Organizaciones sindicales se movilizan para evitar el despido de 1.500 interinos del SEPE que colapsaría su actividad
1.000 cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre y los 500 restantes terminarán su relación contractual el 31 de diciembre. Foto: EP.

Organizaciones sindicales se movilizan para evitar el despido de 1.500 interinos del SEPE que colapsaría su actividad

Fueron contratados como refuerzo ante la avalancha de expedientes generados por la pandemia
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25/6/2021 13:27
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Actualizado: 25/6/2021 13:27
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El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha comunicado la decisión de prescindir de los 1.500 interinos que se contrataron para reforzar el organismo ante la avalancha de expedientes generados por la pandemia del Covid-19.

En concreto, 1.000 cesarán entre el próximo 30 de junio y el 30 de septiembre y los 500 restantes terminarán su relación contractual el 31 de diciembre.

La salida se producirá en pleno desarrollo legislativo para reducir la temporalidad en el mercado laboral español, el que tiene mayor tasa de este tipo de contratación en Europa, con la Administración como principal agente. Una negociación que encabeza el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

La plantilla del SEPE asciende a 7.000 personas, un personal que como han advertido a lo largo de los últimos meses es insuficiente para el volumen de servicios que deben prestar.

La decisión de dar salida a 1.500 ha generado un enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social que pidió su renovación frente a Hacienda y Función Pública, este último busca ahora el consenso con autonomías y sindicatos para reducir la temporalidad del 30,2% actual al 8% que pide Bruselas.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en las organizaciones sindicales. Desde CCOO se explica a Confilegal que «las cargas de trabajo siguen siendo enormes, a fecha de hoy el SEPE gestiona casi un 400% más de solicitudes en relación a las existentes en mayo de 2019 y su plantilla quedaría por debajo de la que tenía en dicha fecha si se consuma el despido o cese de estas 1.000 personas».

También se señala que el ahorro que supone este recorte es ridículo teniendo en cuenta los fondos que maneja este organismo.

Otra cuestión que se indica es que la pérdida de 1.000 efectivos va a provocar cierres de centros de trabajo, tendrá un impacto trascendente retrasando de forma severa el reconocimiento de derechos económicos por prestación por desempleo, propiciará pérdidas de calidad en la gestión e imperfecciones cuyo coste va a estar sensiblemente por encima de lo que se pretende ahorrar

También señalan que obligará a un punto de inflexión en materia de relaciones laborales, abriendo un periodo de conflicto y de confrontación laboral.

En la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con su subsecretaria Gemma del Rey y con el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, quedó de manifiesto que la decisión se adopta en contra del criterio del organismo y del Ministerio y se arrancó el compromiso de frenar esta decisión antes de que la misma se consolidase el próximo 30 de junio.

Desde CCOO se insiste en que son muy pocos los días que quedan para evitar una de las mayores torpezas que en materia de empleo se han podido cometer en la Administración General del Estado en los últimos decenios.

El SEPE se desmantela

Si finalmente los despidos se realizan, si la voluntad del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se revisa, muy probablemente estemos ante el desmantelamiento definitivo del organismo que ha venido encargándose del pago de las prestaciones por desempleo desde el arranque de la democracia en este país.

La Sección Sindical Estatal de CCOO en Trabajo y Migraciones se ha personado esta mañana en el Ministerio de Hacienda, exigiendo una reunión con la ministra, María Jesús Montero, en el ánimo de evitar una decisión que pondrá en clave de colapso completo al organismo, con graves repercusiones para la ciudadanía, con un conflicto que puede resultar peligroso y sin que se pueda entender cuáles son los motivos que justifican semejante decisión.

Desde CCOO se indica que con la decisión que se adopta en las resoluciones antes mencionadas, y en lo que se refiere a plantilla presente en esos dos mismos momentos, se pondría de manifiesto que «para dar salida a un volumen de solicitudes cuatro veces superior, contaríamos hoy con menos efectivos de los que se tenían en julio de 2019. El resultado entra dentro de claves grotescas, incluso cómicas si no fuera por las consecuencias que arrastra».

Una de las consecuencias de dicha medida calificada como «severo recorte de plantilla» que conlleva la decisión de su Dirección General de Costes de Personal supone la necesidad inmediata de proceder a cierre de unidades de atención al público al quedar las mismas completamente desnudas de efectivos.

También se recuerda que los costes que conlleva este grupo de trabajadores son ridículos comparados con el volumen de recursos económicos que están gestionando. «El ahorro formal de su cese o despido es una falacia, con absoluta seguridad, las dificultades e imperfecciones en la gestión que provocarán este recorte de plantilla, superarán con creces lo que se pretende ahorrar».

Convocar una oferta de empleo extraordinaria

Por su parte, desde CSIF también se manifiesta su rechazo a esta decisión que supone prescindir de cerca del 20% de la actual plantilla, lo que pondrá en serio riesgo la viabilidad ante la carga de trabajo que se tendrá que repartir sobre las espaldas de los/as trabajadores.

Además, recuerdan que el cese de los primeros 500 efectivos se produce el día anterior a que se inicie el periodo vacacional de buena parte de la plantilla de este organismo, con lo que la gestión de las prestaciones en un significativo número de unidades puede verse comprometida.

A lo largo de las últimas semanas, desde CSIF, se han dirigido de manera reiterada al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para mostrar nuestra profunda preocupación por la continuidad de los interinos en el SEPE, «no habiendo recibido respuesta a ninguno de nuestros requerimientos por parte de su directora general».

En este sentido, censuran además la inacción y la falta de responsabilidad de la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que la situación por la que atraviesa el SEPE es tremendamente compleja y delicada. La carencia de recursos humanos en el SEPE es alarmante.

Por todo ello, plantean la convocatoria de una oferta de empleo pública extraordinaria y específica para paliar el déficit estructural del SEPE, ya que en los últimos diez años se han perdido cerca de 3.400 efectivos por las políticas de recortes.

Urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el Covid y la más que probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales.

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