Sobre estas líneas, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Gonzalo Fraga, quien constató el enriquecimiento de Villarejo con sus actividades ilícitas de investigaciones privadas mientras ostentaba el cargo de comisario de la Policía Nacional. Foto: Congreso.
Los negocios privados de Villarejo sirvieron para engordar «su patrimonio personal y familiar»
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10/2/2022 06:47
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Actualizado: 10/2/2022 00:44
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Gonzalo Fraga, el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que comenzó a investigar ‘Tándem’, declaró ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las primeras piezas de esta macrocausa que no le consta que el comisario José Manuel Villarejo usara su grupo empresarial, CENYT, para otra cosa que no fueran sus negocios privados, que aseguró que sirvieron para engordar su «patrimonio personal y familiar».
«No he visto la utilización de CENYT y de esas sociedades más allá de para asumir los encargos de estos clientes», expuso el testigo al ser preguntado por el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, si le consta que el comisario usara su entramado societario para operaciones policiales como ‘Gürtel’, ‘Malaya’ o la denominada ‘Operación Cataluña’.
Ante la insistencia del letrado de la defensa, Fraga aclaró que sí figuran en otras piezas de ‘Tándem’, concretamente en ‘Kitchen’ –que excede el ámbito de este juicio–, «múltiples contactos» de Villarejo con el que fuera jefe de la UDEF José Luis Olivera y el inspector jefe Antonio Giménez Raso, así como archivos de audio entre el comisario y su socio Rafael Redondo que revelan tal relación.
No obstante, a renglón seguido subrayó que en esas conversaciones grabadas «se habla de que la estrategia que tienen es que las informaciones que tengan de clientes (hay que) reconducirlas a la UDEF» para que la unidad policial pueda trabajar con ellas pero también para que CENYT pueda facturar, lo que sugeriría un acuerdo económico que, según recordó, aún se investiga en otras piezas.
Para ahondar en este asunto, García Cabrera le confrontó con escritos de algunos de los responsables de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en las épocas en las que Villarejo era comisario en activo, que se remontan a los años 90, tales como Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado o Eugenio Pino, donde manifiestan que tenía una estructura empresarial conocida por sus mandos policiales para dar cobertura a investigaciones oficiales.
A lo que Fraga contestó que «es lógico» pensar que, si Villarejo era «un comisario sin comisaría», «de alguna manera sus superiores jerárquicos tenían que saber que estaba en otro lugar», incluso que tenía una actividad empresarial.
«Lo que no sé es si tenían el detalle de los servicios que prestaba a sus clientes», remarcó.
En este sentido, puso de manifiesto que en ‘Iron’, una de las tres piezas de ‘Tándem’ que se ventilan en este juicio, donde Villarejo habría espiado a un despacho de abogados por encargo de un rival que sospechaba que le había robado la base de datos, CENYT presentó en nombre de sus clientes una denuncia en sede policial y judicial, pero contemplaba el cobro de una «prima de éxito» por el resultado de la misma.
«Es una instrumentalización», indicó.
CENYT Y EL PATRIMONIO DE VILLAREJO
Asimismo, el inspector afirmó que «el patrimonio personal y familiar de Villarejo crece y se nutre de esa actividad privada» que desarrolla a través de CENYT, precisando que por los tres proyectos juzgados ahora (‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’) se embolsó más de 660.000 euros.
El abogado defensor trató de desvincular el patrimonio de CENYT del personal de Villarejo, si bien Fraga ha aseverado que el grupo empresarial se estructura en «varios niveles» con sociedades que se alimentan unas a otras pero cuyo «titular real» en todos los casos es el comisario.
«Lo que pasa es que hay que dar varios pasos para llegar al nombre de José Manuel Villarejo», apostilló.
Además, enfatizó que en las «más de cien» cuentas bancarias relacionadas con CENYT que se han investigado a lo largo de ‘Tándem’ no han detectado intercambio de dinero con la administración pública, sino solo «entradas de pagos de clientes y salidas hacia inversiones del patrimonio personal y familiar de Villarejo» y a gastos empresariales, como pago de nóminas.
A este respecto, García Cabrera avanzó que solicitará por escrito al tribunal que se desclasifique información que permitiría establecer cuál de las dos «tesis absolutamente opuestas» que se manejan en este juicio sobre el presunto cohecho es la veraz, apuntando que habría delito si CENYT estaba pagada por el Estado y Villarejo debía devolver el dinero obtenido con ella, pero que no lo habría si la red empresarial tenía que sostenerse por sí misma.
La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ya le anticipó que en esta vista oral solo se están analizando los presuntos cohechos cometidos con los proyectos enjuiciados, que –le advirtió– están perfectamente acotados.
«No lo pierda de vista», dijo.
Al ser preguntado directamente sobre si hay prueba alguna de que la actividad empresarial de Villarejo financiara de algún modo sus labores oficiales, Fraga fue tajante: «No, al contrario. Se han examinado esas cuentas y no hay ningún destino que no vaya al mantenimiento de la estructura (CENYT) o a inversiones propias de su patrimonio personal y familiar», aunque puntualizó que el examen financiero del conjunto de ‘Tándem’ sigue en marcha.
UN POLICÍA SINGULAR
De todas formas, Fraga reiteró que los investigadores no cuestionan que Villarejo tuviera funciones policiales, admitiendo incluso que «existe una singularidad», porque no tenía un «puesto de trabajo normal o habitual» debido a esa condición de «comisario sin comisaría», y que hasta conoce «un caso parecido» al de Villarejo dentro del cuerpo de seguridad.
Así, sostuvo que no han observado irregularidad alguna en lo que eran sus funciones policiales, certificando que tenía «identidades operativas» facilitadas por la Secretaría de Estado de Seguridad para «captación de fuentes humanas» y «manejo de confidentes».
En este punto, comentó que hace un año informaron al juez instructor de que Villarejo gestionó a «un informador en torno a un caso de corrupción vinculado a la familia Pujol» con una de esas identidades.
Pero desligó este trabajo policial de lo que, a su entender, es «una actuación mínimamente encubierta» al estilo del que plantea la defensa, es decir, que empleara CENYT como cobertura de sus labores de espionaje al servicio de Policía y CNI con conocimiento y autorización de sus superiores.
Fraga describió el «patrón» que Villarejo seguía con sus clientes privados, donde no usaba esas «identidades operativas», sino que se presentaba con su nombre real, y hacía «una invocación permanente» de su condición policial, en unos casos de forma expresa y en otros con «ambigüedad».
Mencionó igualmente que CENYT anunciaba en Internet sus «estrechas relaciones» con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la administración de justicia y que en su enjambre societario figuraban su mujer y su hijo.
«Por eso, veo que no hay ninguna conexión natural entre una actividad encubierta y la que despliega Villarejo en estos encargos privados», concluyó el inspector jefe.
«NO INVESTIGAMOS POR LIBRE»
Ayer también interrogaron a Fraga las defensas del socio y la mujer de Villarejo, Rafael Redondo y Gema Alcalá, respectivamente, que han incidido en cuestionar la cadena de custodia de todo el material incautado en los registros realizados en noviembre de 2017, que constituye en buena medida el sustrato probatorio de ‘Tándem’.
«Tengo la completa seguridad de que eso no se ha alterado y no se ha incorporado a este procedimiento ningún archivo que no provenga exclusivamente de esos registros», afirmó.
En la misma línea, ha negado que investigara rebasando los límites establecidos por juez y fiscal, como denuncia Villarejo alegando una supuesta enemistad con Asuntos Internos.
«No investigamos por libre», atajó a la defensa del inspector jubilado Antonio Bonilla.
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