La RFEF tendrá que indemnizar con 1,2 millones a Mediapro por excluirlo del VAR
Luis Manuel Rubiales Béjar, presidente de la  Real Federación Española de Fútbol (RFEF), proclamado por la Asamblea General celebrada en mayo de 2018 y de nuevo en septiembre de 2020.

La RFEF tendrá que indemnizar con 1,2 millones a Mediapro por excluirlo del VAR

El juez estima la demanda de Mediapro y condena a la RFEF por abuso de la posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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22/2/2022 10:17
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Actualizado: 22/2/2022 10:36
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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tendrá que pagar una indemnización de 1,25 millones de euros a Mediapro por cometer abuso de la posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el concurso que convocó en mayo de 2019 para contratar el Servicio de Videoarbitraje (VAR), al incluir cláusulas en las bases orientadas a favorecer la “adjudicación a favor de una tercera empresa” en contra de las normas de defensa de la competencia.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Jorge Montull Urquijo, ha estimado la demanda interpuesta por Mediaproducción (Mediapro), el grupo que preside Jaume Roures, y ha condenado a la Federación a indemnizar con 1.249.897 euros a la demandante por los daños y perjuicios causados.

El juez ha desestimado el resto de pretensiones de la demanda y no hace imposición de las costas. La sentencia es la número 207/2022, de 16 de febrero, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso lo ha llevado la abogada Ana Garrote Fernández-Díez, mientras que la Federación ha estado representada por el letrado Tomás González Cueto.

LO QUE PEDÍA MEDIAPRO

Mediapro exponía en la demanda que la convocatoria de una nueva licitación por parte de la RFEF en 2019, cuando ella había sido adjudicataria de la prestación del servicio el 1 de marzo de 2018 por un período de cuatro años, y lo había desarrollado con éxito en la temporada 2018/19, fue un hecho constitutivo de abuso de posición de dominio del artículo 2 de la LDC.

Solicitó que se declarara que la Federación ha incurrido en una actuación contraria a los artículos 2 de la LDC y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y fuese condenada.

También reclamó la nulidad del “Concurso para la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo y para la puesta a disposición de los equipamientos técnicos necesarios para el servicio” y de todo lo acaecido en el seno de dicho concurso, condenándola a no ejecutar lo resuelto en el mismo, en particular lo recogido en el apartado 9 del acuerdo de la Federación de 29 de mayo de 2019, así como a respetar el desempeño pacífico por parte de Mediapro de la prestación de los servicios de asistencia al arbitraje a través de vídeo y puesta a disposición de los equipamientos técnicos que tiene adjudicada hasta la temporada 2021/2022.

Subsidiariamente a lo anterior, en el caso de que se entendiera que no era lícito por parte de la RFEF llevar a cabo un concurso para reasignar la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo, solicitaba se declarera la nulidad de la cláusula 4.3.a) de las bases del concurso, relativa a la responsabilidad penal de empresas o grupos de empresas, así como la nulidad del apartado 2 de la cláusula 7, relativa a la valoración de la experiencia en el sector, y se condenara a la RFEF a realizar una nueva adjudicación de la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo, en el seno de ese mismo concurso, pero sin tener en cuenta el apartado 2 de la cláusula 7 de las bases relativa a la valoración de la experiencia en el sector.

Y, subsidiariamente a todo lo anterior, en el caso de que se entendiera que la nulidad del apartado 2 de la cláusula 7 impregna de nulidad al conjunto del concurso, pedía la nulidad de dicho concurso, y a que si está en el interés de la RFEF realizar una nueva adjudicación, convoque un nuevo concurso para la prestación del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo conforme a unas bases ajustadas a Derecho.

Para el supuesto de que durante el procedimiento se constate que Mediapro no presta, o no prestará, los servicios de asistencia al arbitraje a través de vídeo para las temporadas 2019/2020 a 2021/2022, pedía que se condenara a la RFEF a indemnizar a Mediapro por los daños y perjuicios sufridos, «que en este momento se calculan en 3.375.266 euros», según exponía cuando presentó la demanda.

