Condenado a un año de cárcel por amenazar a un médico y un enfermero y dañar un centro de salud
Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando el condenado acompañaba a su hijo a un centro de salud de la provincia de Valladolid porque tenía una cita para realizarse una prueba PCR para comprobar si estaba contagiado de coronavirus, y hubo una demora en la atención dispensada a causa de una urgencia.

Condenado a un año de cárcel por amenazar a un médico y un enfermero y dañar un centro de salud

Por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito leve de daños
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30/11/2021 09:59
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Actualizado: 30/11/2021 10:02
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha condenado a un año de prisión a un hombre que amenazó a un médico y un enfermero y dañó un centro de salud, por un delito de atentado a la autoridad, un delito leve de lesiones y un delito leve de daños.

Es una sentencia de conformidad que firma la magistrada Olga Álvarez Peña, la número 392/2021, de 19 de noviembre.

El condenado responde a las iniciales de A. G. A., es nacido en 1973 en Zaragoza y le constan antecedentes penales susceptibles de cancelación.

Por conformidad, se declara probado que el 16 de agosto de 2020, sobre las 9.30 horas, el hijo del condenado acudió en un vehículo acompañado de éste y de una tercera persona hasta un centro de salud de una localidad de Valladolid, donde tenía programada la realización de una prueba médica. El médico de guardia y el enfermero tuvieron que abandonar momentáneamente el centro médico para atender una llamada del servicio de emergencias, lo que provocó que la realización de la prueba que se tenía que practicar al hijo del condenado se demorase unos minutos.

Una vez que el personal médico volvió, el paciente se acercó junto con su padre y la tercera persona hasta la entrada del consultorio, donde fueron requeridos para que permanecieran en el vehículo, haciendo caso omiso y el condenado comenzó a referirles expresiones tales como «voy a entrar para adentro y os voy a dar por el culo». Los tres abandonaron el lugar, pero regresaron a los pocos minutos.

A su regreso, el médico les informó que la prueba no se realizaría hasta que no llegara la Guardia Civil -avisada por los sanitarios-, momento en el que el condenado se dirigió hacia médico y enfermero diciéndoles “os vamos a matar”, golpeando con sus manos la puerta de cristal de acceso al centro, que éstos habían cerrado para evitar males mayores.

Consiguió romperla y tuvo que ser sujetado por su hijo para evitar el acercamiento al médico y al enfermero. Continuó dirigiendo expresiones atemorizantes a ambos, tales como “os tengo que matar, os voy a quemar vivos, os voy a buscar a la consulta que sé dónde trabajáis, hijos de puta, me cago en tus muertos”.

Como consecuencia de los hechos, el doctor, que no efectúa reclamación, sufrió una crisis de ansiedad, precisando de una primera asistencia sanitaria y de siete días, considerados de perjuicio moderado, para su completa curación.

Por su parte, el enfermero, también sufrió una crisis de ansiedad y necesitó de ansiolíticos, así como dos días para su restablecimiento, y reclama por ello.

La reparación total del cristal fracturado, por el que el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) formula reclamación, se ha valorado pericialmente en 341,52 euros.

Respecto a la indemnización solicitada por la Junta de Castilla y León solicitaba por la sustitución del médico de guardia como consecuencia de su incapacidad temporal del 17 de agosto a 28 de septiembre de 2020, la magistrada señala que la incapacidad laboral es un concepto diferente a la sanidad a los efectos que nos ocupa determinante de las lesiones sufridas.

Indica que la forense, en su informe de sanidad obrante consideraba período de curación de siete días de perjuicio moderado y que en el juicio ésta explicó que «los 7 días que estima es el tiempo medio estimado de una persona vulnerable que puede durar ese estrés emocional (…). Este tipo de estrés emocional es lo que dura en una persona media. Luego una persona puede coger la baja más o menos tiempo. El médico que le atiende le indica que tome la medicación en su domicilio porque tiene una hipertensión y se le añade un ansiolítico, no sabe cuánto tiempo”.

«Es por ello, en definitiva, que ha de tomarse en consideración el que se estima por la forense que es el tiempo de curación para la sanidad», concluye la magistrada.

