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El juicio contra Bárcenas por la caja «b» del PP encara su recta final

En el juicio se dilucida si existió una caja b en el PP y si Luis Bárcenas se quedo con dinero de esa caja b.
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El juicio por el presunto uso del dinero de la caja ‘b’ del PP, como el pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido o la compra de acciones de Libertad Digital, encara esta semana su recta final con las conclusiones de las partes y los primeros informes de las acusaciones.

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado sesiones este miércoles y jueves para que la Fiscalía, Abogacía del Estado, acusaciones populares y defensas manifiesten su petición de pena para los acusados.

El tribunal tiene previsto que este trámite se realice el 5 de mayo y comenzar al día siguiente con la exposición de informes, momento en el que cada una de las partes defenderán qué hechos han quedado acreditados durante el juicio.

Lo que se dilucida en el juicio son tres hechos: Primero, si existía y funcionaba una caja B en el PP; segundo, si el PP pagó con dinero negro de la mencionada caja B –dinero aportado por empresarios en forma de donativos, ajenos a la contabilidad oficial– las reformas que llevó a cabo entre 2005 y 2010 en su sede la madrileña calle Génova por valor de 900.000 euros; tercero, si el PP dejó de declarar el impuesto de sociedades de 2008; y cuarto, si el gerente y el tesorero del partido –Álvaro Lapuerta, fallecido– y Luis Bárcenas, se apropiaron de dinero de la caja B del partido.

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Junto a Bárcenas se sientan en el banquillo de los acusados Cristóbal Páez Vicedo, exgerente del PP, para el que Fiscalía solicita 17 meses de cárcel por los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, y los arquitectos de la empresa Unifica, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba y Belén García García, quienes llevaron a cabo la obra, para los que el Ministerio Fiscal pide 3 años y 10 meses por un delito de falsedad documental y 2 por un delito contra la Hacienda Pública; supuestamente cobraron una parte del dinero en A y otra en B, emitiendo en el proceso «documentos ficticios y mendaces para dar cobertura» a las operaciones mercantiles.

Antes de comenzar con las conclusiones, la defensa del PP ha solicitado a la Sala que se reproduzca la declaración que prestó en instrucción el extesorero ‘popular’ Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad quedó archivada por demencia sobrevenida en 2016, dos años antes de fallecer.

Así, se conocerá si la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de pena de cinco años de prisión para el extesorero del PP Luis Bárcenas o modifica su solicitud al tener en cuenta la disposición de éste a colaborar con la Justicia.

Lo mismo ocurrirá con las acusaciones populares, quienes provisionalmente han solicitado penas de cárcel mucho más elevadas.

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CARTA DE BÁRCENAS A ANTICORRUPCIÓN

Antes del inicio de la vista oral, Bárcenas –condenado a 29 años y un mes por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005)– remitió un escrito a Anticorrupción revelando que muchas de las donaciones de empresarios que recibió la formación política fueron a cambio de adjudicaciones públicas, si bien ello aún sigue en investigándose en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Pero en dicha carta, y así lo manifestó también durante su declaración como acusado, también afirmó que la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid se pagó con dinero procedente de la caja ‘b’ de la formación y por ello el investigado Gonzalo Urquijo, socio de Unifica –empresa que realizó la reforma–, aparece en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

Explicó que de la contabilidad paralela salieron fondos para que Lapuerta comprara acciones de Libertad Digital, cuyo dinero nunca fueron devueltos a la caja ‘b’.

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Y además, aseguró que de la caja no oficial salieron «complementos salariales» para altos cargos del partido.

Apuntó directamente al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado, Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo de haber recibido ‘sobresueldos’.

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Todos ellos han declarado en este juicio como testigos, al igual que el expresidente del Gobierno José María Aznar, y negaron rotundamente las afirmaciones hechas por Bárcenas.