Miguel Borra, presidente, y Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF, mantuvieron este viernes una reunión con la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán. Foto: EP.
CSIF reclama a Función Pública que se inviertan los fondos europeos en recuperar el país y en empleo público
Confían en que los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 sean los de la recuperación y mejora de los servicios públicos
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05/9/2021 06:48
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Actualizado: 05/9/2021 06:48
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Subida salarial ante la inflación, refuerzo de plantillas, promoción interna, mantenimiento de las clases pasivas y mejora de la jubilación son algunas de las prioridades de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en función pública.
Miguel Borra, presidente, y Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF, mantuvieron este viernes una reunión con la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, para marcar prioridades en el nuevo curso político y retomar la negociación sobre condiciones laborales del conjunto de empleados públicos, tras el traspaso de esta competencia al Ministerio de Hacienda.
Los dirigentes de CSIF señalaron a la nueva secretaria de Estado su colaboración y disposición para alcanzar acuerdos que reconozcan la labor fundamental de los empleados públicos durante esta pandemia y permitan mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
En este sentido, la secretaria de Estado se ha comprometido con CSIF a fijar de manera inminente un calendario de negociación.
De cara a la inminente negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, CSIF defiende un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010, que previsiblemente se verá agravada este año como consecuencia del incremento de los precios.
Para este sindicato mayoritario de la función pública es preocupante los niveles de inflación que se estiman para este año, por encima del 3,3%, lo que desde su punto de vista tendría que traducirse en una subida similar al menos para el año que viene para frenar la pérdida de poder adquisitivos de los funcionarios.
Miguel Borra, presidente de CSIF.
En este contexto Borra y Lama señalaron la necesidad de definir planes plurianuales para recuperar ese poder adquisitivo que este colectivo viene notando en los últimos diez años. Ambos dirigentes señalaron la necesidad de darle continuidad en el tiempo a esa posible subida.
De hecho, el Gobierno haría un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022 y al menos en los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024, así como una paga compensatorio el próximo año a los pensionistas al augurar que la inflación de 2021 será más alta del 0,9% al que se han revalorizado las pensiones este año.
Así se desprende del Programa de Estabilidad 2021-2024 elaborado y remitido hace meses por el Gobierno a Bruselas, en el que se recoge el nuevo cuadro macroeconómico y la actualización de la senda de consolidación presupuestaria desde este año y hasta el ejercicio 2024, con una previsión de crecimiento del 6,5% este año y un déficit del 8,4% del PIB.
Al parecer, la nueva secretaria de Estado de Función Pública indicó a los convocantes a esa reunión que ya había un calendario de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que se quieren presentar para el próximo mes de octubre, según se desprendió de dicha conversación
En ellos hay dos cuestiones que preocupan a los empleados públicos, una la citada subida, que a juicio de CSIF debe garantizar la subida del poder adquisitivo de este colectivo de profesionales. Se cree, por tanto que mínimo la subida debería ser del 3.3%, de la inflación que se espera. Y la otra la oferta de empleo público que habría que incrementar.
El problema de la temporalidad
En esta primera reunión de trabajo que la nueva secretaria de Estado de Función Pública ha mantenido con una organización sindical surgió también, como no podía ser de otra manera, el tema de la tramitación del Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, popularmente conocido por el ‘Icetazo’ y que ahora se tramitará como proyecto de ley.
El sentimiento de CSIF es que Función Pública debería mantener el acuerdo firmado por el anterior ministro Miquel Iceta con los sindicatos. Sin embargo la convalidación en el Congreso anuncia grandes novedades en el nuevo texto.
Desde esta organización sindical se insiste en velar por la seguridad jurídica del proyecto de ley para reducir la temporalidad en el empleo público que iniciará estos días su trámite en el Congreso de los Diputados.
La sensación transmitida a la secretaria de Estado es que se puedan introducir enmiendas que desvirtuen el acuerdo que de alguna manera puedan generar litigiosidad y frenar la citada norma. Habrá que ver, por tanto hasta que punto se respeta el espíritu del acuerdo firmado entre sindicatos y el Gobierno el pasado mes de julio.
