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La resistencia de los partidos a aprobar la reforma laboral pactada atenta contra el interés general
El exmagistrado de trabajo y exfiscal, Manuel Álvarez de Mon, explica por qué es necesario que los partidos políticos aprueben la reforma laboral pactada entre patronal y sindicatos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
31/1/2022 06:18
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Actualizado: 31/1/2022 00:12
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El Estatuto de los Trabajadores de 2015, siguiendo a los anteriores establece en su artículo 3, como fuentes de la relación laboral, en primer lugar las normas legales y reglamentarias estatales. En segundo lugar los convenios colectivos. Y en tercer lugar la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo. Es la base de cualquier reforma laboral que se afronte, como la actual.
Esta regulación subraya y valida, por tanto, la importancia del pacto, tanto del colectivo a través de los convenios así como del particular, a través de los contratos individuales. Siempre supeditados a las disposiciones legales imperativas y a los convenios colectivos.
El derecho laboral es la plasmación legal de las reivindicaciones históricas de los trabajadores. Primero contra la esclavitud y la servidumbre, instituciones históricas de la explotación de los trabajadores por los propietarios agrícolas y demás amos
Después, tras la revolución industrial del siglo XVIII, de la lucha contra la explotación de los obreros por los capitalistas y la burguesía industrial.
La lucha obrera por conseguir derechos mínimos, como la limitación de los horarios de trabajo, el descanso, el salario justo, etcétera, culminaron con la democracia política y el voto universal no censatario al establecer normas más justas en la relación laboral.
Además, con protección social ante el desempleo, discapacidad, enfermedad….
Para conseguir esos derechos fue fundamental la labor de los sindicatos obreros. Los arrancaron con su presión y fuerza a la patronal capitalista y a los partidos conservadores y liberales defensores de un injusto liberalismo económico que fomentaba la desigualdad social y económica de los ciudadanos y de los pueblos. Con reforma laboral tras reforma laboral en el Parlamento, porque así se hacen las cosas en nuestro mundo.
También defendió a los pobres y, con ello, a los derechos de los trabajadores, la Iglesia Católica, fiel a Jesúcristo, que siempre habló de su liberación. Y lo proclamó solemnemente desde la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, al que tildaron de comunista.
En nuestros días, otra encíclica, esta del Papa Francisco, titulada «Esta economía mata», vuelve a incidir sobre lo mismo, por lo que ha sido acusado también de comunista por sectores intransigentes del capitalismo liberal antisocial.
La reciente visita que le hizo en el Vaticano la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, de la coalición de Unidas Podemos, vino a subrayar esa idea.
Hay que apelar a la responsabilidad y al sentido de Estado de los políticos para que aprueben la reforma en el Congreso, al menos vía abstención, y que den ejemplo por una vez de solidaridad social y de respeto y empatía hacía el pueblo, en este caso representado por organizaciónes empresariales y sindicales
De los pactos entre la patronal y los sindicatos y entre los partidos de derecha e izquierda surgió el derecho laboral en el que es básico el acuerdo de las partes implicadas: patronal y trabajadores, a nivel individual o colectivo.
La legislación laboral española vigente, que siempre ha de estar en consonancia con la de la Unión Europea –mientras se forme parte de ella es lo que hay, guste o no– proviene en su redacción actual de las normas del gobierno de Mariano Rajoy.
UNA REFORMA LABORAL BASADA EN EL PACTO PREVIO ENTRE LAS PARTES
La reforma de esta legislación ha sido pactada entre las partes. De un lado, organizaciones empresariales –CEOE y CEPYME– y de otro los sindicatos de clase –UGT y CC.OO.– gracias a la labor fundamental de mediación en la negociación y el acuerdo de una abogada laboralista de lujo, la vicepresidente segunda y ministra de trabajo Díaz, citada anteriormente.
El acuerdo asumido por el Gobierno, y plasmado en el decreto ley 32/ 2021, precisa ser ratificado por el Congreso de los Diputados.
¿Y qué es lo que sucede?
Que algo que debería aprobarse sin problemas, dado el pacto y acuerdo de los interesados choca con los intereses egoistas de ¡partidos políticos a derecha e izquierda del espectro político, contrarios al interés social y general.
No solo por despreciar lo que quieren los interesados sino también por atentar contra el interés general, dada las exigencias de la Unión Europea de acuerdo entre las partes para otorgar al Estado Español, importantísimas ayudas económicas .
En la derecha no hay justificación alguna para ese atentado al interés general. Se hace solo para torpedear al Gobierno que ha logrado el acuerdo en algo que es tema de Estado.
Tampoco hay justificación por parte de la izquierda por un máximalismo de exigencias inviables en este momento.
Más vale algo que nada, sobre todo el acuerdo sobre la nueva regulación de la prioridad de los convenios colectivos.
Apelando a mi experiencia, cuando fui magistrado de trabajo –viví la transición a jueces de lo social–, lo que recuerdo con más interés profesional era la importancia del pacto entre las partes, supeditándose a ello las resoluciones judiciales.
También siendo funcionario de Instituciones Penitenciarias viví la necesidad de los acuerdos al militar varios años en un sindicato de trabajadores .
Así pues, hay que apelar a la responsabilidad y al sentido de Estado de los políticos para que aprueben la reforma en el Congreso, al menos vía abstención, y que den ejemplo por una vez de solidaridad social y de respeto y empatía hacía el pueblo, en este caso representado por organizaciónes empresariales y sindicales.
Sinceramente no aprobar la reforma por voto negativo será difícil de justificar. Por ese motivo de ir contra lo pactado por los agentes sociales y por el daño que causa a las ayudas europeas.
Los políticos no deben ponerse por encima de los acuerdos de las partes. Deben respetarlos, como hacen los jueces de lo social.
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