De izquierda a derecha: Pedro Mata (secretario nacional de redes sociales), Coral Andrés Blanco (secretaria nacional de Igualdad), Agustín Leal (secretario de comunicación), Ernesto Vilariño (secretario general), y Mary Muñoz (secretaria nacional jurídica).

Las reivindicaciones de Jucil para 2022

Un plan de prevención de suicidios en la Guardia Civil; igualdad en medios, derechos y retribuciones con las policías autonómicas; y que se dé marcha atrás a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas

Rosalina Moreno

04/1/2022 11:23

Actualizado: 04/1/2022 11:27

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, reclama un plan de prevención de suicidios en el Cuerpo, igualdad en medios, derechos y retribuciones con las policías autonómicas, y que se dé marcha atrás a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Estas son algunas de sus principales reivindicaciones de cara a 2022.

17 GUARDIAS CIVILES SE QUITARON LA VIDA EN 2021

En la primera reunión del año en el Consejo de la Guardia Civil, Jucil reclamará que de manera urgente se despliegue en la plantilla un Plan de prevención de suicidios «que acabe con esta lacra que a lo largo de 2021 se llevó a 17 compañeros».

“Una situación dramática a la que debe de aplicarse con urgencia un cambio de actitud que ayude de manera eficiente y efectiva a los posibles afectados a salir de esta situación”, señala el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.

Esta asociación afirma que las medidas adoptadas hasta ahora «han demostrado que no son suficientes para impedir que haya compañeros que no vean más futuro». «Hay que modificar los protocolos, facilitar la instalación de armeros en las dependencias y ofrecer todo tipo de ayuda a quienes la necesitan. En esta familia nadie lucha solo y nadie debe sentirse nunca tan abandonado como para no encontrar una solución mejor a la que tristemente terminan por tomar”, indica Vilariño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 800.000 personas mueren a causa del suicidio al año. En España, es la principal causa de muerte no natural, por encima de las muertes por enfermedades y por accidentes de tráfico, con un total de 3.671 suicidios al año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019. De ellos, 2.771 corresponden a hombres y 900, a mujeres.

Esto supone que de media cada día se suicidan diez personas en España. Y por cada muerte por suicidio se calcula que hay al menos 20 intentos. El segmento de edad donde son más frecuentes se sitúa entre los 35 a 55 años, coincidiendo con la franja de población en edad laboral.

Esta problemática afecta por igual a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Una media de 20 agentes en cada Cuerpo se quita la vida al año.

En la Guardia Civil hay un protocolo para adoptar medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles, aprobado en la orden general de 19 de julio de 2018, que se complementa con el Plan Preventivo de Asistencia Psicológica (PPAP), vigente desde 2010. Estos programas, para Jucil «demuestran que son insufientes».

«Debe estudiarde de manera urgente un nuevo protocolo que sea más efectivo y prevenga de una manera más eficaz los suicidios en el colectivo», señala a Confilegal Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil.

Por su parte, la Policía Nacional aprobó en noviembre de 2020 el Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la conducta suicida en la Dirección General de la Policía. Entre 2001 y octubre de 2020 se han suicidado más de 160 policías nacionales, de acuerdo a los datos oficiales, siendo el año con más suicidios 2021, también con 17.

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Policía Nacional también puso en marcha un teléfono de asistencia para atender las necesidades psicológicas de su personal. Atendido por el Equipo de Intervención Psicosocial durante las 24 horas del día, los 365 días del año, da respuesta a las solicitudes de asistencia y/o apoyo psicológico.

El sindicato Justicia Policial (Jupol), también nacido de Jusapol y mayoritario en el Consejo de la Policía, aunque muestra su satisfacción por la puesta en marcha de un protocolo antisuicidios en el Cuerpo, considera que «hay que seguir mejorando el sistema de atención psicológica, incrementar el número de facultativos que prestan el servicio e implementarlo en todas las provincias», según manifiesta a Confilegal Pablo Pérez, portavoz de Jupol.

EQUIPARACIÓN SALARIAL CON OTROS CUERPOS

Jucil considera que 2021 ha sido «un tiempo perdido en la resolución de las carencias en la Guardia Civil, un año plagado de insatisfacciones» que confía en reconducir con la entrada de la asociación en el Consejo. «Un año en el que no se ha logrado ningún avance en la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos”, critica.

Vilariño destaca que «aún hay brechas salariales que coser y derechos que reclamar».

Para Jucil, es «imprescindible» que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, «afronte el reto y refuerce las plantillas del Cuerpo, adaptándolas a las singularidades de la España vaciada». La Guardia Civil tiene en la actualidad 1.942 acuartelamientos y se encarga de la seguridad de miles de municipios en una extensión en la que residen casi las dos terceras partes de los ciudadanos y en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación.

