Luis Pineda sentado en la bancada de los abogados –él es abogado y estaba acreditado para su causa– junto a Miguel Durán, al que tapa, y Luis de las Heras, quien hizo el alegato final en su defensa. Foto: EP.
Durán y Durán Abogados pide la libre absolución de Luis Pineda porque todo ha sido montaje generado por Villarejo a sueldo del BBVA
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19/3/2021 01:00
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Actualizado: 19/3/2021 08:47
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Luis de las Heras, del despacho Durán & Durán Abogados, solicitó ayer la libre absolución de Luis Pineda porque todo el proceso contra su cliente fue generado por una denuncia anónima, elaborada por el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, que había sido contratado por el BBVA a través de su empresa CENYT, y que fue entregada en febrero de 2014 ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Dicha denuncia fue la que desencadenó, un año después, la «operación Nelson», por la que Pineda y el líder del sindicato Manos Limpias, Manuel Bernad, fueron detenidos.
Miguel Durán, socio director de este despacho, solicitó, al comienzo de este juicio, en enero de 2020, la nulidad del mismo porque la instrucción partió de una denuncia anónima falsa de Villarejo, a sueldo del BBVA, para destruir a Ausbanc, entidad de la que era presidente Pineda.
El origen de la causa es «espuria», argumentó entonces, porque la entidad bancaria «se sirvió de estructuras policiales y parapoliciales» para acabar con Pineda, quien era «martillo de herejes» contra prácticas bancarias abusivas».
De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instruye actualmente una causa, denominada «pieza 9» de la «Tándem», centrada en el BBVA en la que figuran como investigados el propio Villarejo –por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción de los negocios–, el expresidente del BBVA, Francisco González, el exjefe de seguridad del banco, el excomisario Julio Corrochano, su sustituta, Inés Díaz Ochagavia, el consejero delegado del BBVA hasta 2015, Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano y el director de la Red Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero, entre otros. El propio BBVA está imputado como persona jurídica.
Pineda es acusación particular en esa «pieza 9».
TODO COMENZÓ CON UNA INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA
De acuerdo con De las Heras, la UDEF realizó una investigación prospectiva, prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, con anterioridad al 2 de febrero, lo que ha generado un procedimiento totalmente artificioso «derivado de un montaje puramente policial, auspiciado por quien fue o encarnó la acusación particular, el BBVA, que fue quien contrató al Grupo CENYT, dirigido por un comisario de policía en activo que fue quien generó todo».
El abogado también argumentó que se han «manipulado y alterado las grabaciones intervenidas por parte de la policía actuante, que, además, intentó incorporar fuentes de prueba en entradas y registros alterados, aportando de forma unilateral documentos manipulados atribuidos falsariamente a terceras personas».
Por ello, entiende que lo que se ha producido es una vulneración clara y evidente del artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva, por infracción del principio del juez predeterminado por la ley.
De las Heras invocó también el artículo 746.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que es causa de suspensión las “revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria”, que fue causa justificada de suspensión de juicio oral. Tal como Durán planteó al principio del mismo.
«La ‘Diligencia de Entrega de Testimonios’ de 9 de marzo de 2021 de la Pieza Separada número 9 de las Diligencias Previas 96/2017 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción 6 para aportarlos a este proceso así lo exige, pues, de lo contrario, se produce una lesión fundamental del artículo 24 de la Constitución y del 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», subrayó de Las Heras, antes de pedir nuevamente la libre absolución.
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA
El fiscal del caso, José Perlas, por su parte, imputó a Pineda un delito de organización criminal en calidad de dirigente, 16 delitos continuados de extorsión, tres delitos más de extorsión y ocho delitos de extorsión en grado de tentativa. A esto sumó el delito de estafa, el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo de capitales. La multa que solicita para él es de 10,3 millones de euros.
Y solicitó 116 años, 2 años menos que los pedidos al comienzo del juicio al pasar la calificación de extorsión consumada a extorsión en grado de tentativa.
Esa modificación no afecta a los diez encausados restantes.
La Fiscalía mantuvo la petición de 25 años de cárcel para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, por los supuestos delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa.
Para la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la representación de Manos Limpias en el caso ‘Noos’, el fiscal pidió una pena de doce años de prisión por los delitos de organización criminal en calidad de integrante, dos delitos continuados de extorsión y un delito en grado de tentativa.
Para los otros siete procesados, Perals rebaja también levemente las penas. En concreto, para el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé Gil pide 34 años y 6 meses de cárcel y para el adjunto a la presidencia de la asociación Ángel Garay, 32 años y 6 meses.
En cuanto a los miembros de la junta directiva de la marca de Pineda, el fiscal solicitó para María Teresa Cuadrado, 19 años de cárcel, para María Manuela Mateos, 64 años de cárcel, y para María Isabel Medrano, 60 años.
Por otro lado, interesó para la jefa de gabinete de Ausbanc, Rosa Isabel Aparicio, 46 años de cárcel y para el director de publicaciones de Ausbanc, Luis María Suárez Jordana, 16 años.
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