El "Club" de aseguradoras fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar casi 1.600 millones de euros pero solo provisionaron 23 millones de euros. A tenor de los acontecimientos legales que están teniendo lugar en Londres, la cosa no pinta bien para las pretensiones españolas.
Pintan bastos para España en el caso del «Prestige» que se dirime en los tribunales ingleses
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04/5/2022 06:51
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Actualizado: 04/5/2022 11:25
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La “Court of Appeal” inglesa (tribunal de apelación) ha fallado recientemente a favor del “Club” de aseguradoras –agrupadas en la London Steam-Ship Mutual Insurance Association Limited– y en contra del Reino de España en el caso del Prestige.
Estas aseguradoras son las responsables civiles del armador del buque que naufragó ante las costas gallegas provocando el peor desastre ecológico de la historia de España y seguramente de Europa.
En concreto, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha resuelto que el tribunal inferior, la “High Court”, debe retirar la cuestión prejudicial elevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y resolver directamente si permite la ejecución de la sentencia española que condena al “Club” a pagar una indemnización multimillonaria cuantificada en 1.573 millones de euros.
Como explicaba nuestro columnista especialista en Derecho inglés, Josep Gálvez, en una serie de artículos desentrañando el complejo entramado de litigios del caso “Prestige”, la situación es especialmente complicada para España.
Gálvez confirma las sospechas de que las perspectivas para nuestro país “pintan bastos”, dado que “España lleva varios goles en contra y ha empezado tarde en un partido que se juega en la jurisdicción inglesa, creyendo que iba con ventaja”.
“La cuestión -advierte- es que según el “common law”, una sentencia extranjera no puede ejecutarse en Inglaterra y Gales si ya hay una anterior en el país con la que es incompatible, que es precisamente lo que sucede en este caso, resultando manifiestamente contraria al orden público inglés”.
En efecto, recordemos que el “Club de aseguradoras” preparó una estrategia brillante, consistente en primer lugar, en personarse en el procedimiento penal español y únicamente consignar el máximo establecido en el Convenio de Responsabilidad Civil de los armadores por los daños causados por la contaminación de hidrocarburos, unos 23 millones de euros, muy lejos de los casi 1.600 millones de la sentencia española confirmada por el Tribunal Supremo.
LAS ASEGURADORAS ESPERABAN A ESPAÑA EN SU CAMPO
“En realidad, los abogados del “Club” estaban preparando el campo de batalla, ya que sabían que tarde o temprano España tendría que ejecutar la sentencia en Inglaterra y ahí les estarían esperando con toda la caballería para impedir el “enforcement.”
Para ello, recuerda Josep Gálvez, “iniciaron un procedimiento arbitral en Londres dado que la responsabilidad del “Club” era contractual y, por tanto, sometida al derecho inglés, algo que en España no parecieron advertir, dado que ni tuvieron interés en participaren el primer proceso arbitral.
“Por el contrario, los del “Club” ha hecho los deberes y eso se nota ya que cuando se dieron cuenta en España, empezó en el partido tarde y mal” -señala Gálvez.
De hecho, los argumentos de la defensa española ante los Tribunales ingleses han ido cayendo como naipes uno tras otro, dado que ni la supuesta inmunidad de Estado, ni la argumentación de que era materia extracontractual han tenido éxito alguno, siendo rechazados
Esto no presagia nada bueno en el futuro y asegura un costoso proceso que podría costar millones de euros a la Hacienda española, dado que existen numerosos procedimientos iniciados por el Club ante instancias arbitrales inglesas para cobrarse los gastos generados en la defensa contra España y que “previsiblemente serán cifras astronómicas”, indica Josep Gálvez, dadas las cuantías y los profesionales implicados.
De confirmarse los presagios, España no sólo podría verse sin cobrar los casi 1.600 millones de la sentencia del Tribunal Supremo, sin que tendría además que pagar las cuantiosas facturas en costas de los procedimientos iniciados en Inglaterra, con lo que los 23 millones consignados serían un “premio de consolación”.
El navío se hundió frente a las costas de Galicia hace 20 veinte años, con 77.000 toneladas de fuel en su interior. Los vertidos provocaron una catástrofe ecológica sin precedentes.
España está obligada a jugar en suelo inglés con reglas inglesas a un coste prohibitivo
El tribunal colegiado de la “Court of Appeal”, formado por los “Lord Justices” (jueces) Stephen Martin Males, Andrew John Popplewell, y Stephen Edmund Phillips, no reconoce en esta última sentencia la llamada inmunidad de jurisdicción de España, que impide que otros Estados enjuicien las decisiones tomadas por un estado extranjero.
Precisamente España había solicitado al juez de la “High Court” –la primera instancia en esta causa– elevar esa cuestión prejudicial ante el TJUE para que el tribunal de Luxemburgo aclarara este punto.
Los representantes de nuestro país consideraban que Inglaterra no tenía jurisdicción en este caso y debía aplicar la sentencia del Supremo a este Club.
Un objetivo fallido. Los tres jueces de la “Court of Appeal” se han pronunciado en sentido contrario.
La justicia inglesa “ha comprado” la argumentación del Club de las aseguradores de que este no es un proceso penal sino un proceso arbitral al tratarse de materia civil y contractual.
Así lo decidió una corte arbitral previa a la que España no acudió.
Por ello, en su momento los abogados del Club se fueron a esa “High Court”, con el fin de garantizarse medidas cautelares que impedirían que se ejecutara ninguna sentencia penal en suelo inglés, como la del Supremo español.
El juez de la “High Court” decidió elevar la cuestión prejudicial ante el TJUE –cuando Gran Bretaña todavía era miembro de la Unión Europea–, decisión que ahora ha quedado anulada por la instancia de la apelación.
España está obligada a jugar en suelo inglés con reglas inglesas a un coste prohibitivo. Como subraya Josep Gálvez, “pintan bastos para España”.
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