Jucil va a proponer en el Consejo de la Guardia Civil «un estudio que contemple la reestructuración del actual despliegue territorial de la Guardia Civil a través de un modelo más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos».

A Jucil le preocupa que los agentes que prestan servicio en el medio rural acaban considerando estos destinos como un lugar de paso, hasta que obtienen plaza en capitales de provincia. En este sentido, reclama incentivar a los efectivos «no solo con una cuantía económica, sino también con el reconocimiento de su esfuerzo con una mayor puntuación o mediante condecoraciones por el servicio prestado y así retener más tiempo a los compañeros en la España vaciada».

También resalta que «la reducción en el número de efectivos ahonda la despoblación en aquellos rincones de España donde la cifra de guardias civiles es inferior a la prevista en la actual plantilla». Informa que el número de vacantes supera en la actualidad las 10.000 en el conjunto de la geografía española, «pero se hace especialmente agudo en las áreas rurales donde la actual situación provoca un incremento del grado de inseguridad de los bienes y propiedades de los residentes en los miles de pequeños núcleos urbanos en los que, en muchas ocasiones, los guardias civiles son algo más que servidores del orden público para convertirse en carteros, acompañantes, visitantes diarios o repartidores de medicamentos y un rato de compañía».

«La falta de suficientes efectivos dificulta en estas áreas una de las más importantes labores de la Guardia Civil: Las de prevención del delito y de sus consecuencias en esos espacios escasamente poblados», expone.

Jucil también seguirá reclamando en este nuevo año al Ministerio del Interior «una inmediata renovación de los vehículos, ya que buena parte de la flota de coches del Instituto armado está obsoleta, con cientos de coches con una antigüedad superior a 15 años o más de 350.000 kilómetros y en muchos casos con la ITV desfavorable».

Recuerda que otro de los caballos de batalla de Jucil durante 2021 fue reivindicar ante la dirección general de la Guardia Civil la necesidad de contar con «unas mejores condiciones de trabajo». Denuncia «el abandono que sufren los guardias civiles por parte de la administración, con horas extraordinarias excesivas, jornadas prolongadas sin el correspondiente periodo de descanso entre cada una de ellas, y con calendarios cambiantes que hacen difícil la conciliación de la vida personal y laboral».

Respecto a la reforma que plantea el Gobierno sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores ‘Ley Mordaza’, afirma que es «un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías», según afirma Agustín Leal.

Jucil denuncia que los cambios que prevé el Ejecutivo en esta Ley «provocarán un aumento de la violencia» hacia los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante su actividad profesional. «Más que ‘Ley Mordaza’ habría que llamarla Ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho«, denuncia el secretario de comunicación de Jucil, quien ha analizado recientemente en este diario cada una de las medidas que se pretenden llevar a cabo, con motivo de la manifestación del 27 de noviembre contra dicha reforma:

“También seguimos sin disponer de chalecos antibala individuales, incluso en momentos de pandemia tenemos que compartir estos elementosd; urante 2021 reclamamos fundas antihurto para nuestras armas y lo seguiremos reivindicando, al igual que cámaras unipersonales que graben todas nuestras intervenciones, así como un cambio normativo que retire definitivamente la anticuada aplicación del Código Penal Militar a nuestras actuaciones policiales y a nuestra vida civil”, explica Vilariño.

«Una normativa que vista desde el siglo XXI», según esta asociación, «resulta arcaica, abusiva, discriminatoria y arbitraria», y pide que no se aplique en labores policiales y personales de los agentes.

Jucil también critica «la escasa formación ofrecida; el estado de ruina de algunas instalaciones, sobre todo las situadas en ‘la España vaciada’, y la arbitrariedad que aún preside los cambios de destino, comisiones de servicios o condecoraciones», según expone Agustín Leal. Frente a ello, esta asociación luchará «por meter a la Guardia Civil de lleno en el siglo XVI».

Jucil se creó en 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto ante las instituciones y las administraciones públicas. Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, cuenta en la actualidad con más de 13.000 afiliados.

En las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, celebradas el pasado mes de octubre, se convirtió en la asociación más votada de las que se presentaban y la única con representación en dos de las tres escalas existentes: cabos y guardias y suboficiales. La tercera es la de oficiales. Cuenta con seis delegados de un total de 16 integrantes de este órgano consultivo.

Para conocer de primera mano las necesidades de los agentes, en 2021 se desplazó a Ceuta y Melilla ante la crisis migratoria, a Algeciras para conocer la realidad y reclamar la Zona de Especial Singularidad y a Barcelona para pedir la vacunación para los guardias civiles, entre otras acciones puntuales.

«2022 tiene que ser el año en el que la administración se preocupe por fin por sus agentes y la seguridad de los ciudadanos», concluye el secretario de comunicación de Jucil.