despacho facturó 5,9 millones de euros en el 2019.
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