Desde CSIF se ve con recelo dicha tramitación parlamentaria del proyecto de ley y se ha insistido, como han hecho también UGT y CCOO, en la necesidad de respetar el acuerdo suscrito.
De hecho las medidas que se introdujeron en el último momento por la ministra María Jesús Montero en cuanto a que las pruebas de los concursos selectivos no fueran eliminatorias y de ofrecer un concurso a aquellos funcionarios con diez años de antigüedad, se miran con recelo y esperan que se aclare en dicha tramitación que está a punto de empezar en los próximos días.
Mejorar la oferta de empleo público
En esta conversación, los dirigentes de CSIF señalaron la pérdida de puestos de trabajo en la Administración General del Estado. En solo un mes se pierden la mitad de las plazas de la oferta pública para 2021.
La Administración General del Estado habría destruido un total de 14.514 empleos durante el mes de agosto, la mayor pérdida de puestos de trabajo en este periodo de los últimos diez años, según un análisis del sindicato a partir de los datos publicados por la Seguridad Social.
De esta manera, en solo un mes, se han perdido prácticamente la mitad de las 30.455 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2021.
Esta cifra incluye las plazas de promoción interna, por lo que la destrucción de empleo es significativamente superior. Solamente en AGE, sin contar a policía ni Fuerzas Armadas, se perderían todas las plazas nuevas de la oferta de empleo público.
Hay comunidades autónomas que ya están eliminando los contratos por refuerzo a raíz del Covid-19 que suscribieron en su día, sobre todo en sanidad y educación. Se ha creado empleo, pero es inestable e interino.
Lidia Sánchez Milán, secretaria de Estado de Función Pública.
En este contexto, CSIF reclama la eliminación definitiva la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual a varios años de las ofertas. Asimismo, se hace preciso autorizar una oferta de empleo extraordinaria para afrontar las necesidades más urgentes de personal.
CSIF también exigirá el mantenimiento de las clases pasivas y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de las condiciones laborales en cuestiones como la promoción interna, impulsar la movilidad voluntaria o la regulación de la carrera profesional y el impulso definitivo de la Ley de Cuerpos en el ámbito penitenciario.
Ambos dirigentes ven necesario crear plazas estructurales que debería venir de la mano de un Plan de Recursos Humanos porque hay serias dificultades de personal también en justicia y sectores ya comentados como sanidad y educación.
Desde CSIF, dejan claro que la pandemia ha dejado en evidencia las debilidades de nuestro estado de bienestar y de los servicios que recibe la ciudadanía.
La idea que fluye en esta organización sindical es que hay que aprovechar esta crisis derivada de la pandemia para afrontar la recuperación del país y de sus servicios públicos.
A este respecto consideran necesario que los Fondos Europeos ‘Next Generation’ que ya está empezando a recibir nuestro país, en julio llegó una partida de 9.000 millones de euros debe ayudar a dicha recuperación y afrontar las necesidades que en materia de empleo público ha puesto en evidencia dicha pandemia.
CSIF ya manifestó su preocupación este verano por la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años (en torno al 22%) y el envejecimiento de las plantillas en este ámbito.
En concreto, en los últimos 10 años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos y según estimaciones de la propia administración, hasta 2030 se jubilará el 56,30 por ciento de la plantilla.
Para CSIF, esta situación es inaceptable y va a comprometer el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad, como estamos comprobando ya en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social.
Descapitalización del SEPE
Desde el SEPE, organismo público, que ahora gestiona casi un millón de prestaciones de desempleo contributivas, casi 1,2 millones de subsidios y rentas y en torno a 900.000 ERTEs está en una situación crítica.
En abril, los plazos para reconocimiento del desempleo rondaban los seis día, frente a los 1,1 de febrero de 2020, pero en las provincias de Barcelona y Madrid superan los 17 en el primer caso y rondan los 13 en el segundo.
En junio de 2020 se triplicaron las demoras en el reconocimiento de la prestación, tras un aumento de las altas de prestaciones superior al 378% con respecto al mismo mes del año anterior y un número de beneficiarios que más que se duplicó.
Los picos más altos se dieron en noviembre de 2020 y en enero de este año, con un tiempo medio de respuesta cercano a 7,40 días.
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