La AF reitera que "la búsqueda de la verdad histórica debe realizarse a través de los órganos administrativos del Estado, al margen del proceso penal" y que la creación de una Fiscalía de Sala resulta "absolutamente innecesaria".
La AF espera que Bolaños estudie y tome en consideración los informes críticos al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
Ante las críticas que ha suscitado el Anteproyecto, la AF ve razonable que el nuevo ministro de Memoria Democrática "revise" el texto de su predecesora
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16/7/2021 10:35
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Actualizado: 16/7/2021 10:35
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La Asociación de Fiscales (AF) comprende que el nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya decidido no llevar al Consejo de Ministros de esta semana el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, pues, a juicio de esta asociación, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, el texto «prescinde de principios básicos de la Constitución Española, como son el de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, e irretroactividad de lo no favorable».
La AF ve razonable que el nuevo ministro «revise» el texto de su predecesora, Carmen Calvo, y espera que «estudie y tome en consideración los informes críticos con este Anteproyecto.
Así lo señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, y recuerda que el texto del Anteproyecto ha sido objeto de críticas por parte de los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, que formularon un voto particular discrepante, y también por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Bolaños presidió ayer por primera vez la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano encargado de coordinar la acción del Ejecutivo y preparar los asuntos que se llevan al Consejo de Ministros de los martes, que hasta ahora presidía la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, de la que ha heredado la Ley de Memoria Democrática.
Su predecesora tenía previsto llevar el Anteproyecto al Consejo de Ministros de esta semana, pero el nuevo titular de Memoria Democrática ha decidido tomarse tiempo para estudiar bien el texto.
Ante ello, la AF reitera sus conclusiones.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
Dexeus señala que «el texto se refiere a informes como el del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, del del Relator Especial Pablo de Greiff y la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006, pero, sin embargo, sus conclusiones se basan esencialmente en los dos primeros informes».
Destaca que «el primer Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2011, De Greiff, trabajó para hacer más visibles las cuestiones relacionadas con la justicia transicional, en situaciones de transición desde un conflicto o desde un régimen autoritario durante los que se han producido violaciones graves de derechos humanos o de derecho internacional humanitario hasta un Estado de Derecho, para posibilitar ese tránsito; lo que no resulta aplicable a España, que con la Constitución de 1978 instauró un Estado de Derecho pleno de forma pacífica».
Pero, además, la AF sostiene que el Anteproyecto prescinde de principios básicos de la Constitución Española como son «el de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, e irretroactividad de lo no favorable».
Y eso se refleja, según argumenta Dexeus, «en que existiendo en España una Ley de Amnistía, aprobada en 1977, que concede el perdón y el olvido, el Anteproyecto no dispone su derogación; también a existiendo una previsión constitucional de prescripción de los delitos en los plazos previstos legalmente y habiendo pasado más de 44 años de la aprobación de la Constitución, se obvie toda referencia al respecto; y que pese a que en nuestro Derecho no se incluyó el delito de lesa humanidad hasta 2004, se pretenda extender su aplicación retroactivamente».
A todo eso se suma, según explica la presidenta de la AF, «que pese a que la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria no contenga ninguna referencia a la necesidad de que se investiguen penalmente los hechos que se condenan en la propia recomendación y que, además, pondere la transición española señalando que la Ley de Amnistía facilitó el tránsito pacífico convirtiendo a España en una monarquía parlamentaria plenamente democrática, el anteproyecto se decanta por un modelo de investigación penal».
«Y lo hace disimuladamente, porque tenemos que esperar a la disposición final primera para comprobar que se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir al fiscal de Sala en materia de memoria democrática y derechos humanos, al que atribuye funciones tales como ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan, cuando se refiere a hechos producidos con ocasión de la guerra y la dictadura franquista y las violaciones de derechos humanos, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, siempre que pudieran ser constitutivos de delito», señala Cristina Dexeus.
Por tanto, según la AF, «el anteproyecto permite afirmar una cosa y la contraria o quizás más bien lo que pretende con esa indefinición interesada es desplazar la decisión sobre la oportunidad de iniciar procedimiento penal en el tema que nos ocupa hasta el Ministerio Fiscal, ofreciendo una regulación qu2 posibilita la incoación de procedimiento penal a través de las modificaciones estatutarias señaladas».
Dexeus hace hincapié en que «si lo que se pretende es realizar una investigación y una datación de los acontecimientos históricos y de los hechos de la Guerra Civil y la dictadura, debería hacerse a través de una investigación de carácter académico, que es el camino verdaderamente eficaz a fin de proporcionar a las víctimas la reparación debida, colmando su derecho a la verdad, que es un derecho de dimensión colectiva».
Señala que la Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, «realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación».
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