La audiencia previa se celebró el 3 de noviembre de 2020. Tras comprobar la falta de acuerdo, la demandante efectuó alegaciones complementarias sobre hechos posteriores reduciendo el importe de la indemnización a 1.249.897 euros. A su vez, adujo como hecho nuevo un auto del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Majadahonda.

El juicio tuvo lugar el 23 y el 30 de junio de 2021.

LAS VERSIONES DE LAS DOS PARTES

Mediapro expone en la demanda que en febrero de 2018, la Federación y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) firmaron un acuerdo para la implantación del sistema de VAR en España, en el que se atribuía a la LNFP la designación del proveedor tecnológico del proyecto, habiendo realizado la misma a favor de Mediapro el 1 de marzo de 2018, tras un proceso de consultas.

En virtud de esta designación, la demandante prestaría los servicios de VAR y pondría a disposición los equipos necesarios para ello, tanto a la LNFP como a terceros designados por ésta, prestándose los servicios inicialmente en los estadios de los Clubes de Primera División y en las instalaciones de la RFEF, sitio éste último en que se instalaría un Centro VOR -Centro de vídeo operaciones- por parte de Mediapro.

La designación se hacía entre el 1 de marzo de 2018 y el 30 de junio de 2022, coincidiendo con el final de la temporada 2021/2022.

Añade que el servicio se prestó con éxito de este modo por Mediapro en la temporada 2018/2019, lo que hizo que lo prestara también para la fase final de la competición de Copa del Rey 2018/2019.

Sin embargo, añade que ese acuerdo sólo se mantuvo una temporada y que el 15 de mayo de 2019 la Federación publicó en su web la convocatoria de un concurso para asignar la prestación del servicio de asistencia al arbitraje de vídeo y la puesta a disposición de los equipamientos necesarios para el servicio. El contrato alcanzaba todas las competiciones oficiales desde la temporada 2019/20 a la 2022/23, diversas fases de la Copa del Rey, partidos de Segunda División y de la fase de ascenso, entre otros.

Mediapro expone que «la demandada incluyó en las bases de la licitación dos cláusulas dirigidas a impedir que la demandante obtuviera la adjudicación: en la primera se impedía participar a quien alguna empresa de su grupo hubiese sido sancionada penalmente o reconocido su responsabilidad penal; en las cláusulas 3 y 4 se recogían los criterios a valorar para adjudicar el servicio, atribuyendo de 1 a 45 puntos a la mejor oferta económica, y de 1 a 55 puntos a la experiencia en la prestación del servicio de VAR, contabilizándose a este efecto cada competición y temporada de las dos habidas (2017/18 y 2018/19)».

Explica que se presentó al concurso como cautela, «pese a ser contrario a la convocatoria del mismo por desconocer sus derechos ya adquiridos», siendo adjudicado en julio de 2019 a Hawk-Eye (Ojo de halcón) debido al criterio de la experiencia en el sector. La oferta económica de Mediapro había sido 90.000 euros inferior a la de Hawk-Eye (12.760.286 euros frente a 13.668.500 euros).

La demandante apunta que la cláusula de responsabilidad penal no fue aplicada por la RFEF al haber sido suspendida cautelarmente en procedimiento referido a la final de la Copa del Rey de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, y que en junio de 2019 la RFEF puso en conocimiento de la LNFP que Hawk-Eye pretendía adquirir los equipos de Mediapro que se encontraban en la sede de la Federación, a fin de que aquella lo comunicara a Mediapro. Ésta interesó la adopción de medidas cautelares sobre la cuestión.

Por su parte, la RFEF niega la imputación que se le realiza y alega, entre otros extremos, que el convenio firmado con la LNFP para el desarrollo e implementación del sistema de videoarbitraje en el Campeonato Nacional de Liga, de 28 de febrero de 2018, terminaba su vigencia el 30 de junio de 2019, al tener por objeto únicamente una fase de experimentación que abarcaba una única temporada».

