La defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ejercida por Durán & Durán Abogados, ha solicitado al magistrado que instruye la causa ‘Tándem’ que ordene la entrada y registro en el domicilio y en el centro de trabajo de la jefa de Seguridad del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, después de que declarara la semana pasada que tenía en su poder facturas y contratos relacionados con los encargos de la entidad al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un escrito fechado el 12 de marzo, señala que se deben «intervenir y obtener» las facturas y contratos entre el Grupo Cenyt –empresa tras la que está Villarejo– y BBVA, «así como cualquier otro efecto de interés a la presente investigación».
Esta diligencia se solicita en el marco de la pieza 9, en la que se investigan los diferentes encargos de la entidad al comisario, que supusieron un montante de más de 10 millones de euros.
Además, la defensa de Pineda pide que la diligencia se tramite como pieza secreta reservada a las defensas y al resto de partes a excepción del Ministerio Fiscal, y detalla que deben incautarse de «cualquier tipo de material o soporte informático, CD, DVD, discos duros, pendrives de memoria, teléfonos móviles, tarjetas SIM o PDA» que sean «susceptibles de contener cualquier tipo de información relacionada con los hechos investigados».
Ochagavia declaró la semana pasada ante el juez instructor, Manuel García-Castellón, durante dos sesiones.
El viernes informó al magistrado de que finalmente no entregaría toda la documentación que recopiló sobre los encargos realizados al comisario, y a la que había hecho referencia en su declaración previa.
La defensa del banco insistió entonces en que toda esa información ya estaba aportada a la causa, por lo que adelantó que pondría de nuevo todos los documentos a disposición del juzgado y de los fiscales Anticorrupción.
Ayer, fuentes del banco consultadas por Europa Press, indicaron que la entidad ha presentado ya un escrito ante el juez en el que confirma que la información contenida en la carpeta de Google Drive a la que hizo referencia Inés Díaz Ochagavia en su declaración, ya había sido aportada a la causa por parte de la entidad.
Y que la mayor parte de la documentación consta en el sumario desde hace dos años.
Con todo, indican que «para que no haya ningún resquicio de duda y en el ánimo de máxima colaboración con la instrucción», la entidad entrega de nuevo la totalidad de la documentación contenida en la carpeta.
EL ORIGEN DE LA PIEZA 9
Cabe recordar que la investigación sobre esta pieza 9 se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia que hablaba de la existencia de un plan –denominado proyecto «Pin»–, que «habría tenido por objeto que Villarejo espiara a Luis Pineda (presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc) a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres mientras Villarejo era funcionario policial en activo».
Así se señalaba en un auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de diciembre de 2018 que obra en el sumario de esta pieza, al que tuvo acceso parcial Europa Press, y en el que se añadía que la finalidad de dicha contratación sería la de destruir la reputación de Pineda –quien se sienta actualmente en el banquillo acusado de extorsionar a entidades bancarias, entre ellas el BBVA– y, posteriormente, servirse de la unidad especializada en delitos económicos de la Policía Nacional, la UDEF, para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención.
«CAMBIO DRÁSTICO»
En el escrito de la defensa de Pineda califica la decisión de Ochagavia, de no aportar esos documentos, de «cambio drástico de su intención de colaborar con la justicia», y señala que «si bien constituye un ejercicio legítimo de su derecho de defensa, igual derecho tiene el Estado de desplegar los mecanismos para aprehender fuentes de prueba esenciales para el esclarecimientos de hechos delictivos».
Solicitan además que se autorice a la policía judicial el acceso, visionado y en su caso volcado de comunicaciones privadas de la responsable de Seguridad por si pudieran estar relacionadas con los hechos investigados, y acceder también a la agenda de contactos, a los mails, registros de llamadas y aplicaciones de mensajería que use.
Y va más allá, porque no sólo piden que se acceda a los terminales que use en la sede del banco, sino que también solicitan que se autorice a las Fuerzas Públicas «acceso a todas las bases de datos de archivos, registro documental económico-financiera o de análoga significación de los que sea titular la persona jurídica que pudieran ser relevante para la investigación». Cabe recordar que la entidad también es investigada en esta causa.
Tras sustentar jurídicamente la idoneidad de esta petición, insiste en que en el presente caso existen sobrados indicios de que podrán hallarse las fuentes de prueba esenciales «tendentes a demostrar la participación de los investigados en una organización criminal en cuyo ámbito de influencia delictiva han desplegado una catálogo de delitos que alcanza a muy diversos ámbitos criminógenos, tales como la captación clandestina de comunicación o abusos informáticos sobre datos personales, cohecho, etc».
