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Las asociaciones judiciales celebran un cónclave tras denunciar el «desprecio» a la situación del CGPJ

El Rey con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, todos enmascarados, minutos antes de que se celebrara el solemne acto de apertura de tribunales que tiene lugar todos los años en el Alto Tribunal. Las asociaciones nacionales de jueces consideran que la situación ya es insostenible. Foto: Poder Judicial.
| | Actualizado: 07/09/2021 13:15

Se esperaba una apertura del año judicial cargada de tensión, con reproches desde la judicatura a la situación de bloqueo del CGPJ, y la realidad del acto no se quedó atrás. Empezando por el discurso del presidente del órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien criticó en su discurso una situación «insostenible».

Ante la presencia de Felipe VI, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder de la oposición, Pablo Casado, señaló en su octavo discurso inaugural que los 1.000 días que acumula el CGPJ con el mandato vencido derivan de un «incumplimiento de la legalidad», que conduce «al debilitamiento de la legítima función constitucional del consejo, como garante de la independencia judicial».

Las palabras de Lesmes fueron bien recibidas por las asociaciones de jueces, coincidentes en la necesidad de poner fin a la interinidad del órgano de gobierno de los jueces pero divididas en la vía de abordar el problema enquistado.

Mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reclaman la reforma de sistema de elección de los vocales para que sean los propios jueces quienes elijan a las mitad del consejo (12 vocales), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) antepone llevar a cabo la renovación con el sistema actual.

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No obstante, sus directivas celebraron una reunión en la tarde de este lunes de cara a redoblar sus fuerzas y capacidad de presión.

Apenas unas horas antes del encuentro, FJI emitió un comunicado en el que manifestaba su rechazo ante las informaciones de que Pedro Sánchez ofreció la presidencia del CGPJ a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Un modo de actuar que, a juicio de la FJI, «pone de manifiesto no solo un absoluto desprecio de la legalidad vigente, sino que evidencia que es imprescindible la reforma de la ley para que acontecimientos de extraordinaria gravedad como el descrito sean sencillamente impensables por inútiles».

Críticas que se suman a la consideración de que la composición de los altos Tribunales sean «moneda de cambio».

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Ante este panorama, las fuentes jurídicas consultadas señalan que los presidentes y portavoces nacionales de las cuatro principales asociaciones judiciales de España aprovecharon el encuentro mantenido para abordar, de forma conjunta, las próximas acciones de coordinación.

La siguiente fecha en rojo marcada en el calendario es el 20 de septiembre.

Ese día está previsto que la JJpD se reúna con el Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, para abordar la «situación de bloqueo».

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Un encuentro que también ha sido reclamado por el resto de asociaciones judiciales para denunciar la cuestión ante Bruselas.

El objetivo de la reunión es lograr que la UE exija a España, y especialmente al Partido Popular, el cumplimiento de la legalidad vigente.

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Según ha precisado la JJpD, lo hará «sin perjuicio de que el sistema de elección de los vocales del CGPJ pueda estudiarse y modificarse con posterioridad siguiendo el correspondiente trámite parlamentario, con audiencia a todos los operadores jurídicos».

Frente a esta postura, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), señala que no tiene sentido continuar con el proceso de una negociación que se abrió en la pasada legislatura, y durante el que PSOE y el PP han sido incapaces de llegar a un acuerdo.

Para esta misma asociación, las declaraciones realizadas hace unos días por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en las que manifestaba que “los jueces no podían elegir a los jueces”, «contradicen la realidad de todos los países europeos en donde hay CGPJ, a excepción de Polonia, y desprecian las recomendaciones de todas las instituciones europeas que velan por el buen funcionamiento del Estado de derecho.

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