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La Fiscalía pide 25 años de cárcel para los acusados del asesinato del concejal de Llanes (Asturias)
Los acusados del crimen de Javier Ardines sentados detrás de sus letrados al inicio de la vista. Foto: EP

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para los acusados del asesinato del concejal de Llanes (Asturias)

Les imputa asesinato con alevosía y mediando precio; a Pedro L.N.A., amigo de la víctima, en condición de inductor; a los dos presuntos sicarios como coautores; y a J.M. como cooperador necesario.
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02/11/2021 13:24
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Actualizado: 02/11/2021 13:24
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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 25 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU en Llanes (Asturias) Javier Ardines, en agosto de 2018.

El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde serán juzgados por un tribunal del jurado, que fue seleccionado el pasado viernes. Las sesiones se prolongarán hasta el próximo 3 de diciembre.

La fiscal les imputa asesinato con alevosía y mediando precio. A Pedro L. N. A., amigo de la víctima, en condición de inductor; a los dos presuntos sicarios, de nacionalidad argelina, M. K. y D. B., como coautores; y a J. M., presunto intermediario, como cooperador necesario. Los cuatro están en prisión provisional.

Además de la pena de cárcel, solicita que que se les impongan 10 años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a los familiares de la víctima.

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También reclama que los acusados indemnicen a la viuda del fallecido con 113.000 euros; a su hijo con 30.000
euros y a su hija con 25.000 euros (la diferencia responde a que ella era independiente económicamente en el momento de los hechos), todo ello más los intereses legales correspondientes.

El concejal de Llanes Javier Ardines. Foto: Ayuntamiento de Llanes

La fiscal Belén Rico ha explicado al jurado su convicción de que los cuatro acusados participaron en la muerte de Ardines. Está segura de que los sicarios mataron a Ardines, y de que Pedo Luis N. les suministró toda la información para hacerlo por «un odio profundo a la víctima desde que conoció su relación con su mujer». Además, ha dicho tener la seguridad de que Jesús M. actuó como intermediario.

La acusación particular, ejercitada por la mujer y los hijos de la víctima y representada por el letrado Antonio Pineda, también reclama 25 años de prisión y una indemnización de 400.000 euros en total.

Ha destacado además la «encomiable» labor desarrollada por los investigadores y se ha mostrado seguro de que la reconstrucción de los hechos llevada a cabo por los mismos ayudará al jurado a tomar una decisión que permita hacer justicia.

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LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, Pedro L. N. A. es marido de una prima de la mujer del concejal, y quien supuestamente habría urdido un plan junto con otro ciudadano español para encargar a dos argelinos que asesinaran a Ardines en una emboscada en un camino próximo a su casa.

Indica que la víctima mantenía desde la adolescencia una relación con la mujer de Ardines, que duraba ya más de 30 años cuando se cometieron los hechos y se desarrollaba en Llanes, a donde ella se desplazaba sobre todo en periodos vacacionales (vivía junto a su familia en el País Vasco).

El representante apunta que ambos mantenían esta relación de forma encubierta y al margen de sus respectivos
matrimonios.

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Expone que Pedro L. N. A. descubrió el idilio en diciembre de 2017, tras grabar con su móvil una conversación entre su esposa y Ardines, y así se lo hizo saber a ella, aunque ambos siguieron conviviendo como pareja.

Pedro Luis N. A., presunto inductor del asesinato de Javier Ardines, acompañando a varios agentes a efectuar el registro de su domicilio. Foto: Damián Arienza/ EP

Añade que tras la grabación, el acusado, ante el temor de que esta tuviera algún otro encuentro con el fallecido, visitó tiendas ‘online’ de venta de objetos de videovigilancia encubierta, micrófonos, dispositivos de vigilancia para vehículos y dispositivos de seguimiento para vehículos, y otras destinadas a la realización de pruebas de ADN para determinar la paternidad.

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La Fiscalía manifiesta que en julio de 2018, ante la proximidad de la época estival, y sabiendo que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines, «tomó la decisión de acabar con la vida de este».

Para ello, según la Fiscalía, contactó con J. M., “a quien pidió que buscase a personas que pudieran ejecutar los hechos”.
Así, también según el Ministerio Público, J. M. planteó el encargo a otro de los acusados, quien, tras una reunión en la que se llegó a un acuerdo sobre el precio a pagar, decidió actuar conjuntamente con el otro acusado al que se le imputa ser otro de los ejecutores.

El representante del Ministerio Público relata que el 27 de julio, P. L. N., J. M. y uno de los supuestos sicarios viajaron a Belmonte para que inductor y mediador le dieran las indicaciones necesarias para acabar con Ardines.

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Indica que P. L. N. tenía un conocimiento exhaustivo tanto de la zona donde se llevarían a cabo los hechos como de las costumbres de la víctima. Así, dos de los acusados propusieron al tercero hacer al concejal una emboscada para asegurarse el resultado.

