La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marchena por el que se acordó en diciembre de 2020 el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el descarrilamiento de un tren en Arahal en noviembre de 2017, que se saldó con decenas de pasajeros lesionados, ya que entiende que de las diligencias practicadas “se extraen motivos suficientes y determinantes para entender que el accidente ferroviario acaecido fue imprevisible” tanto para el maquinista como para los responsables de la circulación y mantenimiento de las vías férreas.
En un auto fechado a 17 de enero, el tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por varios de los afectados contra la decisión del Juzgado, que solicitaban que se dejara sin efecto dicha resolución y se practicaran más pruebas para determinar quiénes fueron los responsables finales del delito de lesiones denunciadas.
La Fiscalía se opuso a los recursos por no constar acreditada una conducta gravemente carente del debido cuidado por parte del conductor del tren siniestrado ni por parte de ADIF, tratándose de un resultado “catastrófico” no imputable a la forma de proceder de ADIF o del maquinista.
El auto lo firman los magistrados Pedro Izquierdo Martín (presidente), Francisco de Asís Molina Crespo y Encarnación Gómez Caselles, que ha sido la ponente.
Esta resolución es firme y contra la misma no procede recurso alguno.
Los magistrados entienden que “la defectuosa elaboración” del Plan de Contingencias y del Manual de Prevención y Gestión de Incidencias en la fecha del accidente de ADIF no es “suficiente” para catalogar “como grave o menos grave” la falta de identificación de un riesgo en la línea férrea en función del nivel de alerta emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por parte de los responsables del servicio, “especialmente teniendo en cuenta que no existían partes de accidentes e incidencias referentes a inundaciones de la vía por fuertes lluvias en el ámbito de la estación de Arahal hasta esa fecha y el punto donde ocurrió el accidente no estaba incluido como punto de riesgo” en el listado incorporado al manual referido.
El tribunal subraya que en la línea donde ocurrió el descarrilamiento sólo existía a fecha del suceso un punto de riesgo alto en un determinado punto kilométrico “en el cual no se produjo ninguna incidencia”, mientras que no existía ningún punto de riesgo nivel medio-alto y tan solo existían seis puntos considerados como de nivel medio a lo largo de la línea, ninguno de los cuales se ubicaba antes del punto del descarrilamiento.
La Audiencia hace suyas “las lógicas y razonables” conclusiones expuestas “de forma exhaustiva y detallada” en el auto impugnado. Considera que “no existen indicios que permitan atisbar la existencia de responsabilidad penal por el resultado lesivo producido por falta de previsión grave imputable al maquinista, a los responsables del mantenimiento de la vía férrea o a los responsables de la circulación de Renfe, al producirse el descarrilamiento en una zona completamente anegada de agua en forma de balsa provocada por el desbordamiento de un arroyo aledaño debido a las intensas lluvias de días anteriores”.
‘NO CONCURRE UNA SITUACIÓN OBJETIVA DE RIESGO PREVISIBLE’
Los magistrados destacan que el punto kilométrico en el que ocurrió el accidente no se halla incluido en el listado del Plan de Contingencias del Manual de Prevención y Gestión de Incidencias de ADIF, por lo que “no concurre una situación objetiva de riesgo previsible ni vulneración de un deber objetivo de cuidado grave exigible a los responsables del servicio en orden a la adopción de medidas para neutralizar el riesgo producido por las fuertes lluvias diferentes a las observadas con el fin de evitar el resultado que finalmente se produjo”.
Los afectados también solicitaron en sus recursos como diligencias de prueba que se tomara declaración a los responsables de la circulación que no han sido llamados a declarar ni como investigados ni como testigos, al considerar que se trata de una prueba fundamental para el esclarecimiento de los hechos, ya que así podría explicarse por qué el responsable de la circulación permitió que el tren siniestrado circulase a una velocidad normal cuando previamente se informó por el maquinista del tren del mal estado de las vías.
Al respecto, la Audiencia expone que “de los argumentos que ofrece el recurrente para solicitar la práctica de estas diligencias no se infiere la necesidad y utilidad de dichas diligencias a los efectos de catalogar como grave o menos grave la imprudencia que motiva la formación de esta causa”.
Por todo lo anterior, desestima los recursos de apelación presentados contra la decisión del Juzgado de acordar el sobreseimiento provisional de la causa y confirma íntegramente la resolución impugnada, todo ello con reserva de acciones civiles a favor de los perjudicados.
