El presidente de la APIF, Salvador Viada (a la derecha), junto al expresidente, Juan Antonio Frago, que en septiembre se pasó al ejercicio libre de la Abogacía y junto a la letrada Verónica Suárez García fundó un despacho que ejerce la representación de la APIF en los asuntos judiciales.
Admitida a trámite la demanda de la APIF contra la FGE, el Ministerio de Justicia y las CC. AA. por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal
La AN ha fijado para el próximo 19 de enero el acto de conciliación y de no haber avenencia, el mismo día seguidamente el juicio
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07/12/2021 12:19
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Actualizado: 07/12/2021 13:28
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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite la demanda de Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas (CC. AA.) con responsabilidades en materia de Justicia por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal.
El tribunal ha fijado para el próximo 19 de enero, a las 10.00 de la mañana, el acto de conciliación, y de no haber avenencia, el mismo día seguidamente el juicio.
El auto, dictado el 2 de diciembre, lo firman los magistrados José Pablo Aramendi Sánchez (presidente), Emilia Ruíz-Jarabo Quemada y Ramón Gallo Llanos.
Los magistrados requieren a las partes demandadas para que aporten a esta Sala, con al menos 15 días de antelación al juicio, los siguientes documentos: Plan de prevención de riesgos laborales o certificación de carencia del mismo; certificación de todas las actas de la comisión de riesgos laborales que dirige en la actualidad el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja García, que se hayan emitido desde el 1 de enero de 2018; y que se aporten por ambas demandadas certificación de todas las actas de inspección que se hayan recibido de la Inspección de Trabajo desde el 1 de enero de 2016 con ocasión de inspecciones respecto del Ministerio Fiscal.
El tribunal ha citado a Félix Pantoja (o persona que le sustituya) para que comparezca en el juicio en caso de que se celebre.
La APIF ya presentó una demanda contra la Fiscalía y el Ministerio el pasado mes de junio bajo la presidencia de Juan Antonio Frago en la APIF, a quien en septiembre relevó al frente de la asociación Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo.
El pasado 19 de octubre, la Audiencia Nacional acogió la vista de dicha demanda, y ante las excepciones procesales planteadas por la Abogacía del Estado y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -quien se personó en septiembre en el procedimiento como interesada-, la APIF decidió desistir de la demanda a fin de interponerla también contra las Comunidades Autónomas. La presentó el 30 de noviembre.
La APIF expone en la demanda, de 22 páginas, que la Carrera Fiscal está integrada por algo más de 2.500 fiscales y pide a la AN que se pronuncie «en relación con la ausencia de actuaciones de las administraciones demandadas que determinan la desprotección del conjunto de los fiscales en relación a los riesgos que asumen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, contraviniéndose así la normativa establecida al efecto y, además, habiéndose prolongado esta situación de manera intolerable a lo largo de 26 años».
Señala que el Ministerio Fiscal «es el órgano de gobierno titular de competencias sobre la dirección del trabajo de los fiscales, de la asignación del mismo, de la ordenación de las vacaciones, del establecimiento de criterios para la promoción, para la parte sustantiva del proceso de los nombramientos, la formación, la potestad disciplinaria, etc., y por tanto, responsable de los riesgos laborales entre los que se encuentran los psicosociales».
Añade que el Ministerio de Justicia «es responsable del abono de retribuciones, de la parte formal del proceso de nombramientos y junto a las Comunidades Autónomas titular de los centros de trabajo y medios materiales. Por tanto, también responsable de los riesgos laborales de los fiscales», y que las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, que se incluyen como demandadas, «tienen, asimismo, obligaciones en relación la seguridad en el trabajo de los fiscales, en concreto en relación con aquellos riesgos derivados de las instalaciones de su titularidad en la que se prestan los servicios de la Fiscalía».
El objeto de esta demanda, según manifiesta la APIF, es «obtener un pronunciamiento judicial que declare que los fiscales carecen en la fecha de interposición de la misma, de protección real y efectiva en materia de riesgos laborales por parte de las administraciones demandadas, incluyendo a los funcionarios enfermos y en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, y mayores; y, en especial, de la más mínima protección en relación con los riesgos laborales de carácter psicosocial».
«Denunciamos la desprotección que los fiscales tenemos en materia de Riesgos Laborales por la falta de interés por parte del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado en cumplir con sus obligaciones legales, y eso desde el año 1995», manifiesta a Confilegal el presidente de la APIF, Salvador Viada, y explica que con esta demanda lo que persigue su asociación es que se dote a la Carrera Fiscale «de una cobertura general de prevención de riesgos laborales, como todos los trabajadores».
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