Sergio Ríos, el antiguo chofer del extesorero del PP Luis Bárcenas que está investigado en la pieza ‘Kitchen’, del ‘caso Villarejo’, ha recurrido la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarlo. Alega que actuó con «convencimiento pleno» de que era legal.
En un auto del pasado 29 de julio, el magistrado puso fin a la investigación de la ‘operación Kitchen’ y propuso juzgar a once personas, entre ellas Ríos, por el espionaje que se habría orquestado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior contra Bárcenas para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes de modo que no cayera en manos de la Justicia.
Para la defensa del exchofer de Bárcenas, la resolución judicial debería declararse directamente nula porque entiende que carece de las más mínima argumentación para imputar a su cliente los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación que observa en los once procesados.
En su recurso de reforma, de 99 páginas, reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN la nulidad del auto o, en su caso, su revocación para practicar una serie de diligencias que considera fundamentales para esclarecer los hechos y acordar el archivo de la causa para él.
Solicita un nuevo auto motivado donde acceda, al menos, a llevar a cabo las pesquisas planteadas por su cliente, aunque afirma que en realidad debería acordar el archivo de esta pieza separada de ‘Tándem’ respecto a él, con lo que quedaría fuera del procedimiento.
Ríos, de quien se sospecha que actuó como confidente policial en la operación a cambio de dinero de los fondos reservados, sostiene que «actuó con la conciencia y el convencimiento pleno de que lo hacía por mandato judicial y policial, colaborando con las autoridades pertinentes para evitar la comisión de nuevos delitos o para ayudar al descubrimiento de la verdad material y la investigación de los hechos que estaban siendo objeto de investigación en la trama ‘Gürtel'».
Afirma que se limitó a recoger un teléfono de Bárcenas por petición de su mujer, que estaba apagado y del que él no tenía las claves de acceso, «siendo imposible su manipulación, descarga de contenido o cualquier otro tipo de actuación sobre el mismo».
TILDA DE ‘INMOTIVADA Y ARBITRARIA’ LA DECISIÓN DEL JUEZ
A juicio del abogado de Ríos, «la carencia de toda actividad instructora» determina la falta de indicios «suficientes y racionales» contra él y reprocha que se intenten mantener las acusaciones «ante todo y pese a todo».
También califica de «inmotivada y arbitraria» la decisión del juez.
Habla de incriminación «generalista y despersonalizada» al no individualizarse las conductas cometidas por cada uno de los procesados que darían pie a la imputación de dichos delitos. «De forma que nos vemos en la obligación de hacer un esfuerzo de imaginación que desvirtúa el derecho de defensa«, critica.
También acusa al magistrado instructor de emitir una «resolución vacía del contenido jurídico que le es propio y necesario» para «mantener las acusaciones ante todo y pese a todo», habiéndose basado, en el caso de Ríos, según manifiesta su abogado, en «las declaraciones inculpatorias del resto de acusados que, en el ejercicio de su derecho de defensa, pueden no declararse culpables e inclusive mentir, siendo algo plausible que falten a la verdad a la hora de descargar culpas».
Reclama una mayor fundamentación jurídica respecto a su cliente, «ya no solo por mandato constitucional y legal, sino también en atención al gravamen y estigma social que éste genera en el sometido al proceso penal», con el añadido de que «ha sido suspendido de empleo y sueldo en tanto en cuando se resuelva esta cuestión».
Además, considera que «prematuro» poner fin a la fase de instrucción de esta pieza. Afirma que no se han efectuado todas las diligencias de investigación que cree «necesarias y pertinentes» para conocer la verdad, como la que pidió para tratar de desmontar la teoría de que su acceso al Cuerpo Nacional de Policía fue una contraprestación por su labor en ‘Kitchen’. Señala que el magistrado no ha aceptado ni las planteados por esta parte ni por la Fiscalía.
El abogado de Ríos insta a determinar que «existe algo más que sospechas infundadas y pretendidas» contra su cliente, las cuales giran en torno a cómo obtuvo la plaza de agente de la Policía Nacional -«si tuvo algún tipo de privilegio» como supuesto pago por ‘Kitchen’- y al volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas que la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, por indicación de éste último le pidió que entregara al entonces abogado del exdirigente ‘popular’.
También hace un análisis pormenorizado de todos los delitos señalados por García-Castellón para concluir que ninguno es imputable a Ríos. Analiza especialmente la revelación de secretos, que obedece al volcado de dichos dispositivos, haciendo hincapié en que su cliente se habría limitado a seguir órdenes de los Bárcenas.
Según expone, Ríos recibió el terminal apagado y sin las claves para poder activarlo. «Nos preguntamos, ¿Cuál ha sido la cadena de custodia?, ¿ha existido una orden para la clonación del teléfono?, ¿quién lo ordenó?», indica.
En cuanto a los restantes delitos, señala que se trata de tipos especiales aplicables solo a ciertos funcionarios y autoridades que no serían achacables a Ríos cuando ocurrieron los hechos.
Subraya que Ríos no ha cometido ilícito penal alguno, «siendo todas sus actuaciones válidas y acordes a derecho», sin que haya «ni tan siquiera un indicio de prueba sólido» que sugiera lo contrario, por lo que pide aplicar el principio de in dubio pro reo, en caso de duda, a favor del reo, y sacarlo de ‘Kitchen’.
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