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El Defensor del Pueblo ya investiga la polémica prueba de ortografía de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional

La CEP le pidió amparo ante las "numerosas quejas" recibidas por opositores relativas a las características del examen"El fin último de la prueba no puede ser la habilidad memorística, sino el conocimiento de las normas ortográficas y gramáticas", subraya el secretario general de la CEP, Víctor Vigil, quien también denuncia "una anomalía detectada en Granada, una de las sedes elegidas para examinar a los candidatos"; en la imagen el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Foto: EP
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El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio para reclamar a la Dirección General de la Policía información sobre los criterios que orientaron el diseño de la prueba de ortografía del proceso de oposición para el ingreso en Policía Nacional por la Escala Básica, celebrada el pasado 6 de marzo.

Así lo ha informado a la Confederación Española de Policía (CEP), que el pasado 10 de marzo le pidió amparo ante las «numerosas quejas» recibidas por opositores que la realizaron.

La CEP expuso en su denuncia que el 29 de agosto de 2020, en plena pandemia, fue publicada la convocatoria de la oposición para el ingreso de nuevos policías en el Cuerpo y que, entre las diferentes pruebas de este proceso está la que mide los conocimientos de ortografía, consistente en “la contestación por escrito a un cuestionario para evaluar la capacidad ortográfica» del opositor.

Retrasada por motivos sanitarios, la prueba tuvo lugar el 6 de marzo y consistió en determinar cuáles de las palabras incluidas en un listado de cien figuraban o no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, estableciendo para ello un tiempo límite de ocho minutos.

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La CEP indicó en su denuncia que este tipo de examen “si bien puede medir la riqueza léxica de los opositores, en ningún caso puede configurarse como indicador fiable de sus conocimientos ortográficos, pudiendo darse la paradoja de que un futuro policía conozca perfectamente si una palabra tiene entrada o no en el citado diccionario y, por el contrario, sea incapaz de escribirla correctamente”.

Y concluía que “se ha exigido, en definitiva, no un conocimiento ortográfico, sino el dominio de una mecánica memorística en relación con palabras que aparezcan o no en la citada referencia bibliográfica”.

La CEP señala que “este enfoque, como resulta evidente, desnaturaliza el objetivo de la prueba y condiciona el perfil de los opositores”.

La Confederación Española de Policía también informó al Defensor del Pueblo de una «una anomalía detectada en Granada, una de las sedes elegidas para examinar a los candidatos», denunciada por los opositores.

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Según ha señalado a Confilegal el secretario general de la CEP, Víctor Vigil, en esa sede, los aspirantes a policía hicieron la prueba de ortografía unas dos horas más tarde que en el resto de España, «pudiendo de esta forma no solo comprometer la seguridad del proceso, sino fomentar desigualdades entre sus participantes dependiendo de la ciudad en la que se examinaran».

Otra queja relacionada con este «polémico proceso» tiene que ver con el hecho de que «se hubiesen difundido las respuestas de la prueba cuando alguna de las sedes en las que se realizaba todavía tenía a opositores haciéndola».

La Confederación Española de Policía recuerda en su petición al Defensor del Pueblo que el artículo 103 de la Constitución obliga a la Administración pública a servir con objetividad los intereses generales y a actuar de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación, entre otros, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, tal y como se establece, además, en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público.

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La CEP denuncia que lo ocurrido con esta oposición es «una muestra de quiebra del principio de igualdad entre candidatos que se someten a las pruebas de este proceso selectivo, al haber dispuesto algunos de ventajas objetivas en función de la sede en donde realizaban la prueba de ortografía, de tal forma que pudieron tener acceso a lo que se preguntaba y a las respuestas correctas”.

En cuanto al contenido de la prueba, insiste en que «no se ajustó al objetivo declarado, y por tanto pretendido, de conocimiento de ortografía, sino a una mera clasificación de palabras en cuanto a su presencia o no en el diccionario de la RAE, no pareciendo esta prueba un ejemplo, precisamente, de adecuación entre fines y medios”.

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La CEP ha pedido al Defensor del Pueblo «que tome cartas en el asunto y acabe de una vez por todas con las constantes polémicas surgidas en los procesos selectivos de ingreso en la Policía Nacional».

Celebra que el Defensor del Pueblo haya atendido su petición y «haga que este proceso selectivo sea más transparente y objetivo».

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