Firmas
Cartas desde Londres: Daños, leche e infracciones en materia de competencia (III)
La Court of Appeal está en el centro neurálgico de la columna de opinión de Josep Gálvez.
01/6/2021 06:47
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Actualizado: 06/7/2022 18:25
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Y así lo dejamos la semana pasada. Le tocaba resolver a la “Court of Appeal” sobre si la reclamación de los criadores franceses de pavos por los daños sufridos por la revocación de la licencia a manos del Ministro británico tenía encaje en el derecho inglés bajo el tradicional sistema de indemnización por daños extracontractuales (“torts”).
Pues va a ser que no, según la “Court of Appeal” en “Bourgoin S.A. v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food [1985] EWCA Civ J0729-3”.
En primer lugar, la mayoría del tribunal declaró rotundamente y por unanimidad que -ojo– no toda infracción del derecho comunitario conlleva un “tort” del que se derive una acción para reclamación una indemnización.
Es más, la “Court of Appeal” (con opinión disidente de Lord Oliver of Aylmerton) consideró que, si bien era cierto que el Ministro incumplió un deber legal (“breach of statutory duty”) de una norma comunitaria, no obstante esa conducta no era suficiente como para otorgar un derecho a reclamar a los demandantes.
En efecto, según el tribunal, para poderse otorgar una acción por daños, sería necesario que el Ministro hubiera actuado con “abuso de poder” y no “un simple quebrantamiento” del entonces artículo 30 del Tratado comunitario.
Además, para la “Court of Appeal”, si existiera una infracción por el Ministro, según el derecho inglés se tendría que acudir a la jurisdicción de derecho público, a través del “judicial review” y no mediante una acción de derecho privado por daños.
Finalmente y, como colofón, el tribunal añadió que la opinión de Lord Denning en el asunto “Application des Gaz SA v Falks Veritas Ltd” pues que muy bien oigan, pero como era “obiter dictum”, no tiene ningún poder vinculante para la “Court of Appeal”.
La sentencia dejó a los demandantes completamente noqueados, un equivalente jurisprudencial a cuando “The Gov’nor” sacó literalmente a “Pretty Boy” Shawn del cuadrilátero de un puñetazo.
“Voilà”, el Ministro ganaba el último y definitivo combate contra los franceses, como si de un segundo Trafalgar se tratara.
Así que nada más, muchas gracias y “au revoir”.
¿LA REVANCHA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO?
Lógicamente, la euroescéptica sentencia sentó como una patada en los higadillos en las instituciones comunitarias, empezando por su Tribunal de Justicia, generando una importante polémica en la comunidad jurídica tanto del Reino Unido como en el resto de países de la Comunidad.
¿Cómo era posible que el prestigioso tribunal de apelación inglés, a pesar de reconocer el grosero incumplimiento por el Ministro del derecho comunitario, no permitiera ni interponer una reclamación por los daños derivados de tal conducta (“a tortious cause of action”)?
En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se apuntó la sentencia británica en su lista y tomaría su revancha en noviembre de 1991 en el célebre asunto Francovich and Bonifaci v Republic of Italy (1991) C-6/90.
Así es: la sentencia “Francovich” estableció que los daños por incumplimientos del derecho comunitario deben poder ser reclamados por los particulares ante los tribunales nacionales, de tal manera que los Estados miembros de la Unión Europea podían ser responsables del pago de una indemnización a aquellos que sufrieran daños.
Sin duda, los miembros del tribunal europeo tenían a sus colegas británicos en el retrovisor cuando escribían la sentencia “Francovich”, poniendo en negro sobre blanco la hoja de ruta a seguir en materia de daños indemnizables.
Las implicaciones en materia del “private enforcement” por infracción del derecho de la competencia en el Reino Unido y en el resto de los países miembros serían evidentes, siendo corroborado además por el asunto “Factortame” que vimos en alguna otra ocasión.
…Y DESPUÉS DE LA LECHE Y LOS PAVOS, ¡CERVEZA!
Siguiendo aquel criterio de la Cámara de los Lores en “Garden Cottage Foods v Milk Marketing Board” y abierto ya el camino por el Tribunal de Justicia europeo para la reclamación por daños, el siguiente paso para permitir la “aplicación privada” por infracción del derecho de la competencia bajo derecho de Inglaterra y Gales vendría de la mano del asunto “Courage Ltd v Crehan”.
Ese mismo 1991, mientras la URSS se desmontaba como un castillo de naipes, el empresario hostelero Sr. Bernard Crehan firmaba con la compañía Inntrepreneur Estates Ltd el arrendamiento de dos pubs en la pintoresca localidad de Staines-upon-Thames por un plazo de 20 años.
Aunque al principio la relación de arrendamiento parecía ir bien, transcurridos dos años, el negocio iba en picado para Crehan ya que los pubs cercanos podían vender la cerveza más barata, por lo que finalmente tuvo que cerrar el negocio.
Y es que, según el acuerdo suscrito, Crehan tenía la obligación de comprar la cerveza exclusivamente a la compañía Courage Ltd, negocio que poseía el 19% de las ventas de cerveza de todo el Reino Unido.
Total, que Courage acabó demandando al Sr. Crehan por impago de unas cantidades de cerveza entregadas a los pubs, reclamando el abono de la deuda pendiente, un total de 15.226 libras esterlinas.
Por su parte, los abogados del Sr. Crehan -que de tontos no tenían un pelo- se opusieron a la demanda alegando la ilegalidad de la cláusula de compra exclusiva contenida en el contrato de arrendamiento por su incompatibilidad con el artículo 81 del Tratado de la CE, que prohibía prácticas y acuerdos contrarios a la competencia.
Por si esto fuera poco, además, reconvinieron contra Courage, reclamando una indemnización por los daños sufridos ya que otros arrendatarios que no estaban vinculados por la cláusula de exclusividad compraban la misma cerveza a Courage a un precio sensiblemente inferior y obtenían una mayor rentabilidad.
“Toma, Moreno”, que diríamos en términos rockefellianos.
DE NUEVO ANTE LA “COURT OF APPEAL”
Pues bien, abordada así la situación, el asunto “Courage” planteaba una cuestión jurídica de cierta dificultad ya que, según el derecho tradicional inglés, una parte en un acuerdo ilegal no puede reclamar a la otra daños y perjuicios por la pérdida que le ha causado, precisamente, por ser parte de ese acuerdo ilegal.
De tal manera, la “High Court” dio inicialmente la razón a la compañía Courage Ltd, al entender que la reclamación por daños del arrendatario no tenía fundamento en el derecho inglés, por lo que el Sr. Crehan tuvo que recurrir ante el tribunal de apelación inglés.
Sin duda, cuando el asunto llegó a la “Court of Appeal”, el asunto Bourgoin, el que había mandado a los franceses a hacer crêpes a su casa, volvía a planear ante el tribunal de apelación británico.
¿Qué creen ustedes que dijo el tribunal de apelación en el asunto “Courage”?
Y así lo dejamos hasta la semana que viene.
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