La vista duró seis horas y todas las partes intervinieron. El tribunal también les hizo preguntas.
El fiscal Cadena califica, ante el TJUE, de «ilógico y absurdo» que los jueces belgas cuestionen la competencia de Llarena
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06/4/2022 01:16
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Actualizado: 06/4/2022 14:07
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El fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, tachó ayer de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia del magistrado del Supremo instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, para emitir las euroordenes, asegurando que esto supondría que el país receptor de una petición de entrega controle las normas procesales del país emisor.
Así se pronunció Cadena, uno de los cuatro fiscales del caso «procés», quien fue acompañado de su colega en el Supremo, y exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la vista ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.
La vista fue la consecuencia de la cuestión prejudicial elevada por el magistrado Llarena ante el TJUE para que clarifique el alcance de las euroórdenes que dictó contra el exconsejero Lluis Puig –cuya entrega fue rechazada por los tribunales belgas–, contra el expresidente de la autonomía de Cataluña, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, como el primero, y varios de sus exconsejeros, en la misma situación.
Todos ellos están reclamados por la justicia española por su implicación en el intento de sedición de Cataluña en el llamado «procés».
El magistrado instructor quiso que el TJUE determinara con claridad las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), como contestación a la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas de no enviar a Puig a España.
Dicho Tribunal de Apelación belga argumentó que el Tribunal Supremo no era el órgano competente para examinar el caso y que con ello se había vulnerado la presunción de inocencia. La primera instancia había fallado, previamente, en la misma dirección, rechazando la entrega.
La justicia belga, además, se escudó en el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sobre los casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
El fiscal Cadena centró su argumentación en que los jueces belgas no pueden cuestionar la competencia del magistrado instructor español para emitir la euroorden y negar la extradición basándose en ello.
El tribunal de la Gran Sala ha estado compuesto por los jueces Koen Lenaerts, de Bélgica, presidente; Alexandra Prechal, de Países Bajos; Constantinos Lycourgos, de Chipre; Eugene Regan, de Irlanda; Jan Passer, de República Checa; Peter George Xuereb, de Malta; Ineta Ziemele, de Letonia; Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, de Portugal; Nils Wahl, de Suecia; Lucia Serena Rossi, de Italia; Lars Bay Larsen, de Dinamarca –ponente–; Niilo Jääskinen, de Finlandia; Irmantas Jarukaitis, de Lituania; Andreas Kumin, de Austria; y Marko Ilešič, de Eslovenia. Todos siguieron con gran atención a los intervinientes.
EL SUPREMO Y EL CONSTITUCIONAL RESPALDARON LA COMPETENCIA DE LLARENA
Cadena recordó a los jueces del TJUE que tanto el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) en España ya indicaron que Llarena era competente para pedir la entrega a Bélgica y por ello «no puede haber duda».
«No tendría sentido que se debatieran esas normas o fueran interpretadas por parte de otro Estado distinto al que se han forjado esas normas», subrayó.
Así recalcó que la competencia penal la determinan los jueces españoles, respaldándose en el derecho explícito, y que sería «ilógico y absurdo» que el país receptor de la euroorden controle las normas procesales del país emisor.
También cargó contra las dos opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), aducida por los jueces belgas para rechazar la entrega de Puig.
Señaló que ese informe «no es de ninguna manera valida» porque no se basa en cuestiones objetivas. «Ni puede elevarse sobre la opinión del Supremo», que ya indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales.
«No son vinculantes y no aportan ningún dato objetivo. La mera existencia del informe no es un dato objetivo», explicó el fiscal del Supremo.
Marta Castro, abogada de Vox, formación que ejerció la acusación popular durante el juicio del «procés» y cuya querella fue el origen de ese juicio, siguió la misma dirección que Cadena en su uso de la palabra.
Durante su intervención hizo hincapié en que es obligado cumplir las órdenes de detención y entrega y que denegarlas es la excepción.
Sobre el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, Castro lo calificó de «opiniones» y no de informe.
LA COMISIÓN EUROPEA APOYÓ LA POSICIÓN ESPAÑOLA
En su turno de intervención, el abogado de la Comisión Europea apoyó la posición de España frente a los motivos esgrimidos por Bélgica para rechazar la euroorden, incidiendo en que nuestro país no registra problemas sistémicos.
Por ello, consideró que no cabía alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconejero Lluis Puig, en un caso que afecta también al futuro judicial del expresident y eurodiputado Carles Puigdemont.
En concreto, la entrega de Puig fue rechazada por los tribunales belgas alegando posible vulneración de derechos fundamentales.
Julio Baquero, del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, explicó que no había lugar a alegar el riesgo de vulneración de derecho al no haber deficiencias sistémicas.
