La semana que viene en el Pleno del Senado se dará carpetazo al asunto.
El Senado rechaza las 109 enmiendas presentadas y ratifica el proyecto de ley sobre la reducción de la temporalidad
La Comisión de Función Pública del Senado por 16 votos a favor, 13 abstenciones y cero votos en contra ha aprobado el proyecto de ley
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14/12/2021 06:49
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Actualizado: 14/12/2021 00:29
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La Comisión de Función Pública del Senado por 16 votos a favor, 13 abstenciones y cero votos en contra ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La semana que viene en el Pleno del Senado se dará carpetazo al asunto. Si no hubiera enmiendas se publicaría directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Pese a que en las últimas horas voces de juristas, partidos políticos y el propio colectivo de interinos que era necesario defendían la necesidad de mejorar el texto, al final no se ha tenido en consideración ninguna de las enmiendas presentadas.
La mayoría en el Senado de PSOE, PNV y ERC ha sido clave para evitar que algún cambio de última hora. Han sorteado cualquier tentación de margen de mejora que pudiera hacerse a ese texto.
En el turno de defensa de las enmiendas, José Luis Muñoz, por parte de Ciudadanos, ha recordado que era el momento de reconocer el abuso de temporalidad y repararlo teniendo en cuenta la sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Su partido presentó enmiendas para estabilizar directamente al personal temporal más de 3 años. Se trataba de que el personal temporal entre 3 y 9 años, pasara a ser considerado «personal fijo a extinguir» sin adquirir la condición de funcionarios.
Por su parte, el personal de más de 10 años de temporalidad, ante la gravedad del abuso, accediera aun proceso de méritos restringido para obtener la condición de funcionario de carrera pero fueron rechazadas.
«Una ley profundamente injusta»
Por su parte, Clemente Sánchez- Garnica senador del PAR aragonés, ha denunciado que el texto final, que previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el pleno del Senado de los próximos días 21 y 22 de diciembre, “ni piensa en las personas que han sido víctimas del abuso, ni cumple la Directiva Europea sobre trabajo temporal ni tampoco las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la han interpretado. En definitiva, una ley profundamente injusta”.
En su razonamiento, el senador del PAR ha destacado algunos puntos de la norma que incumplen la Directiva europea sobre temporalidad, con la consiguiente inseguridad jurídica, y crean una gran incertidumbre en el colectivo de interinos. Así, mientras Europa marca la temporalidad abusiva en tres años, esta ley la establece en cinco años.
Por otro lado, y en contra de la doctrina del TJUE, que propugna el concurso de méritos restringido para las víctimas del abuso en la contratación, la ley permite un concurso de méritos abierto que augura “inciertos resultados” para los interinos.
Para subsanar esta situación, Sánchez-Garnica ha propuesto, entre otras medidas, incluir en la norma una disposición que permita su aplicación, “a los supuestos anteriores a la publicación del Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”, así como “paralizar todas las OPES y las convocatorias de empleo público y extraer de ellas las plazas ocupadas por los trabajadores en abuso de temporalidad”.
Por último, el senador regionalista se ha mostrado partidario de “una medida que es la consideración del personal en abuso como personal a extinguir”, lo que supondría lograr el objetivo de la estabilización “respetando, paralelamente, los derechos de los funcionarios de carrera”.
Faltan datos para regularlo bien
En su turno de palabra, Ester Basilia del Brío, del Partido Popular, ha señalado la falta de datos en esta regulación. “No tenemos dato para saber si es verdad o es mentira que la mayoría son mujeres de más de 55 años”.
Al mismo tiempo ha apuntado que se tenía que haber invitado a participar de una mayor forma en el desarrollo de esta ley a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales.
En sus enmiendas, que fueron rechazadas, se planteaba que quienes ya superaron la fase de oposición en una convocatoria anterior se le pueda dar por aprobada esa fase en el concurso-oposición.
Al mismo tiempo, ha explicado la necesidad de agilizar los procesos que se pongan en marcha mediante la digitalización y apoyo a las entidades locales para su desarrollo.
También ha incidido en la necesidad de financiación desde el Estado la indemnización a los que no superen los procesos selectivos. Una indemnización de 20 días con un tope de 12 meses, la que cita el Real Decreto-Ley 14/2021, aún en vigor.
Asimismo, ha plateado la creación de una «instrucción» para una aplicación homogénea de la norma en todas las CCAA. De hecho la aplicación práctica de la normativa es una de las cuestiones que más preocupan a todos los interesados.
Un texto legitimado
Por otro lado, la senadora del PSOE María Teresa Macias ha recordado la legitimidad del texto ya pactado con Comunidades Autónomas, acuerdo con sindicatos y con la luz verde del Congreso de los Diputados.
En cuanto a su voto en contra de las enmiendas ha señalado que algunas de las planteadas se se acercan a posturas del acuerdo, dejarían fuera posturas de las CCAA, a las que sí se ha tenido en cuenta.
También ha comentado que había otras que no podrían ser retroactivas, algunas invadían competencias autonómicas y no tenían cabida en el ordenamiento jurídico actual como la figura de ‘fijo a extinguir’.
En su intervención, María Mercedes Garmendia, representante del PNV, ha recordado la necesidad de reducir la elevada temporalidad. También ha señalado que era un texto «transaccionado», razonable para su doble objetivo centrado en evitar el abuso a futuro y reducir la alta tasa de temporalidad.
Por su parte, Laura Castel, senadora del ERC, siguió las tesis de Pilar Vallugera en el Congreso, que reconocía que este texto es mejorable: “no es el texto que habría hecho ERC”.
Al mismo tiempo, ha afirmado que «en la Cámara Baja se han introducido disposiciones que han mejorado muchísimo y que por eso apoyarán el dictamen planteado”.
Desde el PSOE Castella Subira ha insistido en que se ha llegado a una solución trabajada en la Mesa de Función Pública con los sindicatos, con las Comunidades Autónomas, y con los grupos políticos: Podemos ERC, PNV, EH-Bildu.
Sobre el rechazo de algunas enmiendas lo ha justificado porque con ellas se pretende una uniformidad que no es posible en un Estado compuesto y diverso. Además, ha destacado que que serán las CCAA y los ayuntamientos quienes tendrán que sacar los concursos, decidir las plazas y los modelos de procesos selectivos.
Desde su punto de vista, «hemos llegado a una solución muy amplia». Prueba de ello, a su juicio, es que las enmiendas son mejoras técnicas, pero no cuestionan el global del texto.
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