Los cinco «Mossos d’Esquadra» que resultaron heridos en la investidura fallida del fugado Carles Puigdemont, en enero de 2018, a los que la Generalitat ha retirado la asistencia legal, como acusación particular en el juicio contra siete separatistas que iban a ser juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona por provocar incidentes, ya tienen abogado: José María Fuster-Fabra.
«La Generalitat ha abandonado a los ‘mossos’ en esta causa. Se ha lavado las manos porque esto es política. El Sindicat de Policies de Catalunya [SPC] me ha pedido que los represente y es lo que voy a hacer. Y ni yo ni el Sindicat vamos a dejar tirados a sus ‘mossos’ afiliados. Porque es de justicia», declara el abogado catalán a Confilegal.
Fuster-Fabra es uno de los letrados más experimentados en este campo. Además de ser el abogado del SPC también representa a policías nacionales, policías locales y guardias civiles.
Uno de sus últimos casos fue el del «mosso» que fue sancionado por decir a un agente rural que «la república [catalana, se entiende] no existe, idiota», durante una de las protestas separatistas contra la reunión del Consejo de Ministros, celebrada en Barcelona en 2018.
Fuster-Fabra consiguió que un juez de lo contencioso-administrativo anulara la sanción que le había impuesto la División de Asuntos Internos.
LA GENERALITAT PLEGÓ VELAS
El jueves, en la primera sesión del juicio, el abogado de la Generalitat explicó a los tres magistrados que componen el tribunal que «por órdenes del Departamento de Interior» abandonaba la representación de los agentes. Esto obligó a suspender el proceso ya que los «mossos» no renunciaron a la defensa de sus derechos y a recibir una indemnización.
El abogado del gobierno autonómico catalán había solicitado, en su escrito de acusación, hasta dos años de cárcel contra los siete accusados por delitos de desórdenes públicos y atentados a la autoridad.
La orden para esta retirada, según el diario El País, provino de Oriol Amorós, secretario general de Interior y miembro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y fue firmada el 10 de noviembre pasado.
La argumentación jurídica esgrimida es la imposilbidad de «individualizar a los causantes de las lesiones que sufrieron los cinco «mossos».
Un punto de vista que no comparte la Fiscalía, que considera que sí están bien identificados los manifestantes, autores de las lesiones producidas a los agentes de la policía catalana en el parque de la Ciutadella, donde entraron tras romper las cadenas de protección.
UN PLAZO DE 15 DÍAS QUE SE SOLVENTÓ EN 24 HORAS
«Tras la suspensión del juicio, el tribunal dio 15 días a los ‘mossos’ para que designaran un abogado. Y el SPC me han designado a mí para este trabajo. No han pasado ni 24 horas», explica Fuster-Fabra a Confilegal.
De acuerdo con el abogado, la decisión de la Generalitat de ordenar la retirada de la representación legal a los «mossos» tiene su origen en los pactos que las fuerzas independentistas hicieron en el parlamento autonómico, donde la CUP asumió la nueva redacción del reglamento de policía.
«Estas fuerzas instaron a la Generalitat para que no ejerciera acusaciones en nombre de ‘mossos’ que habían resultado heridos en aquellos casos en los cuales se habían producido enfrentamientos con los independentistas. En este juicio la Generalitat estaba representando a ‘mossos’ que resultaron heridos el día de la toma de posesión de Puigdemont. La decisión de su abogado es una consecuencia de aquellos pactos», explica Fuster Fabra.
«El juicio va a ir para adelante y los ‘mossos’ heridos van a tener la mejor defensa posible que les pueda dar», asegura el abogado.
El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, había avanzado que, tal como pacto ERC con la CUP, no se personarían en casos por desórdenes públicos para que pudiera salir la investidura del actual presidente autonómico, Pere Aragonés.