Bruselas considera que primero deberían probarse los fallos generales del sistema español y luego las consecuencias concretas para cada caso. «Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes, si no hay deficiencias el sistema de confianza debe mantenerse», defendió Baquero.
ESPAÑA ADVIERTE DEL RIESGO DE INOPERANCIA DE EUROÓRDENES
En representación de España, la abogada del Estado Andrea Gavela señaló que la deficiencia para no cumplir con una petición de entrega debe ser generalizada, «porque una falla puntual se salva con los mecanismos del propio sistema» y recalcó que se debe demostrar el riesgo real de que las vulneraciones se materialicen en caso de entrega.
Igualmente, descartó que la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), que adujo la defensa de los líderes separatistas catalanes represente «un elemento suficiente para considerar acreditado la vulneración de un derecho fundamental».
Gavela avisó ante los jueces europeos de que con este caso «está en juego que una situación excepcional se aquilate y haga inoperante la herramienta» de las euroórdenes.
Frente a las distintas peticiones de entrega emitidas por Llarena, la abogada española indicó que el mecanismo se basa en la cooperación judicial y defendió que «cabe emitir nuevas órdenes aunque anteriores hayan sido denegadas, retiradas o concedidas».
«Lo relevante no es lo que haya pasado en el pasado, no es lo que se pretende con la cuestión prejudicial, sino que sean relevantes para un procedimiento futuro», subrayó.
EL ABOGADO DE PUIGDEMONT, EN CLAVE POLÍTICA
De acuerdo con Gonzalo Boye, abogado del Puigdemont y de varios exconsejeros huidos, el magistrado Llarena utiliza las euroórdenes de forma política para encarcelar a los líderes separatsitas «sin juicios durante mese y años», impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria.
El abogado chileno-alemán afincado en España aseguró al tribunal que sus clientes sufren una «persecusión infame» por motivos políticos.
«Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí», afirmó.
Y relató que sus defendidos se habían enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos.
«Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación», argumentó.
Según Boye, se trata de una actuación desproporcionada que el exconsejero Lluís Puig se pueda enfrentar a una cuarta petición de entrega.
Sobre las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), referidas a los ya condenados exvicepresidente Oriol Junqueras, expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y secretario general de Junts, Jordi Sánchez, rechazadas por la Fiscalía española, por la representante de VOX, por el representante de la Comisión Europea y por la representante del Gobierno de España, Boye subrayó su validez.
Y llamó la atención para que se tenga en cuenta no la existencia de deficiencias sistemáticas y generalizadas sino el riesgo serio de que pueda haberlas.
ACUSAN A LLARENA DE «DESNATURALIZAR» LA CUESTIÓN PREJUDICIAL
Para la defensa de la exconsejera Clara Ponsatí, el magistrado del Supremo trata de usar al TJUE como una Cámara de Casación en el caso de Puig, cuya entrega a España fue rechazada en firme y es «definitiva e inapelable».
Así, la abogada Isabel Elbal, socia de Boye, señaló que la pregunta al TJUE sobre una decisión judicial en firme «desnaturaliza» el proceso de la cuestión prejudicial. «Cualquier motivo de denegación podría ser invocado por la orden de emisión y ser esto una Cámara de apelaciones intraeuropea», ha argumentado.
Sobre la opción de enviar otra orden de entrega, Elbal recalcó que introduciría un «marco de arbitrariedad» que «no puede permitirse la UE porque generaría efecto de desaliento».
En su intervención el abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira, Andreu van den Eynde, recordó que la sentencia del TJUE sobre la condición de eurodiputado de Junqueras para asegurar que el Supremo «desoyó» dicha sentencia, no le dio efecto, y se aparta de resoluciones europeas.
EL ABOGADO GENERAL PRESENTARÁ SUS CONCLUSIONES SOBRE EL CASO
Por otra parte, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en este caso, Jean Richard de la Tour, anunció también ayer que presentará sus conclusiones sobre el alcance de las euroórdenes presentadas por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, el próximo 14 de julio.
El abogado francés ha confirmado la fecha tras la celebración de esta vista, ante la Gran Sala del TJUE, que, durante más de seis horas, ha examinado en profundidad la cuestión prejudicial remitida por Llarena.
La figura del abogado general no tiene encaje en el sistema judicial español. Procede del sistema francés, de la jurisdicción contencioso-administrativo. Su función es la de ayudar al tribunal en cuestión a ver con más claridad la decisión a tomar. El TJUE suele seguir sus dictámentes, denominados «conclusiones», en el 67 % de los casos. En el 23 % restante se aparta de ellas.
Dichas conclusiones no son vinculantes.
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