Firmas
La Ley de Transparencia es aplicable a los medios de comunicación de titularidad pública
Guillermo Rocafort critica el enfoque de la Agencia EFE sobre un atropello mortal del que fue autor un legionario, agencia que se negó a responder a una serie de cuestiones presentadas por el columnista. El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno confirmó a Rocafort que EFE estaba obligada a contestar.
02/3/2022 06:48
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Actualizado: 02/3/2022 09:26
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Hace unos meses me sobresalté ante una noticia cuya fuente informativa era la Agencia pública EFE que hacía mención a un atropello mortal de una niña de 5 años en Almería por parte, según decía el titular, de un “legionario borracho”, noticia que fue replicada por infinidad de medios de comunicación en España.
Siempre nos resulta muy doloroso que haya menores que resulten muertos en accidentes de tráfico, y más en condiciones tan trágicas, porque los que hemos sido legionarios sabemos el valor e importancia que tiene la vida, en especial en épocas tan tempranas.
Sin embargo, había algo en ese titular especialmente tendencioso y odioso, como era desvelar la profesión del autor del atropello, pues lo mismo habría dado que el mismo hubiera sido causado por un médico o un periodista; lo verdaderamente relevante y noticiable era que una niña había fallecido en tan trágicas circunstancias por una persona que excedía la tasa de alcoholemia permitida, con independencia de su profesión o condición.
El objetivo de ese titular tan manipulado era precisamente ganar impacto en las redes sociales y fomentar una reacción de odio contra el colectivo reseñado de los legionarios, y tanto es así que desde el principio, muchas cuentas en Twitter le afearon masivamente a la Agencia EFE que hiciera mención a la condición profesional del conductor, ante lo cual no sólo no hubo ninguna rectificación sino un empecinamiento en un acto tan deshonesto por parte de lo que es una Agencia gubernamental de noticias que se sostiene con fondos públicos.
En este sentido conviene aclarar que el Código Deontológico de RTVE afirma que “es mala praxis periodística el identificar al autor de un delito por su profesión cuando ésta no resulta significativa para comprender la noticia”.
Pues bien, como yo estudié derecho mientras serví en la gloriosa Legión Española, como podría haber estudiado periodismo, actividad que cada vez me atrae más, me tomé no la molestia, sino un gran interés de ahondar en este nuevo ataque mediático contra esa parte de mí que considero tan importante, como es la mencionada Legión Española, para así conocer en qué medida la Agencia EFE estaba o no cumpliendo el código deontológico del periodismo a la hora de cumplir con su obligación informativa, que debería ser contar la verdad, y no tratar de agitar a la opinión pública, generando odios innecesarios contra un Colectivo tan respetable como el de Los Legionarios, en Activo o Veteranos.
La gente no lo sabe o no lo recuerda, pero hubo una época en España donde los jóvenes servíamos en las Fuerzas Armadas, como cumplimiento del mandato constitucional de defender a tu Nación, y es así que miles de jóvenes españoles nos alistamos voluntariamente en La Legión Española para así servir más y mejor a nuestra Patria, y no por comodidad, sino todo lo contrario, porque entendimos que precisamente sirviendo en los lugares de mayor peligro para España nuestras jóvenes vidas alcanzaban así mayor dignidad y realce, y es por ello que nos indignamos legítimamente ante el mencionado titular de la Agencia EFE.
Amar a La Patria y el haber servido en La Legión no es todavía un delito contemplado en el Código Penal, que yo sepa de momento.
Es por ello que, haciendo uso de las herramientas del Estado de Derecho, acudí a solicitar una serie de informaciones a la Agencia EFE en base a la Ley de Transparencia, la cual fue denegado en un totalidad por la aludida.
Como no estaba conforme con la respuesta, acudí al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que una vez más me ha dado la razón con la Resolución 674/2021 y le obliga a la Agencia EFE a aclararme los siguientes extremos:
a) si es línea periodística de la Agencia EFE el informar de la profesión de los autores de atropellos;
b) las noticias de atropellamientos que ha dado la Agencia EFE en sus últimos 5 años;
c) los controles que tiene la Agencia EFE para tomar el pulso a las opiniones en redes sociales que ponen en duda la objetividad de sus noticias y las medidas que adopta en tal caso; y
d) copia del expediente de investigación interna sobre este asunto que lleve a cabo la Agencia EFE tras mi denuncia.
Para ello se basa el mencionado Consejo en que nos encontramos ante información pública la solicitada por mí, tal y como se define el artículo 13 de la Ley de Transparencia (“Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”).
Además, el Consejo de la Transparencia remarca lo siguiente: “se trata, además, de informaciones cuyo acceso por parte de la ciudadanía entronca con las finalidades de la Ley de Transparencia -expresadas en su Preámbulo-, ya que, permite conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, dado que la entidad requerida se encuentra incluida en el ámbito de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia”.
Por lo tanto, es evidente que los medios de comunicación de titularidad pública como la Agencia EFE quedan sujetos en España a La Ley de Transparencia y, en consecuencia, deben responder ante la ciudadanía en aquellas cuestiones que entren en su ámbito de aplicación.
Espero que esto sirva para que los periodistas y juristas españoles tomen conciencia de que ante noticias en los medios de comunicación que se extralimiten de lo que es un servicio público a una información veraz por parte de determinados medios de comunicación que gestionan directamente los políticos, es posible utilizar la Ley de Transparencia para conocer los criterios y las tomas de decisiones que se desvíen de dicho fin.
De esta forma, con la Ley de Transparencia, se garantiza una opinión pública más plural y democrática, por cuanto que son los propios ciudadanos los que podemos supervisar el ejercicio de ese contrapoder que está llamado a ser la Prensa de titularidad pública en las Sociedades Occidentales.
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