También defendía que el contrato firmado el 1 de marzo de 2018 la LNFP y Mediapro «no ha sido conocido por la demandada hasta que se ha presentado la demanda de éste procedimiento»; que «el período de vigencia de este contrato es contrario a la vigencia del convenio entre LNFP y RFEF, no pudiendo la primera designar proveedor tecnológico más allá del 30 de junio de 2019»; señalaba, además, que Mediapró «aceptó la convocatoria de la licitación al concurrir a la misma sin efectuar impugnación alguna».

Así, la RFEF defendía que el contrato que había firmado Mediapro con la patronal en fase experimental sólo le unía por un año y que, transcurrido ese plazo, era libre para convocar un proceso de licitación y seleccionar a la empresa que considerara más conveniente.

EL RAZONAMIENTO DEL MAGISTRADO

El magistrado expone que en la demanda se identifica la conducta constitutiva de abuso de posición de dominio del artículo 2 de la LDC, tanto con la convocatoria de la licitación del VAR como con las condiciones establecidas en la misma, teniendo por objeto ambos extremos expulsar a Mediapro del mercado, excluyéndole de la adjudicación de la que ya gozaba de la prestación del servicio de VAR.

Señala que aunque la RFEF hubiese convocado el concurso arguyendo deficiencias en la prestación del servicio por parte de Mediapro, «circunstancia que no consta en absoluto, pues la existencia de informaciones periodísticas de la época sobre los motivos de la RFEF para convocar en modo alguno pueden tener un efecto jurídico, aun en tal caso la convocatoria habría sido un acto injusto o ilícito en el sentido de que contravenía el acuerdo pactado con la LNFP de 28 de febrero de 2018, que no preveía tal forma de terminación del mandato que en el mismo se otorgaba a ésta entidad, ni siquiera por motivos justificados como los indicados, que podría el mismo haber recogido, pero no lo hizo».

El juez afirma que «resulta evidente que la convocatoria de un concurso sin base contractual alguna para ello, vulnerando los derechos de quien estaba prestando el servicio conforme a un contrato válido, y la preordenación del concurso para la adjudicación a favor de una tercera empresa provoca en la demandante un efecto de exclusión del mercado de prestación del servicio de VAR«, por lo que concluye que esta conducta es constitutiva de un abuso de posición de dominio del artículo 2 de la LDC.

Esto tiene como consecuencia la estimación de la pretensión punto uno del suplico de la demanda, declarativa de la actuación contraria a los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE.

Mediapro interesaba la declaración de nulidad del concurso de prestación del servicio de VAR. El juez indica que el artículo 1.2 LDC, como el artículo 101.2 TFUE, sanciona con la nulidad de pleno derecho a los acuerdos, decisiones y recomendaciones prohibidos en los respectivos apartados primeros de dichos artículos, no estando amparados por las exenciones recogidas en la LDC o en los Reglamentos de exención comunitarios.

El juez añade que sin embargo, tal sanción no se recoge en los artículos 2 LDC y 102 TFUE, relativos al abuso de posición de dominio, ya que en este caso no estamos ante actos en sí mismo ilegales, sino «ante actos que, en atención a las circunstancias concurrentes en los mismos, han constituido el referido abuso».

Señala que la consecuencia, por tanto, de la declaración de abuso que prevén los referidos preceptos es la prohibición del acto a través del que tiene lugar el mismo, «pero no la declaración de nulidad». Por tal motivo, afirma que no cabe estimar la pretensión contenida en los apartados segundo, tercero y cuarto del suplico de la demanda, en los que se deducen, en forma subsidiaria entre sí, distintas peticiones de nulidad de la convocatoria de concurso o partes de la misma.

MULTADA CON 200.000 EUROS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 200.000 euros a la RFEF por ceder a determinados medios de comunicación parte de los audios de una reunión celebrada durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2020.

Según la resolución, la RFEF grabó «sin consentimiento» expreso de los participantes una reunión que se celebró el 7 de abril de 2020 con diferentes representantes deportivos para hacer un “seguimiento de la covid-19″ y para tratar el impacto de pandemia en el fútbol. Entre los asistentes a este encuentro estaban el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y el director adjunto a la presidencia de LaLiga, Carlos del Campo.

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