Con este acuerdo entre las fuerzas políticas, las puertas giratorias para jueces y fiscales italianos que se pasen a la política quedarán cerradas para siempre.
El Gobierno italiano acaba con las «puertas giratorias» de los jueces y fiscales: El que se va a la política no vuelve
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13/2/2022 00:55
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Actualizado: 13/2/2022 01:02
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El Gobierno de unidad nacional italiano que preside Mario Draghi aprobó el pasado viernes –por unanimidad– un proyecto de ley que acaba con las «puertas giratorias» que permiten a los jueces y magistrados entrar en política y volver a la judicatura o a la fiscalía, de una forma similar a como actualmente ocurre en España.
«Los magistrados que hayan ocupado cargos electos de cualquier tipo o cargos gubernamentales (nacionales, regionales o locales), al finalizar su mandato no podrán volver a desempeñar ninguna función judicial«, dice el proyecto de ley que apoyan el Movimiento 5 Estrellas, La Liga, Forza Italia, el Partido Democrático e Italia Viva.
Eso no quiere decir que vayan a perder su condición de funcionarios. Eso no ocurrirá. Podrán ocupar puestos administrativos o ministeriales. Y se aplicará tanto a los que hayan sido elegidos como a los que pierdan. Pero perderán su condición de jueces o de fiscales.
Los magistrados que, a pesar de todo, decidan pasarse a la política tendrán un handicap añadido: no se podrán presentar como candidatos de ningún partido político en las regiones en las que hayan ejercido su cargo en los tres años precedentes.
TAMBIÉN HAY PARA MAGISTRADOS QUE NO HAN SIDO POLÍTICOS
Por lo que se refiere a los magistrados ordinarios, administrativistas, contables y militares que hayan ocupado altos cargos en los ministerios o puestos gubernamentales no electivos, como jefes de gabinete, secretarios generales en los ministerios o jefes de departamento, tampoco podrán regresar a sus destinos en los juzgados y tribunales durante los tres años siguientes a finalizar su periodo en la política. También hay «puertas giratorias» para ellos.
Su destino lo determinarán sus respectivos órganos de autogobierno.
«Ha sido un debate muy rico y también muy compartido gracias a las numerosas interlocuciones con las fuerzas políticas», declaró el primer ministro Draghi después en rueda de prensa, junto a la ministra de Justicia, Marta Cartabia, expresidenta del Tribunal Constitucional italiano.
«Era necesario aprobar la reforma a tiempo para las próximas elecciones al Consejo Superior de la Magistrataura [CSM], que tienen que tener lugar en julio próximo. Hubo un compromiso colectivo de todos los ministros de apoyar la ley en el Parlamento con sus partidos», añadió.
Las nuevas normas, una vez que se aprueben, no tendrán carácter retroactivo. A los actuales jueces y fiscales ahora en política, cuando terminen su etapa no se les aplicarán las restricciones de las «puertas giratorias».
RECUPERAR LA CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD
La reforma, según la ministra de Justicia, era «ineludible», por la caducidad del CSM «pero también para apoyar al poder judical en el proceso de recuperación de la confianza y la crediblidad, sobre el que insistió el presidente de la República en su mensaje a ambas Cámaras de hace unos días. Se lo debemos a los numerosos magistrados que trabajan en silencio cada día. Y se lo debemos a los ciudadanos que tienen derecho a recuperar la plena confianza en ellos. Unas normas más adecuadas y estrictas pueden apoyar al Poder Judicial en este camino».
El paquete también comprende una reforma del Consejo Superior de la Magistratura, equivalente a nuestro Consejo General del Poder Judicial, por el que se aumenta en 6 el número de sus miembros.
Actualmente son 27.
Una vez que el Parlamento italiano lo convierta en ley, pasarán a ser 33. Y tendrá que ocurrir antes del próximo mes de julio, cuando tiene que renovarse el CSM, cuyo mandato es de 4 años.
De sus 33 miembros, tres son miembros natos: El presidente de la República –como presidente del CSM–, el primer presidente de la Corte de Casación y el fiscal general del esa misma Corte de Casación.
De acuerdo con la nueva composición, el Parlamento pasará a elegir 10 (hasta ahora son 8) miembros «laicos», lo que en España describimos como juristas de reconocido prestigio, es decir, abogados, procuradores, profesores de universidad, letrados de la Administración de Justicia, etcétera.
Los magistrados –en Italia esa descripción comprende a jueces y fiscales– elegirán directamente, por su parte, a 20 miembros –de los 16 actuales–.
Dos serán jueces del Tribunal Supremo, 13 jueces y cinco fiscales.
ACABAR CON EL CLIENTELISMO Y EL REPARTO DE CARGOS
El método previsto es un sistema mixto, basado en circunscripciones binominales. En cada una de ellas se eligen a dos miembros del CSM. Así hasta 14 de los 20. La vocalía 15 se asignará a un fiscal sobre la base de un cálculo ponderado que identificará a uno de los terceros más votados.
Los 5 puestos restantes en el CSM se asignarán mediante un sistema nacional proporcional. No habrá listas nacionales, pero será posible presentarse como candidato individual. Se trata de un sistema bastante articulado que sirve, sobre todo para introducir un elemento de imprevisibilidad en las elecciones al CSM.
Desde hace años vienen produciéndose acusaciones de que en el CSM se favorece el clientelismo, el reparto de cargos, la promoción profesional ligada a la afiliación política, lo que compromete la neutralidad y la eficacia del órgano de autogobierno de los jueces de Italia.
Los críticos lo han comparado con un mini parlamento, donde residen las divisiones por grupos, el faccionalismo, las luchas fratricidas, la captación de votos por intereses partidistas y el mercado de nombramientos y favores.
Ese es, precisamente, el objetivo de la reforma del CSM, acabar con ese estado de cosas, incluyendo las «puertas giratorias».
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