La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de cárcel y multa de ocho meses con una cuota diaria de nueve euros a un hombre por un delito continuado de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
En la sentencia 11/2021, 22 de marzo, contra la que no cabe recurso, el tribunal, formado por María del Carmen Borjabad García -presidenta-, María Victoria Guinaldo López -ponente- y Eugenio Rubio García, consideran probado que el contable se apropio de más de 132.000 euros aprovechándose de su puesto en un despacho de un procurador de Salamanca.
El acusado realizaba operaciones de gestión de cobros e ingresos en la cuenta bancaria abierta a nombre del procurador para uso profesional y de gestión de pagos a clientes y a profesionales desde la misma cuenta bancaria, para lo cual el acusado confeccionaba a mano los distintos cheques, realizaba las anotaciones oportunas en el talonario y otorgaba el número de expediente de infles que le correspondía, llevando asimismo la contabilidad del despacho profesional.
Así, según se recoge en la sentencia, «movido por el ánimo de ilícito enriquecimiento, aprovechó las funciones que tenía encomendadas para emitir durante los años 2017 y 2018 numerosos cheques a su propio nombre en los que había estampado el sello del despacho profesional del procurador, escribiendo dentro de él un número de expediente que no requería ningún pago, y finalmente, falsificando la firma del procurador procediendo a ingresar tales cheques en su propia cuenta bancaria, abonándose la totalidad de los referidos cheques mediante el sistema de compensación bancaria, logrando de esta forma incorporar a su propio patrimonio un total de 132.467,50 euros».
En su declaración como investigado reconoció los hechos y ha reintegrado al procurador la totalidad del dinero indebidamente apropiado.
Como consecuencia de ello, la acusación particular renunció expresamente al ejercicio de las acciones civiles y penales al haber sido resarcido de todas las responsabilidades civiles ocasionadas por los hechos denunciados.
La Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años y condicionado a la no comisión de nuevos delitos dentro de dicho plazo.