Según la Fiscalía, en la madrugada del 1 de agosto de 2018, los dos acusados de ser los autores del crimen se desplazaron nuevamente a Belmonte con el único propósito de matar al concejal, y una vez allí colocaron una valla metálica de obra en un camino por donde previsiblemente pasaría la víctima.

Apunta que el lugar era el propicio para cometer los hechos, por ser una zona rural aislada y boscosa, rodeada de prados y monte bajo.

Sobre las seis de la mañana de ese día, la víctima salió de su domicilio, y al pasar por ese camino se topó con la valla, aunque la sorteó y se alejó del lugar en su vehículo.

A raíz de este suceso, uno de los acusados de llevar a cabo el crimen mostró su reticencia a ejecutar los hechos, por lo que el presunto inductor le ofreció más dinero y le informó en una reunión que no debía matar a Ardines hasta pasado el 10 de agosto, fecha en la que terminaban las fiestas locales, ya que antes de ese día habría mucha gente, según manifiesta la Fiscalía.

Expone que en la madrugada del día 16 de agosto, sobre las cuatro y media de la mañana, con tiempo suficiente para preparar una emboscada mejor, los dos supuestos ejecutores llegaron a Belmonte y colocaron en el mismo camino, transversalmente, dos vallas más (la primera, del día 1, continuaba allí).

«Lo hicieron de forma que impedían el paso de cualquier vehículo, para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible para abordar al concejal», apostilla.

Además, precisa que para tener más garantías de acierto y anular la posibilidad de defensa de la víctima, cada uno de los acusados llevaba un bote de spray de pimienta, un acusado un palo y otro un bate de baseball. A continuación, se
escondieron junto a un muro y esperaron.

Sobre las 6 de la mañana, el concejal salió de su casa en su furgoneta, y al llegar al punto donde estaban colocadas las vallas detuvo la marcha y se bajó del vehículo para apartarlas. Dejó el motor en marcha, las luces encendidas y la puerta del conductor abierta.

Según la Fiscalía, en ese momento, estos dos acusados salieron de su escondite súbitamente y rociaron a Ardines con el spray de pimienta. La víctima echó a correr, perseguido por los acusados. Fue alcanzado al ser golpeado en la cabeza bien con el palo o con el bate, apunta. Cayó al suelo de rodillas y seguidamente, boca abajo. «También fue estrangulado por detrás por alguno de los dos acusados, en cualquier caso, puestos de común acuerdo», afirma.

El Ministerio Público destaca que «la víctima no pudo defenderse, tan solo colocar de forma intuitiva su brazo derecho como escudo».

Añade que una vez en el suelo, fue sujetado y/o arrastrado unos metros. A consecuencia de la agresión, Ardines falleció.

La Fiscalía manifiesta que tras los hechos, J. M., acusado de hacer las veces de mediador, entregó a uno de los ejecutores una cantidad de dinero por el trabajo realizado.

El 18 de febrero de 2019 se acordó la entrada u registro en el domicilio del otro ejecutor, en Bilbao, y se halló en su interior, entre otros efectos, un spray de defensa persona, un spray aerosol de pimienta, siete navajas, un taser de 3.800 voltios, un taser en forma de puño americano y varios cartuchos.

Los cuatro acusados están en prisión provisional. El último que entró fue M. K., en mayo de 2020, tras ser entregado en el aeropuerto de Ginebra por la autoridades de Suiza, donde se encontraba cumpliendo condena por otro delito.

Los otros tres, dos españoles y otro argelino, fueron detenidos en febrero de 2019, seis meses después de la muerte de Ardines.

En su declaración ante la juez, D. B. afirmó que el supuesto inductor les pagó a él y al otro supuesto autor material 25.000 euros y al mediador otros 10.000, aunque su compatriota, M. K., rechazó su participación y que estuviera en Llanes el día del crimen, pese a que la señal de su móvil le situaría en la zona.

EL CADÁVER FUE ENCONTRADO POR LA HIJA DE ARDINES

Javier Ardines falleció con 52 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Había renunciado a su sueldo de concejal y se ganaba la vida como patrón de barco.

Tenía unas rutinas y unos horarios que hacían fácil calcular sus movimientos. Salía a diario sobre las 6.30 horas a faenar con su embarcación antes de atender a sus responsabilidades municipales.

Días antes de su asesinato, comentó a su entorno que se había encontrado unas vallas en un camino en las inmediaciones de su domicilio, por el que circulaba todas las mañanas, que le había llamado la atención y que las había retirado.

El cadáver fue encontrado por su hija poco después de que la familia alertara de su desaparición. La autopsia reveló que murió de varios golpes en la cabeza y nuca con un objeto contundente.

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