Las acusaciones particulares las han ejercitado el Colegio de Médicos de Valladolid, representada por el letrado Raimunco Luis Baamonte Predeira; la Junta de Castilla y León, asistida por un letrado de la Comunidad; el Colegio de Enfermería de Valladolid, representada por la abogada Susana Cuadra de la Rosa; y el enfermero, asistido por la letrada Bazán. La defensa del condenado la ha ejercitado la abogada Patricia Guilarte Gutiérrez.

La defensa del condenado llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que fue ratificado el día del juicio ante la magistrada.

Los letrados de las acusaciones particulares se adhirieron a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, mientras que el letrado de la Junta de Castilla y León interesó, además, en concepto de responsabilidad civil que se condenara al acusado con 423,50 euros por los daños en el cristal, con 54,45 euros por la grabación de las cámaras de seguridad y con 5.137,22 euros por la sustitución por la incapacidad temporal de A. M. F., más el interés legal.

La letrada del acusado mostró su conformidad con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal. Sin embargo, se opuso en lo relativo a la indemnización por sustitución de profesional debida a la incapacidad temporal del mismo solicitada por la Junta de Castilla y León, por lo que se celebró el juicio con la práctica de la prueba interesada en relación con la cuestión controvertida.

Por el delito de atentado, la magistrada le ha impuesto un año de prisión y por cada delito leve tres meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros. El condenado tendrá que indemnizar al enfermero con 100 euros por las lesiones, al Sacyl con 341,52 euros por los desperfectos ocasionados en el centro de salud, y gastos en la cantidad en que se determine en ejecución de sentencia por el coste de sustitución del médico durante los siete días de curación, y con la cantidad que se determine por los gastos sanitarios derivados de la asistencia prestada a los lesionados, así como el pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

LOS SANITARIOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR

El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid ha difundido un comunicado en el que manifiesta su rotundo rechazo de los hechos que han motivado la condena y ha puesto de relieve su preocupación por la reiteración con la que se vienen produciendo hechos similares contra los profesionales de la medicina, «quienes son víctimas de actos de violencia absolutamente inadmisibles en el desempeño de su labor asistencial».

El Colegio de Médicos de Valladolid se reafirma en el mantenimiento de su compromiso de «perseguir judicialmente, por todos los medios a su alcance, a quienes, prescindiendo del mínimo respeto hacia el personal médico y hacia los demás pacientes, desarrollan este tipo de acciones absolutamente condenables».

La organización colegial de Enfermería ha aprovechado también para recordar que los enfermeros «son profesionales con autonomía y un cuerpo de conocimientos propio, pero a menudo vemos cómo son relegados a un segundo plano», según señala la presidenta, Silvia Sáez.

Según ha precisado, la prueba para la que tenía cita el paciente era una PCR para comprobar si estaba contagiado de coronavirus.

Concreta que antes de poder atenderlo, se produjo una urgencia que requirió de la atención inmediata del médico del centro en un domicilio particular, y que a la vuelta de la emergencia, el enfermero comenzaron a recibir varios insultos y amenazas por parte del joven y su acompañante, quienes, además, causaron destrozos físicos en la puerta de la consulta con una barra de hierro mientras que las dos víctimas se refugiaban en el interior de la misma.

El Colegio de Médicos de Valladolid destaca que la denuncia de lo ocurrido recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que acordó imputar por posible delito de atentado a la autoridad al presunto autor de la agresión al estimar que existía un posible delito de atentado y delito leve de daños, cuando en la mayoría de los casos de agresiones a profesionales sanitarios se suele archivar la causa o se inculpa por un delito leve.

Al menos 5.000 médicos han sido agredidos en los últimos 10 años, unos 440 en 2020, según denunció el pasado mes de marzo el Observatorio Nacional contra las Agresiones, de la Organización Médica Colegial (OMC). En 2020 se comunicaron 441 casos, y el 90% de las agresiones fueron en forma de amenazas e insultos, según arrojó el balance del año pasado, que fue publicado en el marco del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo desde 2018.

Uno de los datos más relevantes de las estadísticas de 2020 es el importante aumento de las agresiones registradas dentro del ámbito de la Atención Primaria, que supone más de 50% de los casos (52%) frente al 43% del año anterior, seguido del ámbito hospitalario (17%), urgencias de Atención Primaria (10%) y urgencias de hospitales (9%).

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