El juez rechaza archivar el ‘caso Ghali’ en contra de lo solicitado por la Abogacía del Estado

Los Estados miembros podrán establecer disposiciones específicas en acuerdos bilaterales. Las excepciones generales previstas en el Derecho nacional y los acuerdos bilaterales serán notificadas a la Comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 39.

«Estos presupuestos no se han cumplido en este caso», expone Lasala.

Además, resalta que este precepto hace referencia, más que a la exención de requisitos de carácter personal, a las excepciones sobre pasos fronterizos pues del entrecomillado aportado por la parte solicitante se ha extraído que la exención lo es “para el cruce ocasional de las fronteras exteriores fuera de los pasos fronterizos y de las horas de apertura establecidas” (circunstancias de lugar y tiempo), siendo que el aeropuerto de Zaragoza es un paso fronterizo habilitado, por lo que «no es aplicable en este sentido tampoco el precepto mencionado».

La Abogacía del Estado alegaba también el artículo 6.1.b) del denominado Reglamento Schengen (estar en posesión de un visado válido, cuando así lo exija el Reglamento 539/2001 del Consejo, salvo que sean titulares de un permiso de residencia válido o de un visado de larga duración válido) y el 6.5.c) para decir que por motivos humanitarios todo Estado miembro puede autorizar la entrada en su territorio a nacionales de terceros países que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1.

El juez argumenta, asimismo, que «en este caso también se obvia que cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible con arreglo al apartado 1, letra d) -el SIS, Sistema de Información Schengen- el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros», algo que «no sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada ‘fuera discreta'».

Lasala indica que el artículo 8.8 del citado Reglamento o Código de Fronteras, sobre inspecciones fronterizas de personas, es cierto que dice que un Estado miembro puede establecer excepciones cuando sea de aplicación el supuesto del artículo 5.2 a), y «ya se ha indicado que la defensa hacía referencia al mismo de forma parcial e interesada, de tal modo que no cumple el requisito».

Como tampoco lo cumple, prosigue, que el 5.2 a) se aplica a los pasos fronterizos no habilitados, lo que no es el caso del aeropuerto de Zaragoza, «como ya admitió en su declaración uno de los investigados».

La Abogacía del Estado manifestaba también que el artículo 11.3.a) del citado Reglamento, sobre “sellado de los documentos de viaje” exime de tal requisito en el caso enjuiciado sobre Brahim Ghali.

«Nada que objetar a que se selle o no el pasaporte en el caso indicado, pero lo que aquí se enjuicia es si se mostró y se controló, no si se selló», responde el magistrado, y destaca que la exención se refiere al sellado en los documentos de viaje de “jefes de Estado o personalidades” cuya llegada haya sido previamente anunciada “de manera oficial por vía diplomática”.

El juez afirma que en este caso «no se da ninguna de las circunstancias, pues la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen», y que la consideración de personalidad que hace la defensa de los investigados «no es la pretendida por el Reglamento como equivalente a un alto dignatario y la llegada, aunque haya sido anunciada por vía diplomática, no lo ha sido de modo oficial precisamente por el carácter reservado y discreto que se le quiso otorgar».

El juez también se refiere a las alegaciones al Acuerdo bilateral entre España y Argelia, que permite la entrada a titulares de pasaporte diplomático sin visado. Recuerda que el mismo «no puede oponerse al Reglamento Schengen o a una disposición menor como es la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, que permite autorizar la entrada por motivos humanitarios y que fue dictada con motivo de la pandemia en beneficio de quienes sí cumplían todos los requisitos para entrar si no hubiera existido la misma».

«Orden que, además, no afecta al caso actual al no afectar, entre otros, a los residentes en Argelia», apostilla.

El magistrado afirma que con lo expuesto «ya es suficiente para denegar la pretensión de archivo de la causa», pero que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país «de quien de manera tan peculiar entraba pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado, sabiendo que tal averiguación había sido interesada por el mismo, quedando a una posterior valoración si, caso de haber una calificación penal sobre tal conducta, sería un encubrimiento -como parecen apuntar las acusaciones populares- o una prevaricación».

Se refiere así a la causa que en esos momentos tenía abierta la Audiencia Nacional contra el líder polisario. El magistrado Santiago Pedraz concluyó sin procesamiento la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario. Considera que los hechos estarían prescritos.