El fiscal de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel Eduardo de Mata Hervás, pide 21 meses de cárcel para el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, en el marco del ‘Caso Topillo’, que investiga el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos de la agricultura.
También solicita que se le imponta una multa de 16 meses con una cuota de 12 euros diarios.
Mismas penas reclama para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Manuel Aldeguer.
Para ambos solicita, además, 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo.
Según expone en su escrito, el exconsejero «se limitó a establecer una previsión formal, pero siendo consciente de su falta de operatividad, se hizo como que se hacía pero en realidad no se hizo nada» para controlar el vertido de fertilizantes nitrogenados a la laguna salada, «frustrando así el objetivo de la norma».
Respecto al excomisario de Aguas de la CHS indica que «a pesar de tener conocimiento durante años de la realidad de la existencia de numerosas desaladoras funcionando sin autorización alguna y que, en su mayoría se conectaban a un salmueroconducto que vertía directamente al Mar Menor, no adoptó decisión alguna para su inspección, sanción y desmantelamiento».
«Consintiendo -de esta forma- una situación de ilegalidad y falta de control de los vertidos que colisionan frontalmente con las funciones asignadas a la Comisaría de Aguas que él mismo dirigía», añade.
TAMBIÉN ACUSA A MEDIO CENTENAR DE AGRICULTORES Y EMPRESAS AGRÍCOLAS
La Fiscalía reclama para las empresas agrícolas investigadas penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, así como asunción de responsabilidades civiles que alcanzan los 1,4 millones de euros.
El fiscal relata en su escrito que «el incremento masivo en la superficie regable, unido al uso generalizado de abonos nitrogenados por los agricultores para la optimización de las cosechas, ha provocado un incremento severo de los niveles de nitratos presentes en los suelos y en los acuíferos cuaternario y plioceno».
Estos niveles, según explica el fiscal, que apoya sus conclusiones en diversos informes científicos, «sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa como cantidad máxima admisible, que se concreta en 50 mg/litro para las masas de agua subterráneas en la directiva marco del agua».
Añade que «buena parte del excedente de los nitratos agrícolas han terminado depositados en el Mar Menor, a través de varias vías», entre las que cita los intercambios subterráneos, las aportaciones superficiales, los vertidos directos a través de la Rambla del Albujón y las escorrentías provocadas en episodios de lluvias torrenciales.
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