La casa en la que irrumpieron los seis agentes de la Policía Nacional con un ariete, sin orden judicial alguna, no era un piso turístico. Era una vivienda arrendada por un año por un ciudadano de la Unión Europea como domicilio, quien fue detenido la noche del 21 de marzo pasado en esa operación.
De acuerdo con el contrato suscrito, de 10 folios, al que ha tenido acceso Confilegal, el piso, situado en la calle Lagasca de Madrid, en el céntrico barrio de Salamanca, fue suscrito por un ciudadano de Países Bajos, en representación de su empresa, el 22 de enero pasado por un año.
Hasta el 22 de enero de 2022.
El alquiler mensual pactado fue de 1.650 euros mensuales, que se actualizará al año siguiente según el IPC, si las dos partes acordaran prolongar el contrato. En el mismo se estipuló una fianza de 3.000 euros (dos mensualidades) como condición previa para la firma del mismo, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
«El objeto del arriendo del presente contrato lo constituye el piso-vivienda sita en Calle Lagasca (…), Madrid, y se destina exclusivamente a vivienda del arrendatario y para la permanente ocupación de él», dice el punto segundo del contrato.
«Si entrare a convivir con el arrendatario una tercera persona ajena del ámbito familiar directo en primer grado, lo deberá comunicar por escrito a la propiedad, y, en caso de no aceptación por parte de este, supondrá la extinción del contrato», añade.
El pago de la renta se tiene que hacer por adelantado, «dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante transferencia bancaria a la cuenta (…) de Ibercaja», se puede leer en el contrato.
Fuentes del Ministerio del Interior avalaron hoy la irrupción de los seis policías en la casa del ciudadano de Países Bajos la madrugada del 21 de marzo pasado mediante un ariete argumentando que se trataba de un piso turístico. Un error quizá inducido por la existencia de pisos turísticos en ese mismo bloque de viviendas.
Había pisos turísticos, pero este, en el que irrumpieron, no lo era.
La existencia de este contrato cambia por completo el escenario legal que se estaba manejando mediante el cual se venía a afirmar que al ser un piso turístico no era aplicable el artículo 18 de la Constitución que garantiza la inviolabilidad del domicilio.
El arrendador de este piso fue detenido, junto con 8 personas más, y conducido a la Comisaría, acusados de desobediencia grave a la autoridad por haberse negado a abrir la puerta de su casa. La Policía Nacional, armada de un ariete, tiró abajo la puerta y entró a la fuerza.
