Gobierno y sindicatos mayoritarios del sector público llegan a un acuerdo sobre cómo reducir la temporalidad de los interinos
Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF dan el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo. Foto: EP.

Gobierno y sindicatos mayoritarios del sector público llegan a un acuerdo sobre cómo reducir la temporalidad de los interinos

El objetivo, que busca reducir el ratio de temporalidad del 30% al 8% en los próximos tres años, no convence a interinos ni a autonomías
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05/7/2021 19:42
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Actualizado: 05/7/2021 19:42
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En el acuerdo que han suscrito esta tarde Gobierno y sindicatos mayoritarios se incluye la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años y una indemnización de 20 días por año trabajado para quien no supere las oposiciones.

Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en este proceso de estabilización habrá 300.000 interinos, cifra muy alejada de la situación actual que señalan desde los propios colectivos de interinos que lo cifran en 900.000 profesionales en fraude de ley.

Así se recoge en el acuerdo que han cerrado esta tarde. Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF dan el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo, que el pasado día 30 de junio planteó esta compensación.

Lo hizo dos días después de la sentencia del Tribunal Supremo que establecía que los interinos pasarían a indefinidos si transcurrían tres años de contrato sin que se hubiera resuelto el proceso de selección.

Así, el pasado viernes, CSIF constató “avances” hacia el acuerdo en esta materia y apuntó que se ha incluido la posibilidad de hacer otro nombramiento de interinidad si el proceso de estabilización queda desierto, la garantía de que los interinos podrán permanecer en sus puestos mientras dure ese proceso y sanciones para las administraciones que abusen de la temporalidad.

Es previsible que este martes el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley, del que no se conoce aún su contenido final, y que se ha estado negociando hasta la misma tarde de este lunes.

Desde el momento de su publicación en el BOE estará vigente aunque con posterioridad habrá que convalidarse en el Congreso en los siguientes treinta días.

Habrá que estar, por tanto, muy pendiente del BOE y de la redacción final de la propuesta. Una propuesta muy opaca desde sus inicios.

Como ya conocen los lectores de Confilegal, esta reforma ha sido objeta de críticas por parte de las comunidades autónomas, que la ven insuficiente y que incluso han reclamando un fondo económico para el caso de que tengan que pagar indemnizaciones.

En cuanto al colectivo de interinos, creen que dicha reforma, para la que no han sido consultados pese a los intentos que han hecho por estar en contacto con el ministro Miquel iceta y el secretario de Estado, Víctor Francos, está muy alejada de la doctrina comunitaria y solo generará más paro en este colectivo, muchos de los cuales están en fraude de ley desde años.

De ahí que en estos últimos días haya pedido su retirada por no satisfacer las demandas de estos más de 800.000 profesionales en fraude de ley.

Reducir la temporalidad

El objetivo de la reforma, como ya comentó Iceta en su comparecencia en el Senado el pasado mes de abril, es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en todo el empleo público en el plazo de tres años, si bien la situación de partida es más desfavorable en las comunidades autónomas, que cuentan con una tasa de interinidad superior al 30 %.

El acuerdo supone abrir un proceso de estabilización al que se incorporarán todas las plazas cubiertas por interinos de manera ininterrumpida al menos durante 3 años a 31 de diciembre de 2020 en cualquier administración pública.

En este acuerdo también se ha incluido un compromiso de incorporar convocatorias extraordinarias de oposiciones, específicamente diseñadas para cubrir los actuales puestos ocupados por eventuales y que desde hace años no son sometidos a concurso público.

Este proceso supondrá la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal. En este sentido, todos los procesos de estabilización deberán estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

En paralelo a ese derecho indemnizatorio, el último borrador también incorpora que cada administración u organismo pueda crear una bolsa de interinos, similar a la que rige en sectores como la educación, para llamarlos con carácter prioritario para una sustitución una vez se quede una plaza vacante.

De cara a ese 31 de diciembre se pide a las diferentes administraciones agilizar los procesos selectivos, con la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio.

Los interinos que no consigan hacerse con la plaza que están ocupando se irán con una compensación de 20 días por año trabajado, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral, aunque en este último caso, al regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recibirán la indemnización de 12 días por fin de contrato más una compensación hasta llegar los 20 días en total.

Para la adjudicación de estas plazas, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, a través de concurso-oposición.

Unas pruebas eliminatorias que previsiblemente, según nos comentan desde varias asociaciones de interinos dejarán a muchos profesionales en la calle.

Sin embargo, en el último borrador del acuerdo se añade que la fase de concurso tendrá una valoración del 40% y en ella «se tendrá en cuenta la experiencia del empleado, especialmente la acumulada y desempeñada en el puesto o plaza objeto de la estabilización».

Estos nuevos criterios también serán aplicables a las oposiciones para movilidad interna o promoción de funcionarios ya con plaza.

Las personas que no superen el proceso selectivo, aunque se marchen con la indemnización, se podrán integrar en bolsas de empleo de interinos específicas o en las bolsas ya existentes.

Para vigilar que se cumplen todos los términos del pacto, el ministerio y los sindicatos crean una comisión de seguimiento «con el compromiso de estar especialmente vigilante con el correcto desarrollo del mismo en todos sus apartados, especialmente en los procesos de estabilización y lo contemplado en la modificación del TREBEP».

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