El Gobierno asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no ha puesto en ningún momento en cuestión la falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE, sino que, a través de su sentencia de marzo de 2020, lo que expresó fue su preocupación por el uso abusivo de la temporalidad por el sector público español».
Así se expresa el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta por escrito a la pregunta formulada el pasado 4 de mayo por el senador de Compromís Carles Mulet. El Gobierno no reconoce estar incumpliendo la Directiva, tal y como expresa en el texto con fecha de 3 de junio, que se ha conocido hoy.
«El mandato de la sentencia del TJUE, por ese motivo, pasa por encomendar a las autoridades españolas la introducción de ‘medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar, el uso abusivo de la temporalidad'», afirma.
Precisamente, agrega, «en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el ministro de este Departamento».
Respecto a procesos selectivos y una posible indemnización, que plantea el TJUE en el punto 3 de dicha sentencia, el Gobierno responde que deben ser los jueces españoles quienes resuelvan este problema y definan la sanción a plantear. Vuelve a hablar de la figura de indefinidos no fijos, que la propia sentencia del TJUE de 20 de marzo no ve como adecuada o una indemnización equivalente al despido improcedente.
En concreto, indica que «debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en ‘indefinidos no fijos’ y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición».
Carles Mulet cree que la respuesta «es más de lo mismo. El Gobierno vuelve a interpretar a su conveniencia las sentencias del TJUE, sin dar datos concretos ni compromisos de lo que hará pese a que el ministro Miquel Iceta se comprometió en abril a presentar un plan de choque para frenar la temporalidad este mes de junio».
Sindicatos mayoritarios y algún que otro senador han pedido que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) se retire. Al mismo tiempo las negociaciones en la mesa en la que está el Ministerio y sindicatos sigue detenida y no se sabe cuándo se va a reanudar.
A juicio de este senador, “el Gobierno da una patada hacia adelante con esta respuesta pero deja sin resolver el problema dejando en manos de los juzgados españoles como interpreten el posible abuso que haya en cualquier administración del país”.
En su opinión, “es importante que el ministro Iceta aclare lo que va a hacer realmente y en qué está pensando para resolver un problema que afecta a más de 800.000 profesionales y a sus familias y que no sería lógico que se judicializara totalmente, como parece que pudiera pasar en las próximas semanas”.
Esta respuesta se contradice con las propias declaraciones de Iceta en el Senado que públicamente ya dijo que algo se había hecho mal en materia de funcionarios interinos y abuso de temporalidad y que habría que buscarle una solución.
“En esta contestación no se habla para nada de plazos ni de la actividad concreta de Iceta y su equipo sobre este tema. Solamente se señala de forma escueta que una frase que señala que en esa línea trabaja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ya ha señalado en numerosas ocasiones el Ministro de este Departamento”, destaca Mulet.
Respecto a la alusión que hace en dicha respuesta sobre los tribunales nacionales, Mulet reconoce que hasta ahora nuestros jueces han sido un apoyo improvisado a las tesis del Gobierno en materia de interinidad, “ahora con lo que establece la ultima sentencia del TJUE veremos si nuestros tribunales siguen en sus criterios o los modifican”.
